Las reacciones al último salto a la valla, esta vez de Ceuta, en el que unos 55 migrantes subsaharianos fueron devueltos a Marruecos tras más de siete horas encaramados a la alambrada, siguen acumulándose. Ayer mismo, a través de su cuenta de Twitter, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, insistió en la necesidad de elaborar “un protocolo para la policía fronteriza (Guardia Civil) para gestionar los flujos migratorios en Melilla y Ceuta”.
“Las nuevas expulsiones en Ceuta exponen el fracaso de España al gestionar flujos de migrantes y refugiados de forma que se obedezcan los Derechos Humanos”, escribió en su cuenta oficial de la red social el responsable del Consejo de Europa, organismo que engloba a 47 países del continente y tiene por objetivo velar por el cumplimiento de las garantías internacionales.
“Instrucciones claras”
Asimismo, Muiznieks hizo referencia a la última carta que envió al Ministerio del Interior del Gobierno, dirigido por Jorge Fernández Díaz. En este documento hablaba de elaborar un marco de actuación para los agentes en frontera que ofrezca “instrucciones claras sobre cómo manejar flujos mixtos (compuestos por migrantes y refugiados) en armonía con los Derechos Humanos.
En este sentido, el comisario también muestra su preocupación ante las “devoluciones sumarias” que asegura que se realizan en las vallas de Melilla y Ceuta. En el texto, el responsable del Consejo de Europa hablaba de “expulsiones de personas sin procedimiento de identificación o evaluación de protección” y pedía que aquellos que lo requirieran, pudieran contar con acceso a asistencia letrada, médica e incluso a un intérprete.
Como última respuesta al comisario, Fernández Díaz dijo que en las ciudades autónomas no tienen lugar expulsiones o devoluciones, “porque están prohibidas”, sino que se llevan a cabo “rechazos en frontera” para “custodiar y defender sus lindes que, en el caso que nos ocupa, son también fronteras de la UE”.
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