AUGC reclama a los Juzgados Militares una mayor proporcionalidad en la aplicación del régimen disciplinario

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha revelado recientemente que los Juzgados Militares poseen más casos de la Guardia Civil que de las tres ramas de las Fuerzas Armadas -el Ejército de Tierra, del Aire y la Armada-, razón por la cual se mantendrá reclamando que no se emplee el Código Penal Militar a los Guardias Civiles en funciones policiales, y “una mayor proporcionalidad en la aplicación del régimen disciplinario”.

La organización se basa en datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al año 2020, que muestran que el 81 por ciento de los procedimientos están relacionados directamente con oficiales de la Guardia Civil. Para ser exactos: 212 han involucrado a quienes se desenvuelven en funciones policiales y solo 51 a miembros de los ejércitos.

De acuerdo con una nota de prensa difundida por la entidad presidida por Juan Fernández Hernández, pese a que ambos cuerpos tienen una naturaleza militar, “esta dualidad parece importar poco”. En su criterio, no se está empleando de forma correcta la jurisdicción.

Además, ha calificado de “incongruente” y “errónea” la manera en que se están aplicando las normativas, debido a que el 59 por ciento de todos los expedientes contencioso-disciplinarios de hace dos años han sido desestimados a través de sentencias.

Explica la AUGC que con lo anterior no solo se perjudica el funcionamiento de la Guardia Civil, sino también los derechos de los agentes, algo que contribuye a desacreditar y desprestigiar a la institución ante los tribunales y también de cara a la sociedad. La asociación insiste en que esas situaciones podrían ser evitadas si se hiciera una buena lectura del régimen disciplinario.

Por último, dio a conocer que el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), órgano perteneciente al Consejo de Europa, está al tanto de esta problemática, por lo cual ha solicitado una revisión del régimen. Esa entidad continental incluso concluyó en su más reciente informe que España no había puesto en práctica las recomendaciones que se le habían formulado.