Coalición por Melilla (CpM) ha informado de que el Tribunal de Cuentas ha iniciado actuaciones en relación con el contrato de supervisión de servicios e información ambiental dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza. Según ha señalado la formación, esta decisión se produce tras el análisis de la documentación presentada por el propio grupo político, que alertaba de posibles irregularidades en la tramitación del expediente.
La formación localista ha destacado que la apertura de diligencias no es el único paso dado por el órgano fiscalizador. En este sentido, subrayan que el Tribunal de Cuentas ha optado también por remitir el caso a la Fiscalía, lo que, a su juicio, refleja la relevancia de los hechos detectados y la posible existencia de responsabilidades que podrían ir más allá del ámbito administrativo.
Desde CpM sostienen que el contrato presenta deficiencias desde su concepción inicial. En su valoración, el diseño del expediente incluiría elementos que podrían haber limitado la competencia entre empresas, favoreciendo, presuntamente, a un licitador concreto. Esta circunstancia, advierten, podría suponer una vulneración de los principios de igualdad, concurrencia y transparencia que deben regir la contratación pública.
El contrato en cuestión, con un importe que asciende a 5,6 millones de euros, ha sido objeto de especial crítica por parte de la formación, que considera que la estructura del mismo no responde a criterios técnicos justificados. En particular, apuntan a que el objeto contractual presenta una formulación excesivamente amplia y poco definida, lo que dificulta su comprensión y ejecución adecuada.
Además, CpM cuestiona la falta de división del contrato en lotes. Según explican, la normativa vigente en materia de contratación pública establece la obligación de justificar expresamente la no fragmentación de este tipo de contratos. Sin embargo, aseguran que en este caso no se habría ofrecido una explicación suficiente, lo que, en su opinión, refuerza la sospecha de que se trata de un procedimiento diseñado para restringir la participación de otras empresas.
Otro de los aspectos señalados por la formación hace referencia al proceso de adjudicación. De acuerdo con la información que manejan, la empresa propuesta como adjudicataria no habría acreditado su solvencia dentro del plazo establecido, tal y como reflejaría la documentación de la Mesa de Contratación. Pese a ello, el procedimiento habría continuado su curso, condicionando la adjudicación a la emisión de un informe que, siempre según CpM, no consta en el expediente.
Asimismo, denuncian que durante la tramitación se habría producido una delegación de funciones que no se ajusta a la normativa vigente. En concreto, apuntan a que determinadas competencias propias de un órgano colegiado habrían sido asumidas de forma irregular, lo que podría suponer una vulneración tanto de la Ley de Contratos del Sector Público como de la legislación administrativa general.
Para CpM, el conjunto de estas circunstancias no responde a errores puntuales, sino que dibuja un patrón de actuación que, a su juicio, podría haber tenido como objetivo beneficiar a un adjudicatario concreto. Esta situación, advierten, conlleva riesgos importantes, como el encarecimiento del servicio, una posible merma en la calidad de la ejecución y un perjuicio directo para las arcas públicas.
En este contexto, la formación insiste en la necesidad de que los órganos de control actúen con firmeza para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, depurar responsabilidades. CpM asegura que continuará realizando un seguimiento exhaustivo del caso y que utilizará todos los mecanismos a su alcance para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la correcta gestión de los recursos públicos.
Por último, desde el partido subrayan que la transparencia en la contratación pública es un elemento clave para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones, por lo que consideran imprescindible que se investiguen a fondo los hechos y se adopten las medidas oportunas.