Conesa justifica que el Gobierno local busca regular las deudas acumuladas

Defiende la decisión de publicar en el BOME el nombre de 17.000 personas con deudas pendientes y asegura que no se tomó por falta de dinero en las arcas públicas.

El portavoz del Ejecutivo local, Daniel Conesa, justificó en la jornada de ayer la decisión de publicar en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) el nombre de 17.000 ciudadanos con obligaciones tributarias pendientes con la Ciudad Autónoma. “Quiero pedir disculpas por anticipado a los afectados por las molestias que les pueda causar, pero en ocasiones este tipo de medidas son inevitables”, señaló. “Lo peor de este asunto es que algunos quieren elevar a categoría de escándalo un procedimiento administrativo habitual y que viene recogido en la ley”, apuntilló en referencia a las críticas vertidas por los partidos de la oposición.
Conesa señaló que este tipo de anuncios suelen realizarse de manera periódica, no sólo en caso de deudas, sino para otros asuntos. Asimismo, señaló que la publicación en el BOME se llevó a cabo por diversos motivos: Pérdidas de avisos vía Correos, errores de la administración o sencillamente porque el afectado decidió ignorar la citación. Además, siempre con el objeto de regular las deudas pendientes.
En lo referente a posibles requerimientos erróneos, el portavoz subrayó que puede haberlos. “Tras dos intentos de aviso fallidos se puede publicar en el BOME. No se trata de querer o no querer tomar esta decisión. La ley obliga a utilizar todos los medios disponibles para intentar cobrar a los ciudadanos sus deudas pendientes”, aseguró. “No podemos dejar de actuar en este terreno o la propia Ciudad incurriría en una irregularidad. Desgraciadamente hay muchos ciudadanos que ignoran los periodos de pago voluntarios porque aseguran que no han recibido notificación. No es excusa para no atender dicha obligación”, justificó.
Conesa recordó que en la lista del BOME sólo se publica el nombre de los afectados, no su DNI, al considerarse un dato muy personal. “Si algún ciudadano tiene dudas sobre si el que aparece en la lista es él, sólo tiene que ponerse en contacto con la administración local”, afirmó. En este aspecto, resaltó que ni siquiera los miembros del Gobierno local se han librado de las posibles confusiones, ya que en el listado aparece el nombre de Simi Chocrón Chocrón, que coincide con el de la consejera de Cultura, pero que corresponde a otra persona. “El día que salió la publicación la pusieron a caer de un burro en las redes sociales. En Melilla hay tres personas que tienen el mismo nombre. Antes de manipular hay que informarse”, manifestó.
“Renuncio a hacer cualquier tipo de justificación más. Es totalmente falso que hayamos tomado esta decisión por falta de liquidez, la intención es regularizar la situación en la que es encuentran muchas personas. Se ha producido una acumulación de obligaciones y hay que resolverla”, justificó.
Por último, señaló que no se ha producido ninguna “avalancha” de afectados en la Consejería de Economía. “En principio se han dado quince días naturales, pero si tenemos que conceder más tiempo lo haremos. No vamos a ir con una guadaña detrás de los ciudadanos. Además, en aras de mejorar la eficacia de la administración, en breve se llevarán a cabo modificaciones en el sistema de gestión tributaria para facilitar el pago de obligaciones”, concluyó el portavoz.

Al hilo de su intervención, Conesa salió al paso de las críticas vertidas por la oposición en este terreno. “No estamos embargando nada, tal y como se ha dicho por ahí de manera maliciosa”, afirmó. “Desconocemos los bienes que tienen los afectados. Lo que estamos haciendo es un requerimiento para que los ciudadanos salden la deuda de manera voluntaria. En caso de que no lo acepten habrá que recurrir a otra vía”, añadió.
“Ni se está coaccionando ni amenazando a nadie. ¿Cómo se puede decir algo así?”, apuntilló en referencia a las críticas de PPL. “Son las burradas a las que nos tienen acostumbrados. ¿Acaso debíamos dejar que esas obligaciones quedaran sin resolver”, apuntó el portavoz del Gobierno.
Además, señaló que, de no actuar, se crearía un agravio comparativo con aquellos melillenses que sí tienen al día sus cuentas con la administración pública.
En lo referente a que aparezcan en la lista fallecidos o personas no residentes en Melilla, otro aspecto muy criticado por la oposición, subrayó que en algunos casos no se comunicó esta información a la Ciudad, por lo que la obligación tributaria se mantuvo. “Se están diciendo muchos disparates. Hablan de decenas de fallecidos. Respecto al total de los que aparecen en la lista no supondrían ni un 1%”, aseveró.
En el caso específico de las personas que no viven en Melilla, señaló que será indispensable su traslado a la ciudad autónoma para sufragar su deuda con la administración pública. “Se trata de un trámite personal. Con esta medida vamos a solucionar el máximo de situaciones posibles. Una vez eliminado el grueso, recurriremos a otras iniciativas. Incluso hay deudas que seguramente serán incobrables”, concluyó.