AUME pide a Defensa que aplace misiones a militares en proceso de desahucio

La Asociación Unificada de Militares Españoles cree que deben beneficiarse del mismo privilegio aplicado a casos de divorcio. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha pedido al Ministerio de Defensa que los militares que se encuentren inmersos en un proceso de desahucio puedan aplazar su participación en misiones en el exterior, tal y como este departamento ha previsto para casos de divorcio con patria potestad en litigio y embarazos de alto riesgo.
Esta propuesta es una de las recomendaciones que hace la Asociación Unificada de Militares Españoles al proyecto de reforma de la orden ministerial de destinos y comisiones de servicio que Defensa anunció hace dos semanas, en la que se incluían tres nuevos supuestos por los que un militar puede retrasar seis meses su incorporación a una operación internacional, tal y como publicó El Faro.
Además de los procesos judiciales de separación o divorcio en los que se dirima la patria potestad o custodia de los hijos y casos de embarazo de alto riesgo, también se contempla esta posibilidad por fallecimiento del hijo o del cónyuge.
Para la asociación que preside Jorge Bravo estos supuestos son “insuficientes porque están alejadas de la realidad” y pide a Defensa que tenga en cuenta otras circunstancias que pueden afectar a la vida del militar, como supuestos de adopción o acogida o que el cónyuge, hijo o persona a cargo del militar sufra enfermedad grave o tenga un grado de dependencia que exija “cuidados intensos”.

No es aconsejable ir de misión

Además, AUME recalca que con la crisis debe considerarse también como causa de aplazamiento de una misión que el militar o su familia esté “sujeto a un proceso de desahucio de su vivienda” ya que “no parece aconsejable” enviar a un militar a una misión internacional en esta situación “hasta que ésta no se resuelva”.
AUME quiere también que Defensa no limite a un máximo de seis meses el aplazamiento de la participación en una misión y propone que este plazo sea “el mínimo” y pueda prorrogarse si la situación (divorcio, duelo, embarazo de riesgo o desahucio) no se ha resuelto en ese tiempo.