Una aproximación sucinta a la política territorial del Protectorado en Marruecos

El curso dilatado del conflicto bélico en el Rif, unido a los inconvenientes presupuestarios de los gobiernos republicanos y, como no, el rastro cruento y mortífero de la Guerra Civil (17-VII-1936/1-IV-1939), dificultaron la gestión de España a lo largo de tres décadas. Conjuntamente, hasta 1927, e incluso durante algunos años más, las principales intervenciones se condicionaron al menester militar, fundamentalmente, a los medios de comunicaciones. Sin obviar, que la burguesía podía haber procedido como agente planificador, si bien, se consideró parca a realizar importantes inversiones en un territorio inhóspito y desfavorable.

Inicialmente, la fuerte resistencia habida por parte de las cabilas rifeñas, más el atraso tecnológico que reinaba en Marruecos y España, la falta de eficacia en el recaudo de impuestos y la exigua unificación interna del mercado de la zona, sobrecargaron considerablemente la acción española en la etapa monárquica. Además, entre los años 1913 y 1927, el 90% de las cuantías presupuestadas eran dilapidadas por los costes militares.

En aquellos trechos el impulso privado llevó a término varias operaciones en los campos de la colonización agrícola y la explotación minera. Tómese como ejemplo, la Compañía Española de Colonización que obtuvo 27.000 hectáreas en las cercanías de Melilla que se fraccionaron en parcelas para arrendarlas o venderlas a colonos. Del mismo modo, diversas entidades incrementaron sus actividades que habían emprendido en la región, hasta el punto de construirse las dos primeras vías férreas para transportar mineral al puerto de Melilla.

Y entretanto, la propia explotación de las minas se convertiría en una de las principales tareas económicas, pero no llegó a ver cumplidas las excesivas posibilidades que se habían creado y los beneficios para la zona resultarían insignificantes, pues, poco más o menos, el conjunto del mineral se exportó.

En esta etapa la mejora de las infraestructuras viarias estuvieron supeditadas por las urgencias militares y los afanes se condensaron en la edificación de carreteras y pistas de carácter íntegramente estratégico. Los trabajos ferroviarios se centralizaron esencialmente en la línea Tánger-Fez, concluida en 1927 y ejecutada con capital privado franco-español. Dicha línea se completó en 1923 con otra que engarzaba Larache y Alcazarquivir y, que a su vez, conectaba con la primera.

En base a lo anterior, en 1914 y 1918, primero, se abrió la línea Tetuán-Río Martín y, segundo, Ceuta-Tánger, pero la ausencia de previsión y de una planificación acorde, fusionado a la apatía de la administración y las pifias en la iniciativa privada, ocasionaron que la red perdiese fuelle en las comunicaciones.

Las actividades en la esfera socio-cultural se enfocaron mayoritariamente a sistematizar los sistemas educativos y sanitario. Los administradores encauzaron la escolarización teniendo en cuenta los componentes de la lógica colonial, cubriendo para ello las carestías de la comunidad española y distinguir las elites judía y musulmana, con el propósito de desmarcar a la primera de la sociedad marroquí y así procurar conquistar a la burguesía musulmana para atajar probables discrepancias políticas.

Pero las prerrogativas dadas a esta última fueron taxativas por el cometido que se estableció: dedicarse a cargos subalternos y proceder como intermediario entre la sociedad tradicional y la economía colonial. La fórmula educativa se armonizó propiamente en tres sistemas. Primero, español, similar al metropolitano; segundo, hispano-israelita, consignado a la urbe judía; y tercero, hispano-árabe, pensado para la población musulmana.

