Responsabilidad política y compromiso de pagos son dos de las peticiones que hace la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) al Gobierno local sobre los pagos en las facturas pendientes.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), José Reyes, informó de que “las deudas de las que hablamos nosotros pueden rondar fácilmente unos 10.000.000 de euros”. Desde la Ciudad se anunció el pago de una parte para finales de mes y principios de noviembre por la cuenta 413. Sin embargo, “de las facturas esas, que van a hacerse cargo (...) posiblemente no llegue ni al 1.200.000 euros, o sea, que estamos hablando de una ínfima parte”.
El pasado martes la CEME sostuvo una reunión con el consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Julio Liarte y el viceconsejero de Comercio, Transporte y Turismo, Jaime Bustillo, en la que expusieron los problemas de las empresas que se encuentran “pendiente de cobro” de facturas.
Las deudas con las compañías locales son viejas, algunas del 2011, incluso, hecho que Reyes calificó como “una barbaridad”. No obstante, señaló que le han solicitado al Ejecutivo actual que independientemente de las diferencias políticas, “la Administración actual tiene que hacerse cargo de las facturas de las empresas melillenses y hacer frente a ellas”.
A juicio de Reyes, ha tenido que haber “una dejadez de funciones por parte de alguien” para que las facturas de las empresas se acumularan por tanto tiempo sin ser pagadas. “Esto no se puede haber abandonado como se ha abandonado hasta ahora, dejando tiradas a un montón de empresas con un montón de millones de euros. Esto es una barbaridad”.
Desde la CEME piden a las autoridades responsabilidad política, así como un compromiso de pago para “poner al día” las cuentas. El presidente de la CEME aseguró que las empresas melillenses “no pueden seguir soportando esa carga tan importante”, en las que algunas han tenido que asumir pólizas de riesgo con intereses muy altos debido a la falta de liquidez, explicó Reyes.
Con el pago de parte de las facturas con la cuenta 413, la CEME buscará conocer a qué empresas se les saldará la deuda. “Con la cuenta 413 se hacen frente a unas facturas pero tampoco sabemos a quién ni qué criterios se siguen. Pensamos que es bien o un regalo o una lotería. Te puede tocar o no, pero si en 10.000.000 de euros dicen que van a hacer frente a 1.200.000, la verdad, nos preocupa bastante”.
La inquietud de la CEME es referente a la cantidad de empresas que quedarán exentas de cobro, “problema” que seguirán trabajando y analizando.
En la reunión, dijo Reyes, hicieron dos planteamientos a las autoridades; el primero es que las facturas con la nueva Administración sean pagadas. “Ellos dicen que están al corriente de pago”, mencionó Reyes, quien basándose en la Ley 15/2010 estos no deben superar el plazo de 60 días para el pago; “pero nosotros hemos podido comprobar como en algunas facturas superan los 85 días”.
El segundo planteamiento es referido a las facturas atrasadas. El presidente de la CEME comunicó que hay un compromiso de pago que debe seguir varios canales. Este pasa por dirigirse a las distintas consejerías para que envíen los informes pertinentes, las necesidades de crédito, la justificación de pago, entre otras documentaciones, “que hasta ahora mismo los empresarios desconocemos”.
Reyes no entiende cómo hay facturas desde el 2011 “en un cajón” que no han pasado a trámite no han sido pagadas. El presidente de la CEME dejó claro que estas reclamaciones no son nuevas; pues también lo hicieron con el anterior Gobierno de la Ciudad.
“De hecho, exigimos un desarrollo de la Ley 15/2010 (....) de un régimen sancionador para que alguien se responsabilice un poco. Porque si no pagan las facturas y tampoco hay responsabilidades, por lo menos que paguen unos intereses la Administración a aquellos empresarios, que a su vez tienen que estar con pólizas de riesgo”, aseveró Reyes.
En la reunión que mantuvo la Ciudad con los representantes de la CEME, el consejero de Hacienda, Julio Liarte, informó a los medios de que las deudas no corresponden a la Administración actual, sino que proceden de los ejercicios del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 “por unos volúmenes impresionantes”, de los cuales indicó, se sienten responsables de que se paguen a la mayor brevedad posible.
El 11 de octubre, durante la realización de un pleno, el consejero de Hacienda, indicó que las cuentas generales de 2018 son “positivas”, pero no es muestra de cómo es la realidad de la gestión del anterior Gobierno. Destacó que habían 5 millones de euros en facturas sin pagar desde 2015 hasta la actualidad y que no se sabe si esta cifra es aún mayor.
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