Asociaciones de jueces, en contra de ‘legalizar’ las devoluciones en caliente

Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria afirman que una vez que un inmigrante salta la primera valla ya está en territorio español y amparado por la Ley de Extranjería.

La pretensión del Gobierno central de reformar la Ley de Extranjería para dar un encaje legal a las llamadas ‘devoluciones en caliente’, es decir, para rechazar en frontera a inmigrantes irregulares de manera inmediata es un extremo que dos asociaciones de jueces en España rechazan. En declaraciones a El Faro, los portavoces de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Jueces para la Democracia afirman que las ‘devoluciones en caliente’ “no pueden convertirse en una práctica legal” pues “de aplicarse de una manera generalizada, daría lugar a la violación de los derechos que toda persona tiene y que nuestra Constitución garantiza”.
El portavoz de AJFV, Marcelino Sexmero, aboga por una reforma de la Ley y el Reglamento de Extranjería que “garantice mejor los derechos y deberes de los extranjeros en España, sobre todo los que se hallan en situación de irregularidad”. Y rechaza tajantemente las ‘devoluciones en caliente’, pues impedirían que “se valoren situaciones susceptibles de asilo o refugio u otras en las que el extranjero deja familia y responsabilidades en España”.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, advierte de que las ‘devoluciones en caliente’ “vulneran los derechos fundamentales de quienes han llegado a nuestro país”. Por ello, “no puede convertirse en una práctica legal” y explica que “se trata de actuaciones por la vía de hecho, sin seguir un procedimiento y con vulneración de los derechos de estas personas”. En este sentido, Bosch concluye que “los derechos humanos también deben ser respetados en las fronteras” y, por tanto, ningún ser humano puede ser privado de ellos.
Respecto de los cambios que el Gobierno central pretende realizar en la Ley de Extranjería, el portavoz de Jueces para la Democracia cree que “cualquier reforma endurecedora” no es positiva. “La respuesta jurídica represiva no va a solucionar el problema y sólo provocará tragedias como la que hemos visto recientemente en Ceuta”, aseveró. Bosch consideró que el problema debe abordarse desde una perspectiva global y europea: “Resulta necesaria una actuación conjunta en el ámbito europeo para afrontar los flujos migratorios, que permita actuar de manera efectiva en los países de origen, con medidas económicas que mejoren sus condiciones de vida”.

¿La primera valla es española?
En los últimos asaltos a la valla fronteriza de Melilla, algunos inmigrantes se encaramaron a la primera valla del perímetro y permanecieron allí durant largo tiempo, hasta varias horas. Ante las dudas de si éstos estaban efectivamente en territorio español o no, ambos portavoces aseguran que se encontraban en España. El portavoz de AJFV no tienen dudas: “Desde luego el vallado está en territorio español, por lo que una vez saltada la primera valla se está en territorio español”. “Por ello, deberían ser respetados sus derechos y seguirse el procedimiento previsto legalmente, sin que sean admisibles las vías de hecho o las devoluciones irregulares”, apostilla el portavoz de Jueces para la Democracia.
Bosch opina, en este sentido, que “resulta injustificada esa obsesión por las devoluciones inmediatas de personas cuando ya están en territorio español. Nuestro Estado de Derecho debe ser capaz de garantizar la tutela jurídica de cualquier ser humano. Me parece que oficialmente se sobredimensionan los riesgos reales que representan estos flujos migratorios para aplicar restricciones de derechos que no son aceptables”.

El acuerdo con Marruecos del 92
El acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos en 1992, que entró en vigor 20 años después, contempla la figura de la readmisión de inmigrantes, a la que recurrió Melilla para devolver a los subsaharianos que entraron en la ciudad en coches ‘kamikazes’. La cuestión planteada por el delegado del Gobierno de considerar este acuerdo un tratado internacional es rechazada por los dos portavoces de estas asociaciones de jueces.
Sexmero afirma que “la ejecución y la gestión de determinadas situaciones transfronterizas no pueden violar la Ley española y menos aún la Constitución y los tratados de la Unión Europea. Debe, por tanto, aplicarse la Ley de Extranjería” e insiste en que sólo un tratado internacional con Marruecos, no un mero acuerdo, podría estar por encima de la Ley de Extranjería.
Por su parte, Bosch añade que la interpretación de una norma estatal o internacional “no puede limitar derechos fundamentales porque serían siempre contrarias a nuestro ordenamiento jurídico”.

A favor del protocolo que reclama la AUGC

Los portavoces de Jueces para la Democracia y la Asociación Francisco de Vitoria, Joaquim Bosch y Marcelino Sexmero, respectivamente, se mostraron a favor del protocolo de actuación que reclama la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Sexmero es tajante: “En su actuación, las fuerzas de seguridad se ven obligadas a cumplir determinadas órdenes de efectos no deseados. Sería necesario actuar con un protocolo claro y seguro que establezca qué medidas de fuerza deben usarse, en qué ocasiones y cuándo la fuerza debe ceder ante la protección de la vida e integridad del inmigrante”.
Por su parte, Bosch hizo referencia a la tragedia ocurrida en Ceuta. Considera que la actuación fue “desproporcionada y manifiestamente innecesaria”, cree que debe ser “aclarada” y, en su caso, depurar responsabilidades, pues, destaca que los agentes “no actuaron de una manera espontánea, sino que han cumplido órdenes de sus superiores, en una cadena que llega hasta los responsables políticos”. Por tanto, concluye que “no se puede dar cobertura jurídica a actuaciones como la de Ceuta, en la que se ha disparado hacia personas que se encontraban en el mar, en condiciones precarias, en lugar de prestarles auxilio. El resultado de al menos 15 muertos es bastante significativo de cómo no debe actuar un Estado de Derecho”.