En el ‘caso Abogados’, se acusó a María Antonia Garbín, quien fue consejera de Bienestar Social entre 2003 y 2015, de la supuesta contratación irregular de cuatro letrados externos a la Administración local. Junto a Garbín había otros 12 inculpados. Cuatro de ellos son los letrados presuntamente contratados de forma ilegal y los otros ocho, funcionarios de Bienestar Social. En su declaración ante el juez, Garbín afirmó que toda su actuación fue “legal desde el primer momento”.
Esta tarde ha sido condenada a 10 años de inhabilitación para cargo público. El Juzgado de lo Penal 1 la considera culpable de prevaricación por la contratación irregular de letrados por parte de la consejería.
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