En pleno siglo XXI, la igualdad entre las mujeres y los hombres es, además de un pilar imprescindible en las sociedades democráticas, un requerimiento inapelable para la consecución de la paz y el logro del desarrollo sostenible.
Al mismo tiempo, los derechos de las mujeres son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos, y su reconocimiento y amplificación ayudan decisivamente a la eliminación de la exclusión de la mujer. Y, en su conjunto, contribuye a la paz mundial.
En esta tesitura, la globalización ha traído aparejado un incremento en las divergencias sociales y económicas que perturban a más no poder y de forma diferencial a las mujeres, fundamentalmente, las que residen en los estados más necesitados.
Por lo tanto, la mujer pretende desentrañar todo un mar de insensateces, emanadas de las barreras estructurales en la perspectiva de género, interaccionando con la clase social para entrever la discriminación real que le aflige. Para ello, se ha consagrado en cuerpo y alma encajando las piezas de un puzle, hasta robustecer sus capacidades, estrategias y protagonismo en el plano individual y colectivo para alcanzar una vida autónoma.
Ya, desde el origen de Naciones Unidas, por sus siglas, ONU, la representación internacional sobre la mujer ha estado encaminada por la conquista de la igualdad. Imponiéndose el anhelo de cimentar un nuevo ideal de sociedad, donde la cultura de la paz y la igualdad de los géneros sean valores esenciales.
De ahí, que veinte años más tarde de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre ‘Mujeres, Paz y Seguridad’, tras una labor incansable de las organizaciones de mujeres garantes de la paz y de la sociedad civil en defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres, ha supuesto un antes y un después en la identificación del encargo que adquieren en la edificación y consolidación de la paz.
Retrocediendo en los trechos, todavía no se ha culminado una causa de décadas precedentes, en el que la sociedad civil por medio de organizaciones de mujeres, desplegó toda una fuerza aglutinante en las Conferencias Mundiales sobre la Mujer, desarrolladas respectivamente en lugares tan emblemáticos como México (1975); Copenhague (1980); Nairobi (1985); Beijing (1995) y Nueva York (2000 y 2005).
Es por ello, que la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas, en adelante, FAS, ha conllevado el matiz de género en la prevención, gestión y solución de los conflictos armados, preservando no ya sólo las directrices de intervenir en los procesos de paz, sino a la par, en la correlación entre una paz racional, operativa y legítima y la aportación activa de las mujeres en su configuración.
Con estos mimbres, el punto de partida de la Resolución pionera 1325 y otras que la han tonificado y más adelante mencionaré, constituye un hito para la acogida del enfoque de género, en los que ineludiblemente continúa el efecto desproporcionado y singular en la disparidad existente entre las mujeres y los hombres, en cuanto a derechos y oportunidades.
Inicialmente, al objeto de implementar una perspectiva de género que presuma las carencias de las mujeres y las niñas en las fases de prevención, conflicto y postconflicto, así como la tolerancia a los derechos frente a la intimidación por razón de género, se ha suscitado un consenso general, como pieza obligatoria para favorecer la paz duradera. Queda claro, que lo que aquí se dirime es una materia de derechos.
“El rol social de la mujer en el campo de batalla se ha vertebrado como la de un sujeto impasible e inactivo, en numerosos casos oculto y constantemente víctima del trance, en comparación al hombre, siempre batallador e impetuoso”
No cabe duda, que a lo largo de los años recorridos, la Resolución 1325 ha originado avances, básicamente, de índole preceptivo, tanto en el seno de la ONU como en los Estados Miembros.
Tómese como ejemplo el año 2018, cuando 79 naciones habían diseñado proyectos para enderezar dicha Resolución. Lo que constituiría una importante evolución, porque a mediados de 2012, eran sólo 37 los países que habían concretado algún plan; si bien, visiblemente incompletos.
Pero, la toma de conciencia cada vez más significativa sobre el alcance de la incursión de la mujer, no ha conseguido en su esencia plasmar esas intenciones, aun siendo indispensables para aparejar los conflictos armados, así como para apuntalar la paz y la seguridad con estrategias transnacionales en materia de igualdad entre varones y mujeres.
