CCOO se concentrará frente a la Delegación de Gobierno en Melilla en contra del recorte a funcionarios del Estado

CCOO se concentrará este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en Melilla, para exigir al Gobierno cambios en el Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, ya que su redacción actual recorta derechos consolidados del personal público.

El sindicato considera imprescindible establecer garantías en materia de carrera profesional, salarios, extensión a la totalidad del personal, igualdad, movilidad, desarrollo de grupos profesionales, comisión evaluadora del desempeño o reconvocatoria de las vacantes que resulten de las ofertas de empleo público, entre otras.

Las movilizaciones, iniciadas el 31 de enero, continúan en cada una de las comunidades y ciudades autónomas. Se realizan además asambleas informativas para exponer el contenido del anteproyecto, señalando sus aspectos más lesivos y detallando las propuestas presentadas.

CCOO destaca la demanda de homologación de las cuantías percibidas en concepto de indemnización por residencia, al entender que los motivos que la justifican no dependen de la categoría profesional. Por otro lado, anuncia que ha presentado un conflicto colectivo para la equiparación de los grupos profesionales del IV Convenio Único a los grupos de personal funcionario. Además de la correcta equiparación, exige el pago de los atrasos generados desde el 1 de enero de 2019.

El sindicato ha destacado el carácter esencial del servicio público que se presta en la Administración General del Estado, y advierte de las dramáticas consecuencias que puede tener para la ciudadanía el recorte de derechos del personal, que pone en marcha las políticas públicas y sociales del Gobierno. En Melilla la plantilla actual no alcanza los 3.500 efectivos, habiendo perdido en los últimos 5 años aproximadamente 300 efectivos.

CCOO confía en que se sigan introduciendo mejoras en negociación, y considera imprescindible incorporar modificaciones profundas que modernicen la AGE. Advierte de que mantener la limitación de derechos es posicionar al personal público contra la ley que debe ordenar su actividad en las próximas décadas.