Avances en universidad y en ayudas sociales en los acuerdos del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno de Melilla ha aprobado en su reunión de este viernes importantes medidas orientadas al fortalecimiento de la actividad universitaria y al apoyo social a las familias con necesidades especiales. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Fadela Mohatar, quien ha adelantado que estos acuerdos serán ampliados en detalle la próxima semana por el diputado delegado de Universidades, Jesús Romero, y la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed.

Entre los principales temas abordados en la sesión se encuentra la aprobación del convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada, que contempla una inversión de 3.731.000 euros. Esta partida financiará el desarrollo de cuatro grados: los dobles grados en Derecho y Educación Primaria más Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, además de Fisioterapia y Enfermería, en colaboración directa con la Universidad de Granada.

Mohatar recordó que el impulso universitario es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo socioeconómico de Melilla. "El desarrollo universitario, la atracción de talento y la mejora de infraestructuras forman parte de nuestra estrategia de crecimiento", subrayó.

Además, se ha dado luz verde a otros convenios relacionados con la formación superior, entre ellos la dotación de 90.000 euros adicionales destinados a fomentar actividades universitarias. Esta cantidad será gestionada por las facultades melillenses de la Universidad de Granada para organizar prácticas y otras actividades académicas. También se aprobó el convenio para la organización de los cursos de verano, dotado con 30.000 euros, cuya recuperación pretende ofrecer formación complementaria durante los meses estivales, fomentando tanto el interés de los estudiantes como de la ciudadanía general.

Una de las novedades presentadas ha sido la colaboración con la Escuela Internacional de Protocolo de Granada, mediante un convenio que permitirá la realización de prácticas formativas externas. Aunque este acuerdo no conlleva una consignación presupuestaria, se considera un avance relevante en la oferta académica y de inserción laboral para los estudiantes.

Ayudas sociales

En el ámbito social, el Consejo de Gobierno también ha tratado asuntos de vital importancia para las familias melillenses. En este sentido, Mohatar ha detallado que se han debatido dos partidas presupuestarias de 300.000 euros cada una, destinadas básicamente a apoyar económicamente a las familias que afrontan gastos extraordinarios derivados de enfermedades.

La primera de estas ayudas está orientada a cubrir los gastos que no son asumidos o que son insuficientemente cubiertos por la entidad pública Ingesa, cuyas dietas para quienes deben recibir tratamiento fuera de la ciudad son mínimas. La segunda partida tiene como objetivo apoyar a las familias que atienden a enfermos neurológicos, una necesidad que se ha vuelto cada vez más acuciante en la ciudad. Ambas iniciativas se enmarcan en el trabajo que viene realizando la Consejería de Políticas Sociales para adaptar los reglamentos que regirán la concesión y convocatoria de estas ayudas.

"Queremos aliviar, en la medida de nuestras posibilidades, la pesada carga que soportan las familias melillenses, agravada no solo por la insularidad, sino también por la dureza de afrontar enfermedades graves", señaló Mohatar.

La portavoz también avanzó que la próxima semana se convocarán ruedas de prensa específicas para explicar en profundidad tanto el desarrollo de los nuevos convenios universitarios como los detalles sobre la tramitación de estas ayudas sociales. En particular, se presentarán los avances en la implantación del nuevo grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, una titulación llamada a convertirse en una de las principales apuestas de futuro de la ciudad.

Con estos acuerdos, el Ejecutivo local pretende no solo reforzar la oferta educativa de la ciudad y atraer nuevo talento, sino también atender de manera más justa y eficaz las necesidades de su población más vulnerable.