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CpM denunciará a Imbroda por vulnerar el Reglamento de la Asamblea y derechos fundamentales

La formación acusa al presidente de la Asamblea de recortar turnos de palabra de forma arbitraria y de actuar con abuso de poder durante el pleno del 16 de enero

Coalición por Melilla (CpM) ha anunciado que presentará una denuncia ante el juzgado contencioso-administrativo contra el presidente de la Asamblea, Juan José Imbroda, al que acusan de incurrir en una “reiterada vulneración” del Reglamento de la Cámara y de los derechos fundamentales de los diputados del grupo durante el pleno celebrado el pasado viernes 16 de enero.

En un comunicado oficial, la formación denunció que durante dicha sesión plenaria se produjeron hechos que califican de “especialmente graves” y que, a su juicio, no son casos aislados, sino parte de una “dinámica continuada de abuso de poder”. Entre esos comportamientos, señalan la retirada “arbitraria” del tiempo de intervención a una diputada, sin justificación legal, y basándose en un criterio político, “el hecho de que la intervención no le guste”. Además, afirman que se les negó expresamente el derecho a solicitar la observancia del Reglamento, se permitió la intervención del presidente desde la Mesa sin abandonar su puesto, y se utilizaron expresiones y gestos impropios, incluyendo “mandar a callar de manera desconsiderada” a miembros de la oposición.

CpM argumenta que estas actuaciones vulneran directamente varios artículos del Reglamento de la Asamblea de Melilla, en particular el 55 (uso de la palabra), el 57 (observancia del Reglamento) y el 58 (neutralidad de la Presidencia). Asimismo, sostienen que los hechos también atentan contra derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como el artículo 23, que garantiza el derecho a la participación política y al ejercicio efectivo del cargo representativo, y el artículo 9.3, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos.

Desde la formación apuntan que estas conductas “no se amparan en la potestad de orden del debate”, sino que representan, según indican, “sanciones encubiertas sin cobertura normativa”, una limitación ilegítima del derecho de participación y un uso desviado de la Presidencia “incompatible con el deber de imparcialidad”.

Durante el pleno del miércoles, la portavoz de CpM solicitó que constara en acta una protesta formal por los hechos ocurridos y ha solicitado una certificación íntegra de las intervenciones y decisiones de la Presidencia. La formación anunció que interpondrá un recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales y no descarta acudir, si fuera necesario, al Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo.

CpM concluye su nota asegurando que seguirá defendiendo “el respeto estricto al Reglamento, a la Constitución y a los derechos de la oposición”, insistiendo en que el normal funcionamiento democrático de la Asamblea “no es una cuestión política, sino de legalidad”.

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