“Borrar a unos los delitos que cometieron, pero que siguen vigentes para el resto de españoles, atenta contra la igualdad ante la ley”

La posible ley de amnistía que el PSOE ha pactado con los independentistas catalanes es el asunto que copa la actualidad en España, junto con el hecho de que se condone a Cataluña un total de 15.000 millones euros de la deuda que mantiene con el Estado. Del primero de estos asuntos hemos hablado con el juez decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, para quien resulta evidente que una amnistía rompería el principio de igualdad ante la ley que la Constitución consagra para todos los españoles. El magistrado está convencido que una ley de esas características debilitaría el Estado de Derecho.

 -¿Qué es exactamente una amnistía? ¿Cuál es la diferencia con el indulto?

-Una amnistía, así en abstracto, es el borrado del delito, como si no hubiese existido. Mientras que con el indulto lo que se hace es perdonar la pena, pero el delito sigue existiendo (al sujeto le quedan los antecedentes penales, por ejemplo), con la amnistía es como si no se hubiese cometido delito alguno. En el caso concreto por el que ahora estamos hablando, supondría que los investigados y condenados por el procés no habrían cometido delito alguno.

Mientras que con el indulto el Estado perdona la pena al delincuente condenado, con la amnistía el Estado pide perdón al delincuente por haberle condenado.

-¿Qué razones la justifican? En España hubo una amnistía en el 77, ¿estaba justificada?

-¿Cuándo cualquiera de nosotros quiere borrar lo que ha hecho? Pues cuando lo que ha hecho es una equivocación. Pues esa es la justificación de la amnistía, borrar lo que está mal hecho.

Por eso suele darse en épocas de transición política, como ocurrió en España en 1977, antes de la Constitución, que hubo una ley de amnistía para poder pasar de la dictadura a la democracia, borrando aquellos delitos que solo lo eran por haberse cometido bajo un régimen dictatorial. Entonces se creyó mayoritariamente que era necesario ese perdón para avanzar.

En este caso que nos ocupa, las razones que parecen darse no tiene nada que ver con la trascendencia y excepcionalidad de la medida, pues, aunque se habla de la pacificación de un territorio (como si hubiese una guerra en Cataluña), de la necesidad de dar una solución política a un conflicto (cuando una de las partes dice que seguirá peleando por lo que quiere) o incluso del interés general (como si fuese una demanda de todos los españoles), el propio presidente del Gobierno en funciones ha reconocido que es para evitar un gobierno de la derecha, o lo que es lo mismo, para conseguir ser investido presidente tras las últimas elecciones. Por unos votos, en definitiva.

La valoración de esas razones no es jurídica, sino política. Ya que cada uno haga la suya.

-¿Usted cree que en la España de hoy cabría una amnistía?

-Se hace difícil entender que, en la España del siglo XXI, con una democracia formalmente asentada desde hace más de cuarenta años, estemos en ese momento políticamente trascendental que obliga a mirar hacia una amnistía. Entre otras cosas, porque nadie ha visto venir esa trascendencia hasta hace unas semanas. Si el momento histórico lo pidiese a gritos, sería algo que todos los analistas habrían identificado desde hace mucho, generando además un consenso generalizado al respecto.

Pero, al contrario, todos coinciden en señalar que el conflicto del procés ya ha sido resuelto. Otra cosa es que lo haya sido a satisfacción de sus promotores, es evidente que no. Por eso, salvo esos mismos promotores, hasta hace poco nadie hablaba de la amnistía seriamente, e incluso se les negaba dicha posibilidad por los mismos que ahora la ven factible.

Y, desde luego, no existe en la sociedad española el consenso que sería necesario para adoptar tan importante y excepcional medida.

-Si se diera la amnistía en este caso concreto, ¿se estaría vulnerando el Estado de derecho?

-Bueno, hablando de esta amnistía en concreto, personalmente así lo creo.

Porque si lo que se plantea es una amnistía para la élite política catalana y sus apoyos que, según palabras del propio Tribunal Constitucional, realizó un «grave atentado contra el Estado de Derecho», es evidente que deshacer lo hecho abre la herida del Estado de Derecho. Un Estado que puso en marcha todos los mecanismos que tenía en su mano para defenderse y defender el orden constitucional (el art. 155 de la Constitución, funcionarios, policías, el Tribunal Constitucional y el poder judicial) con la amnistía se estaría diciendo que todo ese esfuerzo del Estado fue un error.

El Estado de Derecho significa el imperio de la Ley, esto es, que todos, en todas las partes del territorio, estamos sometidos a ella. Así, borrar a unos los delitos que cometieron, pero que siguen vigentes para el resto de los españoles, atenta contra esta igualdad ante la Ley.

Además, quien cuida que esa Ley se cumple es el poder judicial. Si ahora una amnistía se mete en su terreno y deshace lo que éste hizo, cuando lo hizo para hacer cumplir la Ley, ésta se debilita, y la independencia judicial y la separación de poderes saltan por los aires.

Y a nadie quepa duda de que una medida que atenta contra la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la independencia judicial y, también, la seguridad jurídica, debilita el Estado de Derecho y, con ello, la democracia. Dicho de otro modo: aumentan los espacios de impunidad, y estos espacios son desde los que los poderosos pueden abusar de los débiles.

