La formación solicita “otro método” distinto al sistema SARA para aplicar rebajas en los viajes a la península.
La diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, Ana María Oramas González-Moro, ha presentado en el Congreso una Proposición no de Ley sobre el certificado de residencia, que afecta “a más de tres millones” de personas que viven en Canarias, Melilla, Ceuta y Baleares” y que se benefician anualmente de las subvenciones a la hora de viajar a la península.
El documento, presentado en la Comisión de Fomento el pasado 27 de septiembre a través del Grupo Mixto, insta al Gobierno central a “eliminar la necesidad de acreditar la residencia mediante el certificado” a los habitantes de los territorios españoles extrapeninsulares. También solicita que, “tras un año de aplicación, utilice otros métodos menos molestos para los residentes” para seguir luchando contra el fraude en las subvenciones de viajes a la península.
Hay que recordar que Fomento exige la presentación del certificado de residencia a los residentes en Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares desde el 1 de septiembre del año pasado.
En este tiempo, el Ministerio ha habilitado un sistema de acreditación automática que facilita la identificación de los residentes en los territorios extrapeninsulares y que vale para aplicar descuentos del 50% al precio del billete que compran, pero que no exime de llevar encima el certificado.
La ministra Ana Pastor dijo en noviembre de 2012 que la medida se tomaba para evitar fraudes como los desvelados poco después de que se empezara a exigir el certificado de residencia, cuando se detectó que el 6% de los viajeros que querían acogerse a las bonificaciones al transporte no tenía derecho a ellas.
Sin datos de fraude
Coalición Canaria no ve ahora tan claro que esos fraudes se sigan produciendo o, como mínimo, controlando. En el texto de la Proposición no de Ley afirma que en ninguna de las tres reuniones (dos de ellas bilaterales) que mantuvieron el año pasado las autoridades locales con el Ministerio (en abril y en junio y julio de 2012) Fomento ha podido aportar datos sobre la utilización fraudulenta de las bonificaciones al transporte.
Y eso, añade la formación, a pesar de que las autoridades canarias pidieron en su momento al departamento de Pastor que la lucha contra el presunto fraude se llevara a cabo cuando estuviera disponible una aplicación telemática que no supusiera graves inconvenientes para los residentes en las islas y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.
Coalición Canarias obvia los datos hechos públicos por Fomento en noviembre de 2012, cuando la ministra, al comparecer en el Congreso, dijo que en el presupuesto que el Ministerio destinó en 2011 a las bonificaciones al transporte de los residentes en Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares, casi un millón de euros fue a parar a 231 pasajeros que realizaron más de 60 trayectos (30 viajes de ida y vuelta).
También dijo Pastor que otros 5 millones se destinaron en 2011 a financiar los viajes de 1.809 pasajeros que realizaron más de 30 viajes de ida y vuelta durante ese año.
Además, otros 33 pasajeros realizaron más de 200 trayectos (más de 100 viajes de ida y vuelta) a lo largo de 2011, consumiendo más de 333.000 euros de subvención. En conclusión, el Estado subvencionó viajes a cada uno de estos pasajeros, de media, con unos 10.000 euros.
En aquel momento, El Faro se puso en contacto con el Ministerio para saber si había algún melillense en la lista de supuestos defraudadores y desde Fomento aseguraron que ese dato no lo tenían disponible.
Para Coalición Canarias, el hecho de que Fomento no sea capaz de desglosar por territorios el supuesto fraude que se registra en las bonificaciones al transporte “no justifica” la medida de seguir exigiendo el certificado de residencia. Además recuerda que la obligación de presentar ese documento en papel “genera incomodidades y en más de una ocasión ha impedido a los canarios viajar por haber olvidado o tener caducado el certificado por sólo un día”, asegura.
Es por esto que Coalición Canarias solicita al Ministerio de Fomento que utilice “métodos menos molestos” para seguir luchando contra el fraude” en las bonificaciones al transporte de los territorios extrapeninsulares.
El DNI electrónico, descartado
El Gobierno central no tiene previsto el uso del DNI electrónico para acreditar la condición de residente en Melilla, Ceuta, Canarias o Baleares a la hora de beneficiarse de los descuentos contemplados para viajar a la península. Así lo recoge una respuesta parlamentaria al diputado del Partido Popular Antonio Gutiérrez que en junio pasado se interesó por este tema.
Gutiérrez preguntó al Gobierno si existían previsiones sobre la posibilidad de usar el DNI electrónico para que melillenses, ceutíes, canarios y residentes en Baleares no tuvieran que seguir cargando con el certificado de residencia en papel para beneficiarse de las bonificaciones al transporte.
En la respuesta que publicó el pasado día 25 de septiembre el Boletín Oficial de las Cortes, el Gobierno recordó al diputado popular que “en la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2012 se estableció que a partir del 1 de septiembre de ese mismo año, la acreditación de beneficiarios del sistema de subvenciones al transporte de residentes en las regiones no peninsulares se realizara presentando el certificado de residencia, emitido por el Ayuntamiento correspondiente, dado que el DNI acredita su identidad, pero no su residencia”.
Ésta es la segunda pregunta parlamentaria que ha hecho Gutiérrez sobre el certificado de residencia. En la anterior, como publicó El Faro, el diputado se interesaba por el desarrollo del sistema de acreditación automática (SARA). Desde el Congreso el Gobierno le aseguraron a través de una respuesta parlamentaria que funciona con “efectividad” y que depende de las compañías aéreas y navieras su implantación y puesta en marcha.
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