La Mesa de la Asamblea demanda al secretario de esta entidad un informe jurídico sobre cómo actuar ante la expulsión de Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad, del partido Ciudadanos (Cs). Dicho documento deberá estar listo en un plazo de diez días. Una vez que se tenga el informe, se actuará según se indique en el mismo o si no hay una conclusión clara sobre este asunto, se solicitarán opiniones a otras instituciones, como la Abogacía del Estado o el Consejo de Estado. Ésta ha sido la principal conclusión que se ha producido tras la reunión de este órgano en el que solo han estado la vicepresidenta primera y el vicepresidente segundo, al ser el presidente de la Asamblea el principal afectado del asunto que se trataba.
La vicepresidenta primera de la Asamblea, Dunia Almansouri, que hoy ejercía en la Mesa de la Asamblea como presidenta accidental, y que le daba un voto de calidad, indicó que se estaba dando a este asunto una repercusión mayor de la que creía cuando se está hablando de cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales. “Creo que la Mesa de la Asamblea no tiene que dirimir estas cuestiones tan relevantes”, afirmó.
Almansouri explicó que la reunión se convoca tras una petición del PP y para ello, se contaba con diez días que expiraban el viernes 13. Sin embargo, se ha adelantado este encuentro por temas de agenda.
“La postura ha sido en todo momento la de preservar los derechos fundamentales, en este caso, contemplado en el artículo 23 de nuestra Constitución y que hace referencia a la participación política y el derecho a ostentar un cargo. Dentro de esta defensa entiendo que ante esta situación, que por parte de un partido político se pretende cambiar una mayoría de Gobierno con la expulsión de un diputado, debemos, como mínimo, actuar con la prudencia necesaria que exige un derecho fundamental y esa prudencia, el primer paso que no exige dar es una petición de un informe”, afirmó la vicepresidenta primera de la Asamblea.
En este sentido, argumentó que esta petición de un informe se debe realizar dentro del marco de la reunión de la Mesa de la Asamblea. Indicó que se debe formalizar en este órgano y por ello, no se ha solicitado antes. Y es que el PP ha criticado que no se haya demandado este documento hace diez días cuando se conoció que el presidente de la Ciudad era expulsado del partido por el que entró en la Asamblea.
La vicepresidenta primera de esta institución explicó que no quería entrar a debatir públicamente sobre las dudas legales o jurídicas que se pueden tener sobre este asunto porque cree que esto podría condicionar a los que deben informar de ello. Insistió en que ella no tiene que hacer esta valoración, sino que serán los servicios jurídicos de la Ciudad, y en este caso en concreto, se ha solicitado el mismo al secretario general de la Asamblea. Una vez que se tenga este informe, “actuaremos en consecuencia”.
En el caso de que el informe no tuviera una postura clara, Almansouri dijo que se solicitarán otros informes que sean necesarios. “No estoy de acuerdo con la actitud del vicepresidente segundo de la Asamblea en cuanto a la premura que le quiere dar a un asunto que, por un lado, no está desarrollado en nuestro reglamento, y es una cuestión nueva a la que nunca nos habíamos enfrentado, por lo tanto, no tenemos un precedente que nos ayude a dirimir si la decisión que estamos tomando es la adecuada y de ahí lo de actuar con prudencia”, afirmó.
Asimismo, la vicepresidenta primera de la Asamblea subrayó que no está de acuerdo con el PP en que la mesa de este órgano tenga competencias para cesar al presidente de la Ciudad porque indicó que el Estatuto de Autonomía recoge cuáles son los supuestos en los que se tiene que cesar a un presidente y no está éste entre ellos.
Además, para Almansouri, el hecho de que dos diputados de la Asamblea puedan decidir por todo el órgano que ha elegido al presidente es otro de los temas que está sobre la mesa. “Estamos hablando de democracia, de derechos y no porque un partido político tenga ansias por recuperar la presidencia de la Ciudad, esta vicepresidenta primera se va subir a ese carro al que lleva el PP. Es una situación complicada, de defensa de derechos fundamentales”.
Y al hilo de esto, la dirigente de la Asamblea comentó que hay jurisprudencia y sentencias que han analizado esta cuestión en otras zonas del país y hay sentencias del Tribunal Constitucional en las que en ningún caso se ha despojado del cargo público a ese político.
Por ello, insistió que ante todas estas situaciones no ha tenido otra opción que demandar ese informe jurídico que avale la decisión que se pueda tomar al respecto.
La vicepresidenta primera dijo también que desconoce si el juzgado ha analizado ya o no las medidas cautelarísimas que solicitó el presidente de la Ciudad y apuntó que tampoco conoce el detalle de estas actuaciones solicitadas ni de los argumentos que planteaba De Castro en el juzgado. Indicó que solo recibió el justificante de haber presentado estas medidas en los tribunales.
En el caso de que se acepten esas medidas, Almansouri indicó que esto implicará que un juzgado paraliza la expulsión del presidente de su partido político, o al menos entiende ella esta cuestión porque cree que la demanda será en contra de su expulsión de Cs, por lo tanto, eso sería en lo que se actuaría.
“Pero más allá de lo que digan esas las medidas cautelares, las dudas legales las seguimos teniendo, en cuanto a quién es el órgano competente, cómo sería y si, en este caso de expulsión de un partido, cabe que el presidente pierda su condición. Ante todas estas dudas sin un informe jurídico no se puede adoptar una decisión”, dijo la vicepresidenta primera de la Asamblea.
Por otro lado, Almansouri sí que destacó que el Reglamento de la Asamblea determina que el informe que se ha solicitado al secretario de este órgano deberá estar listo en un plazo de diez días hábiles.
Asimismo, apuntó que si el informe da una respuesta clara y argumentada, se tendrá claro este tema. Pero si no es así, si nos encontramos ante otras dudas, deberemos recurrir a quien corresponda, y no descartamos ninguna vía, como el departamento de desarrollo autonómico, el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado o cualquier órgano que nos puede ayudar a tomar una decisión “acorde con nuestra Constitución”.
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