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De  Castro afirma que buscan cómo sancionar a la empresa de socorrismo

“Desastre”. Así definió hoy viernes en el pleno el diputado de Vox Melilla, Javier Da Costa, la gestión de los servicios de playa. Indicó que llegaron tarde y además, se sumó que el contrato de socorrismo es “nulo” y la empresa no ha pagado a los trabajadores. El presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, fue el encargado de responder a este asunto. Dijo que están buscando cómo sancionar a la empresa porque “engañó” a la Ciudad al asegurar que tenía capacidad para hacer el contrato y no fue así.

Da Costa se preguntó cómo se le puede adjudicar a una empresa que no tiene solvencia técnica ni económica un contrato de este tipo. Y aseveró que ni tenían el material para hacer el trabajo.

De Castro dijo que en el 2019 se encontraron que el contrato de socorrismo había terminado y también su prórroga porque el PP no había hecho nada en este sentido. Indicó que se sacó este contrato mayor y hubo denuncias por parte de las empresas que licitaban. Eso llevó a tener que sacar un contrato de emergencia para poder contar con el servicio en verano.

El presidente de la Ciudad apuntó que se invitó a las cuatro empresas que licitaron en el contrato mayor a participar en este de emergencia y se lo llevó la que ofreció el precio más bajo.

De Castro indicó que cuando se reunió con los socorristas, a los que les deben las nóminas de agosto y septiembre y también las pagas extras y el finiquito, les dijo que es la empresa la que tiene que pagarles y no es culpa de la Ciudad. Y dijo que lo entendieron.

En cuanto a la empresa adjudicataria, Matersa, el presidente del Gobierno dijo que “ha engañado” a la Administración local al presentar un documento que luego resultó no ser correcto.

Por ello, subrayó que se le van a pedir responsabilidades, pero que no es un asunto tan sencillo. Afirmó que el contrato no está incumplido por no trabajar dos días porque es poco tiempo. Eso sí, reiteró que se está buscando la forma de sancionar a esta empresa. Concluyó diciendo que no puede levantar el reparo del interventor porque le podrían acusar de prevaricación.

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