CSI-F pide el cambio de las condiciones para adjudicar los servicios de seguridad

• Lamenta que se valore más la oferta de menor coste antes que la de mayor calidad

CSI-F reclama la modificación de los pliegos de condiciones que regulan el concurso público que ha convocado la Ciudad Autónoma de los servicios de seguridad privada en dependencias municipales. El sindicato advierte que las actuales condiciones podrían afectar a 150 trabajadores dependientes de este contrato, ya que se prima a las ofertas de presupuestos más bajos y esto va a “repercutir en el personal”. Así lo manifestó ayer a El Faro Jesús Sánchez Cano, responsable territorial del sector de seguridad de CSI-F.

Sánchez asegura que, a diferencia de otros años, en el concurso público actual no se exige que las compañías cuenten con una sede propia en Melilla, cumplan el Convenio Colectivo Estatal que rige el sector y realicen los pagos a la Seguridad Social, así como a Hacienda. Informa que el “único criterio de adjudicación” es el precio

“En esta baremación se abre el abanico a empresas pirata”, manifestó el responsable de CSI-F. Por ello, insiste en que si se prima la oferta más baja en la licitación del contrato, no se garantiza ni la estabilidad en el empleo de los 150 trabajadores, ni la calidad del  propio servicio. “Si tienen preferencia las empresas que ofrecen los presupuestos más bajos, se les está obligando a que abaraten sus costes. Obviamente acabarán reduciendo los sueldos de los trabajadores, incumpliendo el convenio colectivo que rige el sector”, señaló.

Empresas

Sánchez recordó que tanto en la ciudad, como en todo el territorio nacional, se ha tenido una mala experiencia con “compañías pirata” “Esabe, Serramar, Falcón o Seguribérica acabaron marchándose y dejando a los trabajadores sin percibir sus nóminas”, apuntó. Destaca, sin embargo, que empresas como Eulen, Clece y Prosegur sí serían adecuadas para hacerse con este servicio, ya que cumplen, según Sánchez, los requisitos que establece la legislación vigente. De hecho, asegura que en el último concurso público, la empresa adjudicataria fue Eulen.

No obstante, adelanta que no podrán competir con aquellas que presten sus servicios por un presupuesto mucho menor.

Selección

El responsable territorial del sector de seguridad de CSI-F explicó que el reparto de puntos para seleccionar a las empresas es “injusto”. Se valora la calidad técnica (20 puntos), el plan de trabajo (10 puntos), el presupuesto (55 puntos), la bolsa de horas (10 puntos) y el servicio itinerante nocturno (5 puntos). “Aunque una  compañía reúna la máxima puntuación en todos los apartados salvo en el económico, no podrá competir con aquella que presta el servicio público por una cuantía menor. Sólo por presentar un presupuesto bajo recibirá 55 puntos”, dijo.

Escrito

Desde CSI-F presentaron el pasado 5 de enero un escrito en el registro de entrada para que se paralice “de manera inmediata” esta licitación y que se elaboren unos pliegos que “garanticen la seguridad de todos los melillenses”. “Creemos que el presidente de la Ciudad no es consciente de esta situación. Siempre buscará el mayor interés de los ciudadanos. O bien han elaborado el pliego de condiciones a sus espaldas o alguien quiere que beneficiar a una empresa concreta”, argumentó.

Según Sánchez, en los últimos 30 concursos nunca ha primado el factor económico sobre la calidad