Hoy por hoy, en circunstancias en que los fines son más apremiantes y obligados que en ningún otra etapa, con un escenario crecientemente complicado, puede afirmarse, que estamos lejos de las aspiraciones de la Resolución 1325, y desde la que indiscutiblemente se han producido proposiciones plurales que persiguen impulsar su aplicación en el ámbito de Naciones Unidas, así como hacer partícipes y concienciar a los Estados Miembros de su implicación.
Sin ir más lejos, valórense algunos guarismos que esclarecen los minúsculos progresos: de los 585 acuerdos de paz rubricados entre 1990 y 2010, escasamente 92 hacían alguna reseña a las mujeres. En 2017, 3 de los 11 acuerdos de paz que se signaron incluían alguna disposición de género. Y aquí no finalizan las evidencias constatadas, porque en los principales procesos de paz implementados en la horquilla de 1990 a 2017, únicamente el 2% de los mediadores, además del 5% de los testigos y signatarios, más el 8% de los negociadores, recayeron en la figura de la mujer; o lo que es igual, el 19% de la totalidad de las misiones en la ONU.
Ciñéndome en la arquitectura de la Resolución 1325, fue admitida por el Consejo de Seguridad de la ONU, en su sesión 4213ª celebrada el 31/X/2000, erigiéndose en el primer instrumento en preconizar la repercusión de los conflictos armados en el segmento femenino de la población local; adaptando el criterio de género en situaciones excepcionales y en atención al personal desplegado, militar o civil. Consecutivamente, otras nueve resoluciones se han ilustrado y en el tiempo 88 estados han prodigado sus métodos para traducirla en iniciativas.
Ni que decir tiene, que esta Resolución es el punto de partida y principio informador, para los actores involucrados o afectados en los diversos teatros operacionales; así como en lo que concierne a la visión ejecutante y de eficacia, emplazando a los Estados Miembros a integrar el aspecto de género en las operaciones de mantenimiento de la paz; incrementar la colaboración de las mujeres en los márgenes decisivos de la defensa; amparar a las mujeres y niñas de la violencia en contextos blindados; y asentar los conceptos de paz en las esferas locales.
Sin embargo, a lo largo de los siglos y la tendencia de las distintas sociedades, el carácter con el que invariablemente se ha contemplado a la mujer con relación a las guerras, ha sido similar. Su rol social en el campo de batalla se ha vertebrado como la de un sujeto impasible e inactivo, en numerosos casos oculto y constantemente víctima del trance, en comparación al hombre, siempre batallador e impetuoso.
Más bien, en muchas de estas pugnas, el proceder de la mujer se ha orientado a la moderación de la paz, tratando de reducir la hostilidad. Y, lógicamente, en ellas se ha recrudecido el cargo del sostenimiento de los niños y enfermos derivados de la conflagración. Y, en otras encrucijadas, entre las consternaciones soportadas, han contraído la hoja de ruta adjudicada al hombre: viéndose forzadas a virar en redondo al rol acostumbrado, posiblemente, porque estos colectivos no han estado capacitados para comprometerse con el reto que suponen los planteamientos de género.
La realidad es que tanto hombres como mujeres o mujeres como hombres, sienten, reparan y se percatan de los conflictos como verdaderas desdichas de la raza humana. Y los hombres y mujeres, valga la redundancia, sondean el menester imperioso de la paz, anhelando una aldea global sin violencias.
Con todo, el estremecimiento y desgarro emocional enraizado por las guerras, se perpetúa en las mentes y corazones, así como las propias acciones, estrecheces e intereses en el restablecimiento de la paz, si acaso, imperfecta. En lo que es en este momento, son incalculables las mujeres que coadyuvan de una u otra manera los estragos de las incursiones belicistas, pero los hombres siguen estando en la primera línea de combate.
