La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado el “inmovilismo” del Gobierno en materia de derechos del personal militar tras la respuesta ofrecida al Partido Popular sobre la posible reforma de la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas. La asociación sostiene que, después de más de ocho años de trabajos en una comisión temporal creada para revisar esta normativa, no se han incorporado avances relevantes debido al bloqueo de las propuestas planteadas por las asociaciones profesionales.
La polémica surge después de que el Grupo Parlamentario Popular registrara en el Congreso varias preguntas escritas basadas en información trasladada por ATME. En ellas, los diputados populares reclamaban explicaciones sobre el cierre de la Comisión de Trabajo Temporal encargada de estudiar posibles cambios en la ley.
Según expone la asociación, durante los trabajos fueron rechazadas iniciativas consideradas “esenciales” para modernizar el sistema de representación militar. Entre ellas se encontraban la elección directa de los vocales del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Copefas), la ampliación de los derechos de información dentro de las unidades y cambios en los métodos de funcionamiento del propio órgano.
El PP también trasladó la preocupación de ATME por la falta de transparencia en cuestiones como los accidentes y fallecimientos en acto de servicio, asuntos que, según la asociación, continúan fuera del conocimiento obligatorio del Consejo de Personal.
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno aseguró que la comisión no detectó la necesidad de acometer una reforma “sustantiva” de la ley y defendió que el actual modelo es “plenamente consolidado y garantista”. Además, destacó mejoras impulsadas en los últimos años en ámbitos como retribuciones, conciliación, movilidad y carrera profesional.
Sin embargo, ATME interpreta esta contestación como una confirmación de que las propuestas de las asociaciones fueron rechazadas de manera sistemática por Defensa y los Ejércitos, lo que, a su juicio, impidió cualquier consenso real. La organización lamenta que la modernización del marco de derechos de los militares siga sin avances efectivos.