CCOO pide que la Dependencia se incluya en los juzgados de lo Social

El sindicato dice que un millón de personas depedientes quedan “indefensas”.

La secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) de Melilla, Caridad Navarro, pidió ayer, a través de un comunicado, que la protección de la Dependencia se incluya en ámbito de los juzgados de lo Social. En este sentido, Navarro explicó que el Congreso de los Diputados no ha incluido este aspecto, como ocurre con el resto de prestaciones del sistema de protección social, lo que supone “dejar a más de un millón de personas dependientes en una situación de indefensión”. Por ello, CCOO pedirá al Senado que corrija este error en el debate de la Ley de la Jurisdicción Social.
Según Navarro, el beneficiario medio del Sistema de Dependencia es una mujer de más de 80 años de edad cuyos principales, y “muy a menudo únicos”, ingresos son una pensión de viudedad de 586 euros. “Si esta persona entendiese que no está siendo correctamente atendida por las prestaciones  que el sistema de pensiones, la sanidad pública o el desempleo garantiza que pueda ejercer sus derechos en el juzgado de lo Social, disfrutando de la justicia gratuita y obteniendo una sentencia en un plazo breve de tiempo”, afirmó.
Sin embargo, si esta misma persona considera que “el Sistema de Dependencia no la atiende correctamente y quiere reclamar sus derechos, de aprobarse en el Senado la nueva Ley de Jurisdicción Social en los términos en los que se está debatiendo, estaría obligada a acudir a los tribunales de lo Contencioso–Administrativo, lo que probablemente dilataría el resultado de su demanda durante años, con el riesgo de tener que costear los gastos propios y los de la Administración si perdiese el juicio”.
En este sentido, Navarro afirmó que “el texto aprobado en el trámite del Congreso supondrá en la práctica que las personas en situación de dependencia estarán en situación total de indefensión”. Esta sindicalista consideró “impensable que una mujer de 80 años pueda ni tan siquiera pensar en abrir un proceso Contencioso–Administrativo que sabe que llevará años de resolución y un dineral en caso de que pierda”.