"Con sus claros y oscuros, España asumió el encargo de embarcarse en numerosas reformas orientadas a auspiciar la modernización y el desarrollo de dos demarcaciones del Sur y Norte de Marruecos. Transcurrido este tiempo desde el punto y final del Protectorado, el debate continúa estando vivo sobre sus permisibles resultados"

Esta última no se dotó de los recursos adecuados y los esfuerzos se aglutinaron en la enseñanza primaria rural y con más énfasis la enseñanza profesional. En cuanto a la viabilidad de la sanidad, no sólo respondió a los requerimientos contraídos en el Convenio de 1912, ni fue una simple acción de altruismo, sino que contribuyeron al interés por remediar la transmisión de afecciones entre los españoles emplazados en la región, su importación a Ceuta y Melilla o la Península, porque en el fondo perturbaba y por el hecho de ser un temible instrumento político.

Es así como la atención sanitaria valía para enmendar la plana y los desaciertos de la dominación española, justificar los provechos propios del Protectorado y la supremacía de la civilización occidental. Igualmente, proporcionaba el conocimiento entre la población por medio del contacto directo con el médico, siendo beneficioso para conservar saludable al marroquí que constituía la mano de obra barata.

Por lo demás, durante el Directorio de Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930) las principales ejecuciones se concentraron en las obras públicas, consideradas un hándicap sustancial para evolucionar hacia la pacificación y vigorizar el desenvolvimiento económico. Y es que, la conclusión del conflicto bélico comportó una importante desmovilización de integrantes marroquíes y el incremento de las obras desbloquearía el desempleo.

La voluntad política de las previsiones de obras públicas se hizo ostensible en la exposición del aprobado en 1928. Indicándose que no sólo satisfaría las necesidades que requería un protectorado ejemplar, sino que de igual forma debería disipar las contrariedades de las comunicaciones que, además de ayudar al sostenimiento de la zona, era un elemento primordial para allanar el traslado de tropas y su posterior abastecimiento. Lo cierto es, que la subordinación del desarrollo de la red viaria a las carencias estratégicas habidas, entorpecería su reconversión para manejos civiles e irrevocablemente haría caer la balanza en la ordenación territorial de la zona.

A decir verdad, la principal de las iniciativas consistió en la carretera Tetuán-Melilla acabada en 1933, dando paso a la conexión de las regiones oriental y occidental. En el plano de las instalaciones portuarias, escasamente desarrolladas y en todo momento limitadas por los puertos de Ceuta y Melilla, las obras más significativas se plasmaron en Villa Sanjurjo y Larache, pero el apresuramiento y la falta de un análisis minucioso produjeron que ambos mostraran complicaciones técnicas que de ningún modo se consiguiesen resolver.

Con las mismas miras se prestó atención a las obras hidráulicas calificadas un medio revalorizador de la economía. De hecho, la administración activó varias iniciativas públicas y, en paralelo, dispuso concesiones a empresas privadas. Es por ello, por lo que en 1928 la Sociedad Electras Marroquíes las adquirió en las cuencas de los ríos Talambot y Lau, y poco después comenzó la construcción de la presa de Ali Thelat que hizo más ameno el ensanchamiento del regadío, como el suministro de electricidad.

De este modo, gracias al establecimiento del Crédito Agrícola, la Dirección de Colonización, los sindicatos agrícolas y los perímetros de colonización, más la desecación de terrenos o la extensión de la enseñanza agrícola, entre algunos, la colonización agrícola recibió un fuerte impulso, proporcionando la estabilidad de otras compañías afines. A pesar de todo, el aglutinante de colonos lo compusieron campesinos pobres o jornaleros agrícolas, que en un espacio de tiempo relativamente breve se convertirían en proletarios de las explotaciones o compañías.

"El régimen desempeñado de protectorado entronizado fue una forma amortiguada de dominación colonial que debía fraguarse en el convencionalismo de administración indirecta, pero, que realmente acarreó la pérdida de la soberanía marroquí".

Y qué decir del entresijo sanitario que experimentó una propulsión comparativamente apreciable conforme prosperaba la dominación de cabilas y, más resolutivamente, tras la pacificación con la puesta en escena de hospitales, dispensarios y consultorios, además de campañas sanitarias, regulación del sistema sanitario o confección de estadística, pero estas intervenciones se menguaron por la laguna de medios materiales y humanos de los servicios sanitarios.

