El diario El País informó ayer de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la reclamación de indemnización por parte de Ali Aarras, melillense con pasaporte marroquí y belga, que fue extraditado por la Justicia española a Marruecos en 2010. En una cárcel del país vecino, Aarras fue víctima de torturas.
El citado medio subraya que esta persona, acusada de yihadismo, sufrió “simulaciones de fusilamientos, ruleta rusa, descargas eléctricas en los testículos” y “quemaduras con cigarrillos”, entre otros maltratos y vejaciones, y que estos hechos fueron acreditados “por médicos forenses”.
Aarras reclamaba al Estado español una indemnización de tres millones de euros basándose en un informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este documento señalaba que la extradición de Aarras “violó el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, subraya El País.
El informe
El informe del citado comité describía “con detalle las torturas que sufrió el detenido en la cárcel de Temara (Marruecos) y concluyó que el Estado debe proporcionarle una compensación adecuada por la violación sufrida”, destaca El País.
Sin embargo, según el CGPJ, no se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia, puesto que, de acuerdo con lo que publica el citado medio, la jurisdicción nacional es “una función exclusiva y excluyente de los tribunales de justicia”, por lo que “el Consejo General del Poder Judicial carece de atribuciones para someter a control cómo han ejercido los jueces su función constitucional”. Así, rechaza la reclamación de Aarras.
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