Emilio Guerra, diputado local de CpM, ha calificado como "muy grave" el "grado de abandono y desamparo institucional" en el que, en su opinión, se encuentran los empresarios y autónomos melillenses frente a situaciones como las que derivará de la aplicación del nuevo sistema de bonificación a la Seguridad Social en la ciudad. Para Guerra, sería importante que se reactivara la desaparecida Cámara de Comercio o, en su defecto, que la Cámara de España asumiera sus funciones “para dar mayor cobertura y protección a un sector empresarial que, de tanto maltrato, va camino de desaparecer”.
Coalición por Melilla, a través de su diputado en la Asamblea de la ciudad Emilio Guerra, ha vuelto a mostrar su “preocupación” por los efectos que causará la entrada en vigor del RD Ley 1/2023 en lo que se refiere a las bonificaciones del 50% en las cuotas de la Seguridad Social a los empresarios melillenses.
Hay que recordar en ese sentido que CpM trabaja en la elaboración de una moción que se habría de presentar en la Asamblea conjuntamente con el grupo Popular y el Mixto. Un texto pendiente de consensuar y cuyo contenido en líneas generales es pedir al Gobierno Central una mayor moratoria en la aplicación y, en su caso, la modificación del mismo, ya que se considera “muy perjudicial para la economía melillense”.
Guerra, ha manifestado que después de muchas promesas y el tiempo que los empresarios llevan soportando condiciones “realmente adversas” desde diversas perspectivas, “ha llegado el momento de actuar y poner en marcha el mecanismo de la iniciativa legislativa que recoge nuestro Estatuto y regula el Reglamento de la Asamblea en sus artículos 81 y 82.
“No vamos a aceptar otra cosa que no signifique el inicio de los trabajos de esa iniciativa”, subrayó, porque ello supondrá llevarla al Congreso donde los partidos nacionales tendrán que demostrar “qué grado de implicación tienen en algo que afecta al desarrollo económico de la ciudad”. "Desgraciadamente creo que estamos ante el problema de siempre; el problema que ha cortado de raíz muchas cuestiones y proyectos beneficiosos para Melilla; el eterno problema de priorizar lo que no moleste y ordene Madrid, aunque ello vaya en deterioro de aquello que los ciudadanos demandan y necesitan”.
Para Guerra, son muchas las declaraciones de los empresarios afectados en contra de la norma. Y también muchas las razones y argumentos esgrimidos, "aún cuando la Delegación del Gobierno ha intentado explicarles unas “bondades” del nuevo sistema, que no acaban de convencer al sector".
Emilio Guerra, dijo “no entender” cómo una norma de ese tipo no se consensuó antes con empresarios y afectados en general, salvo que estemos “ante actos perfectamente programados, cuyos objetivos deberían explicarnos, porque de inicio despliegan inseguridad jurídica, tendremos menos inversión privada y ello traerá más paro y pobreza”.
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