El Defensor del Pueblo entiende que la Consejería de Bienestar Social no acepta los criterios de la institución a la hora de tramitar la autorización de residencia que les corresponde a los menores extranjeros no acompañados que tutela la Ciudad o de expedirles la tarjeta de identidad de extranjero. Ante esta situación, el organismo opta por concluir la actuación con la Consejería y advierte de que esta situación quedará reflejada en su informe anual.
La entidad que dirige desde junio Francisco Fernández Marugán indica en un escrito remitido al presidente de la asociación Prodein, José Palazón, que tanto la Delegación del Gobierno como la Consejería de Bienestar Social han respondido a las recomendaciones y recordatorios efectuados por esta institución sobre la tramitación de la residencia de los menores extranjeros no acompañados, así como acerca de la emisión de la tarjeta de identidad de extranjero. Hay que recordar que, entre otras cosas, el Defensor del Pueblo criticaba hace unos meses la falta de coordinación entre administración central y local y retrasos en la expedición de algunos de estos documentos.
En este escrito, el organismo que dirige Fernández Marugán explica que Bienestar Social ha señalado que en la tramitación de la residencia de los menores actúa conforme al Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados, que recoge un plazo de tres meses desde la puesta a disposición de los servicios competentes de protección, como tiempo prudencial para solicitar la autorización de residencia.
La Consejería apunta, según el Defensor del Pueblo, que una vez que se concede la residencia ésta tiene efectos desde el ingreso del menor en el centro de protección, aunque se le haya entregado con posterioridad. Reitera, asimismo, que el retraso, en cualquier caso, no es achacable a los servicios de protección, ya que la renovación de las autorizaciones se realiza de oficio por parte de la Delegación.
Mayoría de edad
Además, desde Bienestar Social se explica al Defensor del Pueblo que una vez concedidas las autorizaciones de residencia, se solicita de forma inmediata a la Administración central una cita para la elaboración de la tarjeta de identidad de extranjero, por lo que la demora es responsabilidad de la Delegación. “La Consejería manifiesta que con esta actuación entiende cumplida la obligación que le compete en su condición de tutor legal de los menores”, señala.
En cuanto a la entrega de la documentación a estos jóvenes extranjeros una vez que cumplen la mayoría de edad, desde el área que dirige Daniel Ventura, se indica que depende de las circunstancias de los interesados y apunta que se examina caso a caso y se les entregan los papeles que están en vigor.
Esta respuesta de la Consejería no parece convencer al Defensor, que considera que Bienestar Social no acepta sus criterios y por tanto optará por recoger esta situación en su próximo informe anual.
El Defensor del Pueblo indica que la Delegación del Gobierno ha decidido impartir instrucciones para que se atienda la recomendación dada por este organismo y se cumpla “estrictamente” con los plazos para la tramitación de la residencia de los menores. Así se recoge en un escrito que la institución que dirige Francisco Fernández Marugán ha enviado al presidente de la ONG local Prodein, José Palazón. Ante esta respuesta, el Defensor del Pueblo ha solicitado nueva información sobre las actuaciones que se realicen desde la Delegación para coordinarse con los servicios de protección, para cumplir con los plazos que exige la normativa para documentar a los menores para evitar que accedan a su mayoría de edad sin contar con tarjeta de identidad de extranjero
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