Bloqueo en las licencias de Fomento por el ciberataque paraliza la compraventa de viviendas en Melilla

Fuentes de El Faro de Melilla han confirmado que el ciberataque sufrido por la administración local el pasado mes de junio continúa generando graves repercusiones en el área de Fomento, donde la emisión de licencias y autorizaciones se encuentra parcialmente paralizada. La situación afecta especialmente a la venta de viviendas, ya que los informes necesarios para autorizar las operaciones no pueden emitirse con normalidad.

El problema, que se arrastra desde el ataque informático, ha dejado a numerosas familias atrapadas en un limbo administrativo. Propietarios que pretendían vender sus pisos se ven imposibilitados de cerrar operaciones, mientras compradores interesados no pueden formalizar las transacciones. El bloqueo no es puntual, sino que se prolonga en el tiempo, provocando frustración y pérdidas de oportunidades en el mercado inmobiliario local.

“Cada día que pasa hay personas que pierden oportunidades, que ven frustrados sus planes de vida y que sienten que la administración les da la espalda”, trasladan afectados a este diario. La falta de resolución de expedientes no solo tiene impacto en la vida personal de los implicados, sino que también repercute en la actividad económica de sectores como la construcción, las agencias inmobiliarias y los servicios jurídicos que dependen de la formalización de operaciones.

Desde Fomento señalan que la raíz del problema no es la falta de trabajo del personal del área, sino las limitaciones técnicas derivadas del ciberataque. El sistema informático que soporta los procedimientos sigue sin estar completamente operativo, y los plazos de recuperación total se alargan. Según informó este periódico en anteriores ocasiones, la plena normalidad en la administración no se prevé hasta finales de año.

La parálisis no solo afecta a las licencias para la venta de inmuebles, sino también a otros trámites, como la concesión de licencias de primera ocupación. En algunos de estos expedientes ya se han realizado las inspecciones en las obras, detectándose defectos que las constructoras deben subsanar antes de obtener la autorización definitiva. Sin embargo, la tramitación final de estos informes se ve igualmente ralentizada por la falta de acceso a los sistemas.

En este contexto, asociaciones vecinales y particulares reclaman mayor transparencia e información clara sobre el estado de los procedimientos. Muchos ciudadanos aseguran desconocer los motivos reales de la demora, lo que ha derivado en críticas hacia Fomento que, según las fuentes consultadas, no son justas. “No es problema de Fomento ni de los funcionarios. Es que la gente debería informarse antes de culpar a nadie”, subrayan.

El ciberataque, que afectó a numerosos servicios administrativos en Melilla, continúa condicionando la vida cotidiana de vecinos y empresas. Los expedientes que requieren gestión electrónica permanecen en espera, y aunque se han implementado medidas alternativas en algunos departamentos, en áreas como Fomento la dependencia del sistema es total.

La Consejería recuerda que los plazos de resolución de los problemas técnicos dependen de la recuperación integral de la infraestructura informática, un proceso complejo que implica la revisión y restauración segura de los datos y aplicaciones. En paralelo, se busca priorizar los casos más urgentes, pero reconocen que no es posible atender todos los expedientes al ritmo habitual.

Expertos en gestión pública consultados por este medio apuntan que situaciones como esta evidencian la necesidad de contar con planes de contingencia que permitan mantener la tramitación mínima en caso de crisis informáticas. No obstante, reconocen que el alcance del ataque sufrido en Melilla ha dificultado la implantación de soluciones temporales eficaces.

A medida que se acerca el último trimestre del año, crece la preocupación por el impacto que esta situación pueda tener en la economía local, especialmente en el sector inmobiliario. La compraventa de viviendas, que ya había sufrido una ralentización por la incertidumbre económica general, se ve ahora condicionada por este obstáculo administrativo. Si no se resuelve en las próximas semanas, advierten, el retraso podría acumularse y extenderse a principios del próximo ejercicio.