El arrebato de una nueva ola no es una utopía y vuelve a gravitar en el espectro de un drama presto a enfurecerse. Si bien, la gestión integral de la vacunación parece encender la luz de un largo túnel pandémico para salir de la oscuridad más insólita.
Actualmente, la persona inmunizada se preserva contra las formas comprometidas de la enfermedad del SARS-CoV-2, pero puede contraer el virus y hasta la fecha, se desconoce cuál es su verdadera capacidad de impacto en la infección de otros, aunque se sospecha que es exigua. Y es que, con únicamente el 2,8% del conjunto poblacional inoculado en España, aún no existe inmunidad de rebaño y los inyectados han de permanecer como están. Por solidaridad y sentido común, no pueden abandonar las restricciones aplicadas, ni desasirse de las medidas de seguridad, como el uso disciplinado de la mascarilla.
Desde esta perspectiva que no reúne demasiadas certezas, algunos países han abierto una rendija a otro mundo improvisado para los vacunados. Tómese como ejemplo el caso de Estados Unidos, que admite la reunión en interiores sin mascarillas o a individuos de bajo riesgo. En el otro punto, la Unión Europea, UE, tantea inexorable la creación de un certificado vacunal como han hecho Israel y China, los pioneros de esta iniciativa, que aporte el movimiento de los inoculados para reavivar la economía. Pero, no faltan los reproches con esta idea, advirtiendo la falta de evidencia científica en lo que atañe al peligro de transmisión cero tras la inmunización, previniendo que dichos certificados podrían atomizar la sociedad global entre ‘vacunados’ y ‘no vacunados’, cuando el acceso a la vacuna está condicionado.
Con estas connotaciones preliminares, la vacunación masiva es la condición indispensable para dejar atrás la crisis epidemiológica que padecemos, emprendiendo una recuperación en todas sus vertientes, sin más retoques o proclamas inútiles de la actividad económica y social. Cualquier réplica partidista o determinación política sobre la pandemia, que no posea como objetivo prioritario la vacunación del mayor número de ciudadanos lo antes posible, no sólo es un desgaste anímico, sino un trance añadido para la salud de millones de personas.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha subido el tono con respecto a la morosidad e inacción en la administración de las vacunas, refiriéndose literalmente que es “inaceptable”. A día de hoy, y no cuando unos días más tarde se analice este pasaje, en España más de 1,4 millones de sujetos han completado la pauta vacunal. O lo que es igual, su organismo está dispuesto para contrarrestar al virus antes que le ocasione una enfermedad grave. Pero, como inicialmente se ha planteado, no existen pruebas si los vacunados podrían contagiar.
Los antecedentes epidemiales interpretados con estudios concluyentes que lo certifiquen, apuntan que la transmisión podría originarse. Así, una investigación con sanitarios del Reino Unido que todavía no se ha inspeccionado ni divulgado en alguna revista científica, confirma que la vacunación evita la infección sintomática y asintomática.
Ante esta incertidumbre, los expertos y autoridades sanitarias han empleado “el principio de prudencia”. Sobre todo, cuando una proporción significativa de la población persiste indefensa al no estar vacunada. Por eso, la cifra anteriormente referida de personas inmunizadas, valga la redundancia, no puede hacer más que lo que hacen hasta estos momentos. Si acaso, el colectivo de mayores de las residencias vacunados masivamente, al menos, posibilitarles algo sus limitaciones y equipararlas a las del resto, sabedores que las suyas han sido más severas por su grado de vulnerabilidad.
Sin embargo, algunas naciones han optado por flexibilizar las prohibiciones a los vacunados. Sin ir más lejos, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ha resuelto que quienes tengan completada la pauta, no tendrán que realizar la cuarentena u otra prueba diagnóstica si entrasen en contacto con algún positivo, a no ser que tuviesen sintomatologías o residiesen en ambientes grupales. Toda vez, que deben continuar perseverando en los protocolos de protección y eludir las reuniones.
En cambio, otras Administraciones se afanan en habilitar los denominados ‘certificados vacunales o de inmunidad’, que otorguen más margen de maniobra, ya sea para atravesar fronteras o entrar en lugares explícitos de un mismo estado.
Fijémonos en la proyección tomada por Israel, donde con más de la mitad de su población vacunada, ha establecido un ‘pase digital’ que confiere el ingreso a las personas inmunizadas en gimnasios, galas u otros actos, o clases universitarias presenciales. Inclusive, en los bares inaugurados tras seis meses clausurados, imperan algunas directrices especiales: sin más, se admiten en su interior a los vacunados; los demás, han de estar al aire libre en las terrazas. Conjuntamente, el gigante asiático no ha querido ser menos en este aspecto puntual, poniendo en escena un ‘certificado con datos vacunales’ y de ‘pruebas diagnósticas’ para materializar desplazamientos transfronterizos.
