Arana presta declaración durante seis hora sobre el ‘voto por correo’

El ex director del SPEE está acusado de presuntos delitos de falsedad documental y obstrucción a la justicia. Hoy acudirá al juzgado la ex directora de UPD, Ana Mansilla.

A las 9:15 horas de ayer, el ex director del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), Joaquín Arana, acudió al Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla para declarar ante el juez como imputado en el caso del voto por correo. Hay que recordar que Arana fue acusado en un nuevo auto judicial del pasado 20 de marzo por presuntos delitos de obstrucción a la justicia y falsedad documental por su participación en la trama de compra de votos que tuvo lugar durante las elecciones generales del año 2008. A su entrada a los juzgados, el que fuera máximo dirigente del SPEE en Melilla no quiso realizar declaraciones.
Según ha podido saber El Faro, al contrario que otros imputados, el ex director provincial del SPEE sí prestó declaración ante el juez. Su intervención comenzó a las 9:30 horas y se prolongó hasta las 15:30, aproximadamente.
La mayor parte de su declaración estuvo centrada en el método empleado para seleccionar a las participantes en los Planes de Empleo extraordinarios de la Delegación del Gobierno que tuvieron lugar en 2008 y 2009, detallando de manera muy técnica el sistema de adjudicación empleado. Según las mismas fuentes, Arana continua imputado y el juez ha decidido no tomar medidas cautelares, al igual que ha ocurrido hasta la fecha con el resto de acusados.
Esta previsto que hoy a las 9:15 horas preste declaración en los juzgados de la ciudad autónoma la ex directora de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla, también imputada en el auto judicial del 20 marzo y que está acusada de presuntos delitos de obstrucción a la justicia y falsedad documental, los mismos que Arana. Por otro lado, el ex delegado del Gobierno y actual líder del PSOE, Gregorio Escobar, acudirá ante la justicia el próximo martes.
Según el último auto del juez Miguel Ángel García Gutiérrez, la hipotética participación de Arana tuvo lugar a la hora de encontrar sitio en los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno a aquellas personas que habían votado en los comicios generales de 2008 a la alianza política formada por Coalición por Melilla (CpM) y Partido Socialista (PSOE) a cambio de un puesto de trabajo.
En concreto, y siempre siguiendo lo indicado en el auto, se llevaron a cabo una serie de reuniones institucionales en las que el ex delegado del Gobierno y actual líder del PSOE local, Gregorio Escobar, “llevaba la voz cantante” y en los que se inventaron grupos de exclusión social que no se encontraban recogidos en ninguna legislación para poder incluir a más personas en los Planes de Empleo.

“Búsqueda automática”

Como órgano gestor de los Planes de Empleo, fue misión de Mansilla la recopilación de las necesidades laborales de las diferentes empresas y organismos que se adhirieron a la subvención de los planes, para realizar la petición de trabajadores al SPEE, dirigido por Arana.
Con la única intención de que el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) seleccionara de forma automática a las personas que iban a ser contratadas de manera genérica, supuestamente se realizaron búsquedas en dicho programa para códigos ocupacionales distintos a los que iban a ser contratados, siendo seleccionados de esta forma, los trabajadores a los que desde el SPEE habían cambiado los códigos ocupacionales para que fueran elegidos de manera ‘automática’.

Intervención en la “última fase” de la “trama delictiva”.

Según el auto judicial del 20 de marzo, en el que se imputó a Arana y Mansilla, su presunta participación en la trama del voto por correo tuvo lugar en la fase final, cuando el líder de CpM, Mustafa Aberchán y el del PSOE, Dionisio Muñoz, comenzaron a gestionar la inclusión en los Planes de Empleo extraordinarios de Delegación a aquellas personas a las que habían prometido un trabajo a cambio de su voto. Esta fase comenzó con la solicitud por los cauces legales de la subvención correspondiente para la adjudicación económica necesaria para llevar a cabo los planes de empleo, debiendo tanto Muñoz como Aberchán “influir” sobre el delegado del Gobierno en aquel entonces, Gregorio Escobar.
Para la contratación directa, supuestamente bastó con que desde el SPEE, dirigido por Arana, se propusiera como seleccionados a las personas que iban a cubrir los grupos de exclusión social correspondientes, sin perjuicio de las propuestas que se hicieran desde otros organismos.
Una vez preseleccionados los trabajadores que iban a ser contratados, era misión de Mansilla comprobar que dichas personas cumplían los requisitos exigidos para cada uno de los puestos de trabajo que iban a ocupar, evidenciándose “una clara ilegalidad en estos hechos”, al haberse comprobado cómo existieron multitud de contrataciones de personas que incumplían claramente los requisitos exigidos.