Además de todo, las condiciones no parecen ser las ideales, como decía. No hay consenso social al respecto, los perdonados no se arrepienten de su conducta y dicen que lo harán otra vez, no se ha consultado a los españoles al respecto (ningún partido de ámbito estatal llevaba la amnistía en su programa en las últimas elecciones), etc.

-¿Puede todo acto justificarse con ley es?

-Evidentemente, no. El límite es lo que la Constitución permite.

La soberanía nacional reside en el pueblo español, que por eso se dio a sí mismo la Constitución. Y dice la Constitución que del pueblo emanan los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. También dice que el Parlamento es donde, en representación de esa soberanía, se ejerce el poder legislativo. Así que es evidente que el Parlamento, al ejercer el poder legislativo, no puede ir en contra de la Constitución que se lo ha dado. La Constitución está por encima.

Por eso el Parlamento no puede aprobar, aunque tenga la mayoría para ello, una ley que expulse del país a todos los extranjeros, o que establezca la esclavitud, o que prohíba votar a las mujeres. Serían leyes emanadas del Parlamento, sí, pero serían leyes inconstitucionales por ir en contra de los principios y valores de la Constitución.

Entonces, a la pregunta de si una ley de amnistía sería inconstitucional, la respuesta correcta debe buscarse, no viendo si la Constitución la prohíbe o no expresamente, sino analizando si una amnistía va o no en contra de los principios y valores de la Constitución.

Se oyen argumentos para defender ambas posturas. A mí me convencen más los argumentos que sí creen en su inconstitucionalidad; de hecho, ya he dejado caer algunos de ellos.

Pero creo que preguntarse esto ahora, sin un texto oficial todavía, nos desvía de la pregunta previa, más importante, cual es si la amnistía es necesaria, si está justificada en este momento. Aunque la respuesta es política, creo que no puede perderse en el debate jurídico, un tanto artificial, de su constitucionalidad. Entre otras cosas porque no estamos hablando de la amnistía en general, como algo abstracto, sino de una muy concreta, para unas personas muy determinadas y por unos delitos muy específicos cometidos en un marco temporal definido. Es de eso de lo que hay que hablar antes de nada.

-¿Qué cree usted que quieren los independentistas con la amnistía?

-Bueno, no lo creo, lo dicen ellos mismos: la independencia de Cataluña.

La amnistía sería un paso más hacia ella. Un paso muy importante, eso sí, porque, al borrar los delitos que cometieron, estaría legitimando la vía unilateral con la que ya lo intentaron hasta el punto de cometer esos delitos (esto es, por la fuerza, sin cumplir con los pasos que dice la Ley que habría que hacer para lograrla).

-Un juez como usted, ¿cómo ve su país en estos momentos?

Más como ciudadano que como juez, lo veo yendo hacia atrás en muchas conquistas alcanzadas.

Oigo discursos públicos de gente con importantes cargos tirando al barro los grandes consensos del pasado, reviviendo la lucha de bandos, polarizando la sociedad, negando humanidad al adversario político, queriendo controlar las instituciones que están para controlarles a ellos, deslegitimando el poder judicial… A la vez, cada vez más gente cree, de buena fe, que la democracia solo consiste en votar cada cuatro años y que el que gana las elecciones, precisamente por ganar, puede quedarse con todo: el poder legislativo, el ejecutivo, el gobierno del poder judicial y, en general, todos esos organismos que surgieron precisamente para contrapeso y control del poder político.

La suma de ambos factores, esa clase política irresponsable y esa masa social ignorante, no va a dar un buen resultado.

-Una amnistía es para producir concordia y paz, ¿ésta lo lograría?

-Como he dicho antes, no se trata de una medida demandada por la ciudadanía, sino una medida que unos políticos quieren dar a otros políticos, cuyos votos necesitan, para olvidar los delitos que estos últimos cometieron y de los que, además, no se arrepienten, sin que, además, renuncien a seguir intentando lo que pretendían con esos delitos.

Así que, aunque todos anhelamos que en este país haya paz y concordia, me da que este no es el camino. Tal vez, incluso, sea avanzar en la dirección contraria. Ojalá me equivoque.

-Un juez que cree en la democracia, ¿qué puede hacer ante un Gobierno que crea leyes a su antojo?

-En puridad, las leyes las hace el Parlamento, no el Gobierno. Pero es cierto que el Gobierno las puede impulsar y que, desde hace un tiempo, está monopolizado ese impulso, en detrimento del propio Parlamento. En todo caso, los jueces poco podemos hacer respecto de las leyes que se nos dan, nos gusten más o menos. Nuestra obligación es aplicarlas todas, no hay más. Lo contrario sería prevaricar. Eso sí, excepcionalmente, si un juez cree que una ley en concreto que debe aplicar para resolver un juicio concreto puede ser contraria al derecho europeo, o contraria a la Constitución, puede plantear, él y no cualquier otro juez, una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Constitucional, respectivamente. Ello no suspende la aplicación de la ley, que seguirá produciendo sus efectos.