No obstante, los antagonismos armados no incurren con el mismo calado en los hombres y mujeres, porque éstas los resisten de modo particular y asimétricamente. No debiéndose dar de lado a las mujeres en la reconstrucción de la paz. Sino que, por el contrario, al no adentrarlas en esta tarea, no existirá la paz justa.
Con lo cual, la Resolución 1325, toma en peso que la incidencia de las guerras, lamentablemente quebrantan, transgreden e incumplen los derechos de las mujeres y niñas, con hechos reiterados como violaciones masivas y torturas sexuales. Conjuntamente, no es creíble recomponer la paz desde otros prismas, si los flagelos, aflicciones y tormentos no se fusionan a este elemento imperativo.
En este sentido, el texto salvaguarda la protección con una posición de género en las materias que tienen consonancia con la repatriación y el reasentamiento; la rehabilitación y la reconstrucción; hasta dar luz verde y reconocer la tesis que las mujeres son auténticas “agentes de cambio”.
Unánimemente con estas pesquisas, la Resolución se incrusta en dos metas elementales. Primero, potenciar la intervención e influencia de las mujeres en la prevención, gestión y solución de conflictos.
Y, segundo, avalar la tutela y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Específicamente, frente al incumplimiento y otras praxis de explotaciones sexuales en ambientes con discrepancias enfrentadas que convergen en guerra.
Como resalta la ONU: “La 1325, representa un vaivén significativo en la manera en que la comunidad internacional enfoca la prevención y la resolución de los conflictos, y conviene la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en una preocupación internacional de paz y seguridad”.
Posteriormente, en 2008, la ONU mediante la Resolución 1820, vigoriza la precursora, introduciendo la violencia sexual y, por vez primera, la encasilla como ‘crimen de guerra’ o de ‘lesa humanidad’, o en algunos episodios, como ‘genocidio’.
Indudablemente, para llevar a término la admisión de la misma, tuvieron mucho que ver las mujeres abrumadas y hastiadas por las violaciones perpetradas en la exacerbación nacionalista, o de crisis políticas, sociales y de seguridad que, por doquier, se prolongaron en las postrimerías de la Guerra Fría (1947-1991), más el consiguiente derrumbe del comunismo en la antigua Yugoslavia, que condujo a la Guerra de Bosnia (6-IV-1992/14-XII-1995).
En tanto, que las Resoluciones subsiguientes, llámense la 1820, 2242, 2467 y 2493, la perfeccionaron, pero muy especialmente, la 1888, 1889, 1960, 2106 y 2122, acentuaron el nivel de protección a las mujeres y niñas.
Desde que la Resolución 1325 se reconoció, múltiples investigaciones han justificado que la entrada de las mujeres a los procesos de paz, es primordial para la ganancia y el afianzamiento de los mismos. Y aún más, con más resquicios de acabar siendo exitosos, si las mujeres ponen su granito de arena en el desarrollo de la negociación. Amén, que las intransigencias y severidades en su acomodación, percuten insistentemente, porque no es lo mismo su postulado con palabras grandilocuentes, que reproducido en vivo y en directo con su práctica.
Las mujeres con la impronta de líderes en redes y organizaciones, permanecen encabezando la resolución de conflictos y trenzando con orden circunspecto la paz en el horizonte regional, nacional y comunitario; así como trabajando afanosamente a nivel político para conseguir un aporte íntegro.
Ello, a pesar que a primera vista, las mujeres persisten figurando preferentemente rezagadas en los procesos oficiales de paz; incluyéndose en coyunturas en las que han enarbolado con su firma innumerables acuerdos de paz, como en la República Centroafricana y Sudán del Sur.
Los discursos para que estas omisiones sean tan apabullantes son complejos, como sucede con las ‘brechas de género’ o ‘gender gap’, estando interrelacionada con la ausencia de carisma político y la toma de decisiones.
“Es evidente que estamos en un intervalo crucial: o se dilapidan los adelantos concernientes a los derechos de las mujeres y la paz obtenidos con tantísimo celo; o reaparecemos en una sociedad más igualitaria, resiliente y presta a encontrar una paz imperecedera e inclusiva”
Actualmente, cuantiosos son los territorios del planeta en los que un conflicto armado hace inalcanzable cualquier mejora, por muy intrascendente que esta sea en las políticas de desarrollo. Por lo tanto, concebida en su sentido más amplio, cada vez más se entroncan en el pulso de erigir la paz.