“Tal vez, transitemos en una especie de sociedad ficticia o distopía, con una humanidad fraccionada en dos: 'vacunados' o 'no vacunados', tolerándose la movilidad a cuenta gotas y conviviendo en un atlas repleto de acotaciones”
Simultáneamente, la UE, trabaja para activar un ‘pasaporte de vacunación’, con la voluntad de ofrecer más movilidad entre sus miembros. Tras unos primeros choques dialécticos, la Comisión Europea medita englobar a personas con PCR negativo o que hayan pasado el coronavirus. Aunque, el plan consecuente no está decidido, se pone en la mesa una proposición ya sugerida. Al igual, que esta acción ha chocado con reprobaciones por la parte que le concierne a la comunidad científica, la OMS la ha impugnado, por no estar demasiado claras las investigaciones llevadas a cabo en la marcha de la inmunidad de los infectados.
En esta tesitura, este Organismo vuelve a avisar ante el supuesto que conceder un documento de estas características a individuos que han franqueado la enfermedad, podría inducir a que la gente pretendiese infectarse con la picaresca de beneficiarse de los posibles privilegios que le reportase este certificado.
Pero, ni mucho menos esta es la única susceptibilidad que aúpa este enfoque. Algunos manifiestan que de por sí, diseña falsas expectativas, porque la amenaza de infección a pesar de estar vacunado está presente. Otros, son más directos en su veredicto, porque desde la ética se entiende como una insensatez, cuando ni tan siquiera hay acceso universal a la vacuna.
Según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, por sus siglas, ECDC, la UE ha administrado 38,5 millones de dosis, pero la urbe con la pauta completa sigue por debajo del 6%. Sin inmiscuir, que la mayoría de las vacunas requieren dos dosis.
De lo que se desprende en este escenario irresoluto, que hay varios cabos sueltos en medio de un sinfín de objeciones críticas: una cuestión es que figure un asiento en la ‘historia clínica’ o ‘carnet vacunal’ de la persona inoculada; y otro, es algo así como un ‘pasaporte inmunitario’, cuando se desconoce si la vacuna una vez inoculada, remedia el contagio.
Por lo cual, cabría preguntarse: Primero, ¿quién o quiénes tendrá realmente carta blanca para este futuro salvoconducto? Más bien, para diferenciarlo de algún modo, estarían los ciudadanos de países acomodados, porque las vacunas todavía no circulan en numerosas regiones en vías de desarrollo, e irremediablemente, el juego de oportunidades agrandará la brecha de los pueblos.
Y segundo, la materia que queda en incógnito, ¿qué ocurre con los menores de dieciocho años que pueden actuar como reservorio, para los que estas vacunas están en fase de ensayo?
Ahondando en un entramado del que se deduce que no está encauzado para los tiempos que corren, en los estados miembros de la UE hay diferencias manifiestas: España y Grecia animan al designado ‘pase digital verde’; por el contrario, Francia y Luxemburgo, alegan su rehúso por el recelo que se generen ciudadanos de primera y segunda, derivando en si están o no vacunados.
Además, este ‘pase verde’ caducaría ante el desconocimiento de saber el curso hipotético de la inmunidad, debiendo de actualizarse las ventajas para la vida social y laboral de los que aportasen este aval.
En resumen, ninguna intervención está absuelta de repercusiones colaterales, porque no son pocas las divagaciones con consecuencias indeseadas en cualesquiera de las influencias comunitarias, al no acreditarse el riesgo cero de transmisión entre los vacunados y la pillería de ser contagiado para obtener el ‘pase verde’.
Lo que es evidente que de aquí a unos meses, no serán pocos los países que residan con una porción de sus habitantes vacunados y otra no. El propósito era proseguir con las reglas de recomendación y de obligado cumplimiento hasta la finalización de año, pero habrá quien desee que se hagan distinciones.
Hoy por hoy, no queda más que mirar atrás para valorar la magnitud que aglutina llevar a término el proceso de vacunación, y exponer que España ha franqueado nada más y nada menos, que tres olas del coronavirus, y quizás, a las puertas de la cuarta. Sus derivaciones dramáticas, más que dígitos de positivos, a grandes luces entreven el exceso calamitoso de extintos que el Instituto Nacional de Estadística, INE, comprueba con los fallecidos que contabiliza en la franja de un año normal. Son detalles e identificaciones volcados con rigurosidad para averiguar las alteraciones en las gráficas, como bien podrían ser una gripe u ola de calor, pero que en este momento, las defunciones no supuestas se han desatado y confirman el azote desorbitante del SARS-CoV-2.
