Lo habíamos adelantado aquí en El Faro y al final se cumplieron los peores augurios. Una empresa de fuera de Melilla se encarga desde primeros de año del reparto del butano a domicilio y a las estaciones de servicio tras la dimisión de los butaneros melillenses que llevaban en algunos casos hasta cuarenta años trabajando para la empresa que abastece la ciudad de combustible.
A algunos de los butaneros que han perdido su trabajo porque no les salían las cuentas pese a que paradójicamente trabajaban para una multinacional, les quedan dos o tres años para jubilarse pero no han podido llegar a un acuerdo que fuera bueno para todos. Seamos sinceros, ¿dónde van a buscar trabajo con 62 y 63 años si aquí no hay ni para los que tienen 20?
El despido, cómo no, tiene el sabor amargo de un premio de consolación tras la pandemia. Los afectados dicen que los asfixiaron económicamente hasta forzarlos a dejar su trabajo. Ellos entienden que la empresa les invitó a marcharse y se fueron porque estaban perdiendo dinero. Pese a que tocaron en muchas puertas, solo consiguieron que los escucharan y que les dieran la razón como a los tontos, pero nadie les echó una mano porque desgraciadamente, a día de hoy, no hay un solo político en la Ciudad que ante un conflicto laboral de esta magnitud llame al responsable de la empresa y busque una salida que sea buena para todos.
¿Creen que esto que ha pasado aquí en Melilla se lo habrían hecho a un Revilla en Cantabria; a una Ayuso en Madrid o a un Page, en Castilla-La Mancha? Pongo la mano en el fuego a que con la primera llamada de cualquiera de ellos se resuelve el conflicto y que conste que creo que esto no es un problema que dependa única y exclusivamente de la empresa.
No voy a criminalizar a una compañía porque gana dinero porque cuando no lo gana, deja de ser lo que es: una empresa y, como todos sabemos, las empresas crean empleos y esos empleos son los que sostienen a la clase media de este país. Así que simplificando: que una empresa gane dinero es bueno para este país por más que a Ione Belarra le disguste. Aquí el problema no es luchar contra la riqueza. Lo que tenemos que atacar es la pobreza.
Ganar dinero, por tanto, es legítimo y además obligatorio para una empresa siempre que la demostración de fuerza no termine con el despido de trabajadores a los que les quedan dos años para jubilarse. Eso no se lo puede permitir una gran empresa ni siquiera cuando está convencida de que le asiste la razón.
Nos parece perfecto que los empresarios se forren siempre que creen empleo en la ciudad. O sea, siempre que una parte del dinero que ganan en Melilla se quede en Melilla. Y no me basta solo con que se queden los impuestos. Aquí todos sabemos las maravillosas ventajas fiscales que tiene montar una empresa en las ciudades autónomas.
Me refiero a crear empleo y, además, a comprometerse con proyectos locales en nombre de su Responsabilidad Social Corporativa. Eso es algo que en Melilla básicamente se ignora. En la península, las grandes empresas pierden el culo por colaborar e incluso patrocinar eventos organizados por los medios de comunicación; festivales de música, certámenes deportivos o cualquier otro tipo de iniciativa que repercute en el bienestar de los ciudadanos, pero sobre todo, en la consolidación de su marca como una marca comprometida con el territorio donde tiene su sede.
Ahí está el ejemplo de Estrella Levante, patrocinadora de la Fiestas de Carthagineses y Romanos desde hace siete años; el compromiso de Soltec con los eventos del diario Expansión; ElPozo, y su patrocinio del fútbol sala o Repsol y su apuesta por el Festival La Mar de Músicas, de Cartagena.
Aquí, eso se ve poco o nada. Todo el dinero sale de la Ciudad Autónoma a la que todo el mundo se acerca con la mano extendida, a pedir y a que les echen flores. No hay costumbre, pero como dice el refrán, el comer y el rascar, todo es empezar. En los concursos públicos deberían sumar puntos las empresas que colaboran con Melilla más de allá de la declaración de Hacienda.
Así nos ahorraríamos casos como éste del desacuerdo con los butaneros que sabían que la empresa que venía de fuera de Melilla a hacer su trabajo iba a necesitar a sus repartidores, pero no pudieron subrogarlos. Ni se les ofreció esa posibilidad. Así que les tocó despedirlos, pagarles finiquito y apuntarse con 62 y 63 años a las listas del paro.
Ésta, aunque lo parezca, no es la historia de David contra Goliat. Los butaneros que plantaron cara a la empresa para la que habían trabajado 40 años están hoy todos en el paro. El butano sigue llegando a los hogares y a las gasolineras, pese a la inspección de la Ciudad que está mirando con lupa si se cumplen o no los requisitos de seguridad y otras formalidades que exige la ley. En caso de infracción, hablamos de multas de hasta 6 millones de euros. Una sanción que, sin duda, tambalearía las cuentas de cualquier empresa.
¿De verdad era necesario llegar hasta aquí? ¿De verdad no se podía haber hecho algo antes?
Nos falta eso que mencionaba al principio: el sentido de pertenencia a esta tierra. Es cierto que aquí faltan profesionales y que la falta de formación mantiene sin cubrir cientos de puestos de trabajo en el SEPE. Pero sería imperdonable que casos como éste se vuelvan a repetir en Melilla. No es bueno para la empresa; es malo para los trabajadores y además repercute en el servicio que se presta a la ciudadanía. Aquí no gana nadie. Perdemos todos.
Por eso es tan importante elegir a los mejores para representar a los ciudadanos. Sólo con políticos que se respeten a ellos mismos; que nos respeten a todos y se hagan respetar, se pueden solucionar conflictos que no debieron enquistarse y estallarnos en la cara. ¿Adónde van a ir esos padres de familia en el paro con 63 años? Parte el alma.
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