La Ciudad se reunirá con jueces y fiscales para erradicar almacenamientos ilegales

El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, asevera que llevan meses realizando controles y clausuras de establecimientos como el que ardió el pasado lunes en el edificio 31 de la calle Mar Chica del barrio del Real. Explica que el martes tuvieron una reunión “importante” para “endurecer” en lo posible los informes que se hacen sobre estas instalaciones. Además, resalta que la semana que viene la Administración local se reunirá con miembros de la judicatura y la Fiscalía de la ciudad para “ser lo más eficaces posible en erradicar este tipo de almacenamientos ilegales, que como se ha demostrado ponen en peligro las vidas y los bienes”.

Destaca que las clausuras las efectúa la Policía Local, pero no son atendidas por los propietarios. De hecho, indica que hay ocasiones en las que los agentes vuelven en una segunda ocasión para cerrar dichos negocios y si no les hacen caso, se envían dichos expedientes a la Fiscalía para que determine si hay “un delito de desobediencia” o de otro tipo.

De hecho, la reunión con la Fiscalía y los jueces es ver qué forma de actuar o que palabras deben poner en los informes para que se sea más eficaz en este tema.

El consejero de Medio Ambiente asevera que son “bastantes” los almacenes que se están revisando y que también se avisa a la Inspección de Trabajo porque la Administración entiende que puede haber peligro para los trabajadores. De hecho, esta institución ya ha cerrado cuatro locales.

Demoliciones

Asimismo, se está dando parte a la Consejería de Fomento, sobre todo, en el caso de almacenes en el extrarradio porque se trata de zonas no urbanizables y hay unas estructuras construidas. Por ello, se pide la demolición de esas instalaciones ilegales, que en Ceuta se llaman “consignas”.

Pero Quevedo argumenta que todos estos trámites son complejos porque las leyes actuales son “muy garantistas” y da muchas opciones de recurso.

Competencia desleal

El consejero de Medio Ambiente afirma que están atacando por varios frentes para “meter en ley” a muchos negocios. Indica que además es positivo porque hay comerciantes y empresarios de la ciudad que tienen toda la actividad en regla y esos otros negocios les están haciendo una competencia “desleal tremenda”.

De hecho, apunta que el tema de los almacenes ilegales ha surgido en el último año porque se está obteniendo mucho dinero con el porteo de mercancía por la frontera y las sanciones administrativas son, como mucho, de 3.000 euros y además, no se pueden poner dos sobre el mismo hecho. De ahí que la Ciudad quiera reunirse con la Fiscalía para ver si alguna responsabilidad penal.

Furgonetas

Uno de los temas que está permitiendo localizar los almacenes ilegales es el proceso para legalizar las furgonetas que descargan mercancía en Barrio Chino.

Quevedo explica que en un principio la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) pidió que para obtener ese permiso se exigiera sólo la petición de licencia de apertura del negocio donde está la mercancía, porque tiene un trámite para su aprobación.

Pero señala que se han encontrado casos como el del almacén que salió ardiendo el lunes en el que el propietario de los productos sólo presentó un folio de solicitud de licencia de apertura de su negocio sin aportar ningún proyecto.

Por ello, asevera que a partir de ahora no va a valer solo la solicitud de licencia de apertura, sino que va a exigir el permiso.

Además, Quevedo resalta que están revisando todas las peticiones de empresarios que demandaron permisos para tener una furgoneta descargando mercancía en Barrio Chino.

“Es curioso que después del incendio, me llegaran el martes tres solicitudes de apertura de almacenes textiles”, informa el consejero, que añadió que la Policía Local ya tienen orden para revisar esos espacios y clausurarlos.

Medida impopular

Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente hizo hincapié en que clausurar un establecimiento es un “una medida impopular” que la gente no entiende. Aunque resaltó que se está protegiendo con esta decisión a los trabajadores y también a los clientes o los ciudadanos que viven cerca.

Resaltó que hay un negocio de hostelería en Donantes de Sangre que debería estar clausurado y, en cambio, está abierto. Por ello, han llevado este caso a la Fiscalía. El consejero señala que no tiene más herramientas para actuar ante este tipo de situaciones.

Quevedo insiste en que si alguien no cuenta con la licencia de apertura es porque le falta algo que mejorar. Apuntó que su consejería tarda un mes más o menos, si la documentación está bien, en dar la licencia de apertura. Añadió que los problemas se dan en los permisos de obras.