Haciendo un repaso sucinto a lo acaecido que nos sirve de referencia para ver el punto de partida y hasta donde hemos confluido en la coyuntura epidémica, la pandemia atrapó a España improvisadamente y, si cabe, con el paso cambiado, al igual que ocurrió en otras naciones, induciendo a una cadena de contagios, hospitalizaciones y víctimas entre los meses aciagos de marzo y abril de 2020.
Fundamentalmente, la ‘primera ola’ sacudió las demarcaciones del centro peninsular, de suponer, por su ensamble con la capital del Reino, que se erigió en uno de los focos principales; el otro, menos agudo, recayó en Barcelona. Lo cierto es, que el virus avivó en las provincias de Madrid, Ciudad Real, Soria, Cuenca y Segovia, que consignaron casi el doble de fallecimientos entre marzo y junio, según las pormenorizaciones facilitadas por el INE. Sin descartar, Barcelona, con un exceso de mortandad del 70%.
Y qué decir de la ‘segunda ola’ que irrumpió impetuosamente y prosperó lentamente. Los contagios se contuvieron con el confinamiento domiciliario, pero sería algo transitorio. Ya, en verano, las restricciones se aliviaron en demasía y los números volvieron a remontar. No hubo en sí una cresta fulminante, sino un embate que subió progresivamente con variaciones y que nueve meses después parecen resistir.
En sus inicios se desencadenaron brotes puntuales en industrias y cárnicas o entre los mismos trabajadores, pero en agosto se confirmó lo peor: la transmisión comunitaria y el incremento exponencial de contagios en muchas zonas, a penas sacudidas por la primera ola como Teruel, Lleida, Huesca y Zaragoza. O Granada y otras comarcas andaluzas; o Asturias, Galicia y Canarias, que entre julio y diciembre advirtieron como se sumaban más decesos.
En relación al confinamiento de quedarnos en casa, el Gobierno Central hubo de valerse del Estado de Alarma por dos veces, al objeto de acortar los contactos personales. La primera vez hay que remontarse al 14/III/2020, que como muestran los informes de movilidad de millones de teléfonos móviles, se rebajaron a un 74%.
Posteriormente, el 25/X/2020 y en plena segunda ola que escalaba en todas sus variables, el Gobierno decretó otro Estado de Alarma para que las Comunidades y Ciudades Autónomas aplicasen limitaciones más duras: el movimiento decreció algo, aunque por aquel entonces, ya se acumulaban varias semanas restringiendo los desplazamientos.
Pero, como era de esperar, las idas y vueltas se agigantaron en diciembre con las fiestas navideñas y con ello, saltó la ‘tercera ola’.
“Mientras, otros se afanan en habilitar los denominados ‘certificados vacunales o de inmunidad’, que otorguen más margen de maniobra, ya sea para atravesar fronteras o entrar en lugares explícitos de un mismo estado”
Es conocido que a mayor ritmo de movilidad, más actividades sociales y contactos. Lo que atribuye más probabilidad de infecciones y rebrotes, como sobrevino en la primera ola con los puentes de otoño. O en las postrimerías de septiembre, coincidiendo con el regreso a las aulas: una intensificación de los movimientos con un repunte considerable de contagios.
Sobraría mencionar, que fruto de estos repuntes recayeron en las hospitalizaciones. Si la curva de los ingresos en estado crítico es la tercera en restablecerse, con la cantidad desproporcionada de positivos e ingresos, su avance era un destello de la propagación que estaría por aparecer levemente rezagada.
Sin duda, el pico más alto se alcanzó en abril, con la peculiaridad de concentrarse en menos localidades; pero transcurridos los meses, la segunda y tercera ola, respectivamente, arrastraron a más pacientes a los hospitales. Hubo jornadas del mes referido con casi 500 admisiones en las UCI.
Para ser más precisos, desde que se poseen reseñas consolidadas en los centros sanitarios españoles con motivo de la pandemia, las personas en UCI han constituido el 10% de los ingresos habituales. Y cómo no, el virus está siendo mortífero para los más vulnerables, porque las tres olas han asestado con brusquedad a los ancianos: los menores de 59 años han simbolizado menos del 10% de los óbitos por el patógeno; mientras, que dos de cada tres sobrepasaban la edad de 80 años.
