En los juzgados de la ciudad había un caso abierto por la supuesta compra de votos por correo a cambio de vales de comida, que presuntamente tuvo lugar durante las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007. Se acusa de un delito electoral continuado a dos personas.
Hay dos acusados: el ex viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno del Partido Popular de Melilla, Hassan Dris y presidente de la Asociación Cultural Numidia, Mimun Mohamed Hamed, alias El Ruso.
En 2007 esa asociación gestionaba un curso de tamazigh impartido en un local de la calle Millán Astray, de Melilla, donde presuntamente captaba a los votantes que accedieron a vender su voto en esas elecciones, a cambio de vales de comida de 60 euros, con cargo a la Consejería de Bienestar Social, según constaba en el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Faro.
En este sentido, la Fiscalía consideraba tanto a Dris como a Mohamed autores de un delito electoral continuado.
Ese escrito recoge, además, que Mohamed Hamed supuestamente se valió de “la situación de necesidad económica de las personas” que acudían al local de la calle Millán Astray para comprarles el voto. Se trataba, sobre todo, de ciudadanos de origen bereber, dependientes de subvenciones o ayudas públicas.
Siempre según la Fiscalía, era el propio Mimun Mohamed quien rellenaba esas solicitudes y las devolvía a las personas con las que había llegado a un acuerdo para que las depositasen en Correos. Luego, cuando desde Correos les enviaban la documentación, tenían que entregar el resguardo del certificado de Correos a Mimun Mohamed junto con el ejemplar para el solicitante y el sobre con las papeletas que les había enviado la Junta Electoral, momento en que los votantes recibían el vale de alimentos por valor de 60 euros. Como resultado, los vales de alimentos no siguieron los trámites administrativos previstos legalmente, añadía la Fiscalía, ya que tenían el beneplácito de quien los expedía: el viceconsejero Hassan Dris.
Tanto PSOE como CpM se presentaron como acusación particular en este caso. No solo solicitaban la condena por delito electoral continuado, sino también por malversación.
El juicio comenzó el 26 de octubre, pero faltaron algunos testigos, como el presidente CpM, Mustafa Aberchán, que tuvo que estar en una intervención de urgencia y no pudo acudir a su cita con el juzgado.
De forma que el juez determinó que fuera ayer lunes 22 de noviembre cuando continuara el juicio con una segunda sesión. Y aunque faltaba un testigo, que la Fiscalía y la acusación particular entendían que era importante, como es el caso del guardia civil que llevó la instrucción, el juez decidió que tenía suficiente con los testimonios y que iba a continuar con el proceso. Por lo tanto, aunque se demandó la suspensión por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, no se adoptó esta decisión por el juez. Las defensas de los acusados indicaron la juez que ya se había demorado lo suficiente este proceso. El juez determinó que no era necesaria la intervención de este otro guardia civil y, como se ha dicho antes, instó a continuar con el juicio.
El presidente de Coalición por Melilla (CpM) acudía a los juzgados como testigo de la acusación particular en este caso. Y es más, es que fue el que denunció esta situación. De hecho, en su declaración comentó que nada más conocer que se estarían comprando votos por vales de comida, se pidió al jefe de la Fiscalía una reunión de forma discreta para comentarle el tema. Le solicitó en esta entrevista que se investigara este asunto y que se hiciera con discreción para evitar, según comentó, que como en otros casos que se habían denunciado, no llegara a nada.
En la sesión de este lunes del juicio se esperaba contar con la declaración de un testigo que consideraban importante por parte de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, que ayer se centró en un solo letrado. Se trataba del guardia civil que fue instructor del caso. No se encontraba fuera de la sala ni en la zona de espera habilitada entre las dos torres para personas que acuden al juzgado. Mientras que se le buscaba, pasó a declarar Mustafa Aberchán. Pero cuando también la defensa terminó con sus testigos, que de todos los previstos solo pidió a uno que declarara, el juez no tuvo más remedio que abordar este asunto. Indicó que no se había podido localizar al guardia civil. La Fiscalía y la acusación particular pidieron que se suspendiera el juicio para poder contar con esta declaración que resaltaron que era importante. Sin embargo, las dos defensas indicaron que sería “una dilación innecesaria” cuando el proceso ya llevaba 14 años de espera. El juez determinó, tras escucharles a todos, que no daba lugar a suspender el juicio y que con la declaración del guardia civil que intervino en el registro de la asociación tenía suficiente, por lo que estimó que no era necesaria la declaración del instructor del caso.
La defensa de los dos acusados lamentaba que se hubiera dilatado en el tiempo este proceso hasta pasar 14 años.
El 27 de octubre fue la primera sesión del juicio. Mimun Mohamed Hamed fue el primero en testificar ante el juez. Él respondió a las preguntas del Ministerio Fiscal y de los abogados de la defensa, pues tanto él como Hassan Dris, el otro acusado se negaron a contestar las preguntas de los letrados de la acusación.
En su declaración Mimun Mohamed negó que se usaran las instalaciones de la asociación Numidia para la presunta compra de votos por correo a cambio de vales de alimentación. Respondiendo al Ministerio Fiscal dijo que en la asociación hacían cursos de tamazigh y, en este, tenían entre 20 y 25 usuarios.
Además, explicó que desde la asociación se dedicaban a ayudar a las personas con necesidades, ayudándoles a tramitar las subvenciones. “La gente venía a buscar ayuda”, dijo y señaló que no solo las remitían a la Consejería de Bienestar Social, sino a todas. Señaló que en la asociación ayudaban a rellenar el resguardo impreso de las personas que no sabían escribir o leer, pero aclaró, que esos resguardos de la solicitud se los llevaban sus propietarios. Mohamed Hamed explicó que los vales de alimentación encontrados eran realmente fotocopias
El ex viceconsejero de Asuntos Sociales de la Ciudad en el 2007 recordó que desde la consejería se hicieron 158 vales de alimentación que, entre todos, equivalen a un importe de 1.020 euros.
Sobre el proceso para los vales de alimentación dijo que cuando llegaba el usuario con necesidad urgente se hacía una entrevista, se le solicitaba documentación como el DNI y datos de empadronamiento para corroborar la situación y se derivaba a los técnicos. Dris desconocía cómo los vales de alimentación llegaron a la asociación.
Una vez que todas las partes realizaron sus alegatos particulares. El juez dio la oportunidad de hablar a los dos acusados. Solo uno ellos, Hassan Dris, quiso intervenir en el turno de últimas palabras. Tras su intervención el juez dictó visto para sentencia.
Hassan Dris fue el único de los dos acusados en el juicio que decidió aprovechar su derecho a decir unas últimas palabras. Afirmó en esas declaraciones que todas las ayudas que se facilitaban desde la Consejería de Bienestar Social seguían un protocolo que se establecía en el reglamento de ayudas de la consejería y que todas las prestaciones que se daban a los ciudadanos estaban en
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