Asimismo, es imprescindible hacer alusión a los esfuerzos materializados para intervenir moderadamente el sistema educativo islámico, o séase, el sistema tradicional vinculado a las mezquitas que hasta ese mismo momento había operado con suficiente independencia.

Hasta la aparición de la República, las actuaciones materiales fueron visiblemente insuficientes y algunas poco rentables. Ya en los años veinte, España era observada como muestra de cómo no debía proceder un estado colonizador. Pero los regímenes republicanos, desprovistos de una política colonial precisa y con un sinfín de rompecabezas políticos y económicos por resolver, prefirieron estrictamente reorientar y amplificar en algunos casos, las operaciones en curso, aunque revisando los gastos persistentemente. Si el Gobierno incidió en las obras públicas, las demandas republicanas se volcaron en los recintos sanitario y, mayormente, educativo.

Para ser más preciso en lo fundamentado, la administración republicana regularizó y promovió la enseñanza islámica, como también modificó la enseñanza hispano-árabe, combinó la española y la hispano-israelita, desarrolló la profesional y la secundaria y dio margen a otros centros. Debiendo incidir en la esencia arabizante que se confirió a la enseñanza hispano-marroquí, como prueba de respeto a la tradición majzeniana y por la distinción de apuntalar la lengua árabe en el Rif.

Pese a todo, en principio la República no retocó la orientación otorgada al sistema educativo desde los comienzos del Protectorado, propuesta que chocaba con los programas preservados. En tal sentido, la Delegación de Asuntos Indígenas (DAI) patrocinó la no imposición de la enseñanza en las zonas rurales, con el pretexto de que las familias precisaban de sus hijos para ocuparse de las tareas del campo. Además, tenían asumido que el conocimiento obligatorio arrastraría a los jóvenes a unos entendimientos que los estimularían a reclamar mejores condiciones de vida en las ciudades.

Durante la dictadura franquista (1939-1975) la labor española sintió mayor vitalidad, en parte, por el acomodamiento de recuperar a los marroquíes la ayuda facilitada durante la Guerra Civil, más la necesidad de contener el movimiento nacionalista, la voluntad de destacar la ineficacia de los regímenes políticos precedentes, fundamentalmente, el republicano, la atracción por adjudicarse una incontrastable influencia internacional en el período en que España estuvo subyugada al retraimiento y el designio de hacer rayar el ilusorio respeto de su acción en Marruecos, de cara a las políticas coloniales del Reino Unido y Francia, estimadas por los teorizantes colonialistas de aquel entonces como impositivas y embaucadoras.

Entre 1942 y 1946, respectivamente, se dieron luz verde a distintos programas sectoriales, algunos trazados con técnicas y preceptos anticipados para su tiempo; además, se dibujó una política urbanística al igual que se proyectaron las líneas maestras de lo que intentó ser una vasta política territorial en una aspiración de obras públicas y revalorización económica que se pronosticaba implementar en un plazo de cincuenta años.

La incompatibilidad de automatizar y dosificar el gasto en una etapa tan amplia, causó el beneplácito de planes quincenales. El primero, se ratificó en 1946, pero en general se renunció ante los intereses privados o del propio ejército, en menoscabo de los empeños generados y del punto de vista de conjunto en el instante de atribuirlos. Esta coyuntura, ensamblado a los aprietos económicos, la indolencia de la administración y la irrisoria iniciativa privada, indujeron que los resultados estuvieran distanciados de las conjeturas y que muchas obras no llegaran a ejecutarse.

Prioritariamente, los objetivos hidráulicos se ajustaron en el abasto de las urbes, el regadío y la productividad y la dotación eléctrica. Mismamente, se programaron diversos embalses reguladores y se previno irrigar miles de hectáreas. Aun así, los técnicos advertían que al concluir las obras la zona registraría déficit agrícola.

Tal y como aconteció en otras comarcas, los trabajos desarrollados quedaron a los mínimos con relación a los imaginados y no se cubrieron las escaseces de agua potable como una de las prioridades en numerosos núcleos urbanos.