En nuestros días, las mujeres están en la vanguardia ante el SARS-CoV-2, dando lo mejor de sí, para atemperar las enormes dificultades políticas coligadas a una crisis epidemiológica de esta envergadura.
Pero, asimismo, han pasado a convertirse en un componente inherente para la ejecución en las prescripciones de las misiones, siguiendo las restricciones presentes y asumiendo las medidas de precaución. Simultáneamente, la epidemia ha puesto en jaque los últimos logros conquistados, digámosle, en lo que atañe a la participación de las mujeres en las alternativas políticas y de paz. Sin inmiscuirse, mayores probabilidades de padecer pobreza extrema, y como no, los repuntes constatados de violencia de género y sexual.
Es evidente que estamos en un intervalo crucial: o se dilapidan los adelantos concernientes a los derechos de las mujeres y la paz obtenidos con tantísimo celo; o reaparecemos en una sociedad más igualitaria, resiliente y presta a encontrar una paz imperecedera e inclusiva.
Hoy, asegurar la cooperación proporcionada y representativa de las mujeres en cada uno de los espacios de la paz y la seguridad, con una serie de mandatos políticos, de prevención y amortiguamiento, es perentorio para responder a un enemigo invisible y mortífero como el COVID-19.
Desde el año 2005 y en el contorno de la Defensa, con la instauración del ‘Observatorio Militar de Igualdad’, en aquel tiempo denominado ‘Observatorio de la Mujer en las FAS’, el Ministerio de Defensa ha persistido con sus políticas dinámicas y constructivas en el trazado de la igualdad. El propósito es clarividente: intensificar la imagen de las mujeres en los Ejércitos, así como alcanzar la igualdad de oportunidades en el desenvolvimiento de la carrera militar.
No soslayándose de este entorno, la concurrencia solícita de las mujeres en foros internacionales sobre igualdad de género, principalmente, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte o Alianza Atlántica, por su acrónimo, OTAN, y la Unión Europea; así como el apoyo con el ‘Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades’.
Por ende, dado que tras un conflicto armado y consumado el período de asistencia humanitaria con todo lo que ello comporta, el impulso de los recursos humanos es la chispa detonante de la recuperación, así como la herramienta de prevención de los conflictos; el cierre de la primera parte de este pasaje deja a expensas del lector, la calma necesaria para promover una reflexión serena y ponderada, que por instantes, tienden a distanciarse de las acciones de desarrollo y de aquellas otras focalizadas por entero en la paz y la seguridad, con la magnificencia irrefutable de la mujer.
Es innegable que las guerras hacen tambalear cualquier sustrato poblacional; pero, para la mujeres que ocasionalmente portan armas, las consecuencias son más devastadoras. Con el devenir del conflicto, las desigualdades de género se recrudecen, alterando los pequeños síntomas de alivio en los derechos de las mujeres.
En consecuencia, el empoderamiento de la mujer se obtendrá reformando los patrones sociales que sostienen la estructura patriarcal. Sin lugar a dudas, este es un itinerario inacabable que demanda un compromiso persistente: las etapas de violencia no pueden enmascararse con evasivas y alegatos para anticipar las intervenciones humanitarias cortoplacistas, en menoscabo de eventos que vivifiquen la igualdad de género.
En aras de un cambio de paradigma y haciendo un reconocimiento explícito, la justicia de género no es únicamente una cuestión de derechos humanos, es el antecedente para conquistar sociedades más democráticas y pacíficas.
El envite de las Administraciones Públicas por hacer del feminismo su seña de identidad, debe traspasar los límites fronterizos. Y es que, aun quedando mucho por materializar, el momento es ahora: millones de mujeres penden del talante político de estados como España, para que su participación eficaz y sostenible sea plena, igualitaria y significativa, hasta convertirlas en agentes clave de la paz.
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