Se presume que con los datos compilados hasta el 21/III/2021 por los ministerios de ‘Derechos Sociales y Agenda 2030’, ‘Sanidad, Consumo y Bienestar Social’ y ‘Ciencia e Innovación y Universidades’, la cuantificación de fallecidos alcanza los 29.499 que vivían en residencias de la Tercera Edad. De esta suma, 18.895, significan el total de muertes en estos centros, desde el 14/III/2020 hasta el pasado 21/III/2021, que pasan a ser una alternativa al hogar familiar y a las que han de incorporarse las 10.492 personas con signos afines al COVID-19.
Entre marzo y junio de 2020 perecieron 9.755 personas, más que en los seis meses sucesivos con 6.044. Si a ello se le agregan los 10.546 defunciones que en esos tres meses se produjeron con patologías compatibles, pero sin una prueba diagnóstica, la deducción subyace en que dos de cada tres extintos en residencias de ancianos, sucedieron en la primavera de la ‘primera ola’.
En atención a los indicadores que revelan este Informe, el 20,6% a los que se les prescribió el virus y perdieron la vida entre marzo y diciembre, el índice de letalidad creció el 20,8%. Mismamente, en las residencias se habrían multiplicado los contagios en 94.652, de los cuales, ocho de cada diez, o séase, 76.518, se reconocieron en lo dilatado del año 2020. En ese mismo período, nos dejaron en condiciones crueles y sin un beso y un abrazo, 30.123 ancianos, que incluye a personas con discapacidad y en otros alojamientos.
En otras palabras: las referencias oficiales empleadas por el Ministerio de Sanidad de las personas que convivían en estos centros residenciales y que sucumbieron por esta razón o bien relacionadas, comprendieron el 42% de los muertos.
Tras más de un año de pandemia y con las residencias como el núcleo más golpeado por el coronavirus, sorprendentemente, habría de aguardar a marzo de 2021, para que el Ejecutivo publicase alguna aclaración coordinada que exhibiera la evolución real del colectivo al que señalo.
En concreto, la compilación viene dada por las indagaciones efectuadas por el ‘Instituto de Mayores y Servicios Sociales’, IMSERSO, el ‘Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias’, CCAES, y el ‘Instituto de Salud Carlos III’, todos, dependientes de los ministerios de ‘Derechos Sociales y Agenda 2030’, ‘Sanidad, Consumo y Bienestar Social’ y ‘Ciencia e Innovación y Universidades’.
Aun requiriendo el derecho a esta información y las promesas dadas por del ‘Ministerio de Sanidad’, la primera evaluación no salió a la luz hasta el mes de noviembre, cuando el Borrador del IMSERSO extractaba en la ‘primera ola’ 20.268 óbitos: desde marzo hasta el 29/VI/2020, entre los episodios confirmados por prueba diagnóstica y víctimas con indicios del coronavirus.
Hay que partir de la base, que al no estar esta información reunida en ninguna fuente oficial, hubo de subordinarse al rastreo cotidiano de los medios de comunicación, en los antecedentes de las Comunidades Autónomas, que por si fuera poco, no lo hacían análogamente.
Finalmente, este grupo etario está siendo la primera prioridad del Plan de Vacunación de personas institucionalizadas que comenzó en la última etapa de diciembre. Al menos, una dosis sobre el denominador poblacional ha llegado al 98,3%, y al 90% se le ha inoculado la pauta completa, al requerir la administración de dos dosis las vacunas de Pfizer/BioNtech, Moderna y AstraZeneca/Oxford.
Atendiendo al criterio anterior, las Comunidades Autónomas están por encima del 80%. Aragón es el región a la vanguardia con el 95,5% de personas con pauta completa, a la que le acompañan otras seis que superan el 90%.
Si los indicativos anteriores se contrastan en la esfera internacional, el desarrollo de la vacuna fue extraordinariamente apresurada, pero su puesta está resultando todo un hito: en tres meses se han inyectado 595 millones de dosis, que representa el 7,7 por cada 100 personas.
Por otra parte, en la inmensa mayoría de estados de la UE, incluyendo España e Italia, esa estimación incumbe 17 dosis. Al menos, un 2% de la población mundial se ha inmunizado.
En consecuencia, esta pandemia fluctuante y más aún, con el desenvolvimiento alarmante de otras variantes, intenta escurrirse a los afectos de la vacuna; obstinándose en amplificar las desigualdades entre los países, sobre todo, los que se hayan en vías de desarrollo, donde la vacunación es más parsimoniosa.
Ciertamente, como se entreve a corto, medio y largo plazo, tal vez, transitemos algunos años de distopía, o en una especie de sociedad ficticia con una humanidad fraccionada en dos: ‘vacunados’ o ‘no vacunados’. Si acaso, tolerándose la movilidad a cuenta gotas y conviviendo en un atlas
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