Ceuta y Melilla, entre las rutas más usadas por los migrantes irregulares

El Gobierno central aprobará en los próximos días un decreto que establecerá el mecanismo concreto para repartir a los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La medida llega en un momento de alta presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, dos de los principales puntos de entrada de personas migrantes a España, según ha informado Antena 3 Noticias.

De hecho, la presión sobre la ciudad ceutí no para de incrementarse en las últimas semanas. Sin ir más lejos, en la madrugada del pasado domingo, doscientos migrantes trataron de entrar a nado mientras eran interceptados por la marina marroquí. "Desde el espigón del Tarajal se apreciaban las descargas de personas que habían sido interceptadas en el mar y que quedaban en los arenales del vecino país. Después eran conducidas hacia las garitas cercanas para su identificación", comenta el Faro de Ceuta.

La saturación de los sistemas de acogida en ambas ciudades autónomas ha obligado al Ejecutivo a buscar soluciones para descongestionar sus centros, especialmente en lo que respecta a los menores extranjeros no acompañados (MENA), que representan uno de los mayores retos en materia de gestión migratoria.

La iniciativa contempla una distribución más equilibrada de estos menores por el territorio nacional, con el objetivo de garantizar su atención adecuada, respetando sus derechos y favoreciendo su integración social. El Ministerio de Juventud e Infancia será el encargado de coordinar esta acción, en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Divisiones políticas

El plan no está exento de controversia. La aprobación del decreto se produce en un contexto de desacuerdo político, ya que varias comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, han expresado su rechazo a un reparto obligatorio sin consenso previo. Estas regiones consideran que se trata de una competencia que debe estar acompañada de recursos adecuados, y exigen que cualquier decisión de este tipo se tome de forma pactada y no impuesta desde el Ejecutivo central.

Según se ha conocido a nivel nacional, esta semana comenzará el traslado de menores desde los centros de Ceuta y Melilla hacia otras regiones. El Gobierno ha asegurado que se trata de una medida temporal y de urgencia ante la situación crítica que atraviesan ambas ciudades, cuya capacidad de acogida se ha visto desbordada por el aumento del flujo migratorio en los últimos meses.

Comunidades como Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana han manifestado su voluntad de colaborar, mientras que otras como Madrid, Castilla y León o Andalucía han mostrado reservas y condicionado su participación a garantías económicas y legales. El reparto no será uniforme: se espera que se tenga en cuenta tanto la capacidad de acogida como la experiencia previa en atención a menores.

Puntos críticos de entrada

La ubicación estratégica de Ceuta y Melilla en el norte de África, frontera terrestre con Marruecos, las convierte en puntos recurrentes para el intento de entrada de personas migrantes, muchas de ellas menores de edad que viajan sin compañía. Esta circunstancia ha provocado que los centros de acogida de ambas ciudades superen sus capacidades, generando preocupación por el bienestar de los menores y la calidad de los servicios que se les pueden ofrecer.

De acuerdo con los datos recogidos en medios nacionales, el perfil de estos menores varía, pero una gran parte procede de países del África subsahariana y del Magreb. Llegan a territorio español tras trayectos largos y, en muchos casos, peligrosos, lo que acentúa su vulnerabilidad y la necesidad de ofrecerles una protección inmediata.

El reparto de menores migrantes entre comunidades no es un fenómeno nuevo, pero la situación actual ha obligado a reactivar este mecanismo con mayor urgencia. El Gobierno insiste en que el decreto no busca imponer, sino dar cobertura legal a un proceso de solidaridad entre territorios. Además, recalca que el objetivo principal es proteger a los menores, cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales sobre derechos de la infancia.

Desde las ciudades autónomas, se insiste en la necesidad de contar con el respaldo económico necesario y con una coordinación efectiva que incluya tanto a las comunidades de destino como a las entidades que trabajan con infancia migrante.

Por otra parte, la presión migratoria sobre las fronteras sur de España ha sido señalada en varias ocasiones por la Unión Europea, que ha ofrecido apoyo económico y técnico, aunque sin establecer un sistema común obligatorio de reparto entre países miembros. Ceuta y Melilla, como enclaves fronterizos exteriores de la UE, siguen soportando una carga desproporcionada.