El sindicato CSI-F ha advertido de que el nivel de interinidad entre los docentes de la enseñanza pública no universitaria alcanza el 40%, uno de los porcentajes más elevados de toda España y muy alejado de los estándares europeos del 8%.
CSI-F ha pedido un decreto ley que “desbloquee” las oposiciones de empleo público, pues 50.000 vacantes por jubilación de docentes no universitarios quedarían sin cubrir si las autonomías no sacan plazas este año ni se acumulan a la convocatoria de 2018.
La oferta de empleo público de 2017 está ligada a la ley de presupuestos del Estado de este mismo ejercicio, aún no aprobada por las Cortes, según fuentes de Hacienda, pues es donde se fijará la tasa de reposición de bajas por jubilación para todas las administraciones.
En rueda de prensa, el presidente del enseñanza de CSI-F, Mario Gutiérrez, afirmó el viernes que existe un “chantaje” recíproco entre las comunidades y el Gobierno, “tensiones” entre Educación y Hacienda y que todos los partidos tratan de “utilizar” la situación.
Añadió que se está aduciendo “inseguridad jurídica” como “arma política”, y aludió a “discrepancias” entre abogados del Estado sobre los efectos de los presupuestos de 2016, que están prorrogados.
Inestabilidad docente
“Es muy difícil llenarte la boca de pacto de Estado educativo cuando no quieres solucionar el problema de la inestabilidad docente”, comentó.
CSI-F planteará este asunto en la reunión que los sindicatos de representación nacional mantendrán el martes próximo con responsables del Ministerio de Educación, y también lo hará en la mesa general de la función pública, que preside Hacienda.
Además, el presidente nacional de CSI-F, Miguel Borra, también se lo expondrá a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, mañana lunes, según anunció Gutiérrez.
Argumentó que las oposiciones no supondrían un aumento de los gastos de personal, pues los interinos pasan a ser fijos sin más, y ha defendido una “armonización” de las convocatorias en las distintas comunidades.
El responsable sindical alertó también de un aumento “muy significativo” de la inestabilidad laboral y de un daño “muy terrible” si no hay soluciones.
Además, indicó que el 36% de la plantilla supera los 50 años.
El encargado de universidades, Ramón Caballero, también denunció la tasa de temporalidad “extraordinaria” de profesores e investigadores, un 42 %, siendo del 21 % entre el personal de administración y servicios.
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