Pasando al entorno portuario el escenario podía considerarse penoso, pero la administración continuó tonificando el influjo de Ceuta y Melilla y apostó por verificar las obras indispensables en los puertos para disponerlos a usos definidos como el aspecto comercial, los embarcaderos, el refugio y la pesca. Amén, que las actividades en la red de carreteras se interpretaron tanteando el esparcimiento de la población indígena, las rudas condiciones del área y el reducido desarrollo económico. En otras palabras: se evitó la retórica junto a los triunfalismos y se diseñaron proposiciones razonables.

Al extinguirse el Protectorado se habían construido nada más y nada menos, que casi 2.500 kilómetros de carreteras que aderezaron la red viaria durante décadas, aunque como es lógico se traslucieron innumerables trastornos y dilemas. En contraste, en el prisma ferroviario se pretendió normalizar la red existente, aunque quedaron en agua de borrajas y con una declaración de principios poco realizable económicamente y un clarividente propósito propagandístico.

En resumen, la revalorización económica de la zona se planeó, poco más o menos, como un complemento específico de las obras públicas. Ante la inestabilidad innegable entre la población y las viabilidades agrícolas se sugirió que el suministro de la metrópoli sería el mínimo objetivo. Más bien, las prácticas agrícolas se encaminaron a la modernización de las explotaciones a través del ímpetu del regadío, acrecentando para ello los espacios de cultivo, introduciendo plantaciones de frutales e instituyendo tierras de demostración, granjas experimentales y colonias agrícolas, con los consiguientes créditos a los agricultores en condiciones propicias. Sin embargo, las actuaciones resultaron bastante distantes de las suposiciones y parte del volumen agrícola quedó relegado, permaneciendo la indigencia entre la población rural.

Con idéntico talante se establecieron las pautas de maniobra y los compases de explotación en el terreno forestal, presumiendo que se llegarían a trasplantar unas 2.000 hectáreas al año, dándose concesiones a importantes empresas que finalmente salieron beneficiadas de la explotación de los bosques. No ha de soslayarse, que la revalorización minera y el desarrollo de la industria principalmente de signo artesanal y de dimensión local, a duras penas fueron objeto de la acción pública, motivo por el cual dichas actuaciones quedaron en manos de la apertura privada.

El vertiginoso crecimiento de la población que en algunas ocasiones habían producido la realidad del chabolismo, las perspectivas que desplegaban los proyectos de obras públicas y de revalorización económica y el menester de reparar las anomalías inducidas por ejercicios anteriores, convulsionaron a la Alta Comisaría a prestar especial vigilancia al ordenamiento urbanístico. Ciertamente, hasta el momento no había concurrido específicamente un organismo encomendado para estas cuestiones, siendo el personal de la Delegación de Fomento, como los ingenieros militares y técnicos de los organismos municipales quienes habían llevado la voz cantante.

Alcanzado el año 1942 se implantó la Junta General de Urbanización que acabó encargándose de promover, codificar y agrupar los planes de urbanización en sí. Su encaje permitió equilibrar criterios e instrucciones pero, como en otras parcelas, el salto cualitativo entre lo planificado y ejecutado era enorme por el incumplimiento de la legislación urbanística y la incapacidad económica, técnica y social de plasmar proyectos. Sin inmiscuir, que la calidad de las obras se mantuvo en la deficiencia.

A resultas de todo ello, tanto a nivel cultural, educativo y sanitario, la Alta Comisaría desenvolvió una tarea proactiva con una clara intencionalidad propagandística que aspiraba acentuar las magnanimidades del Protectorado y la indiferencia que identificaba la acción española, pero las derivaciones fueron bastante decadentes, o digamos que menesterosas.

Es por ello, por lo que se adecuaron diversas fundaciones para desarrollar la cultura marroquí, aunque su funcionamiento estuvo estrechamente inspeccionado. Sea como fuere, se incrustó la enseñanza media marroquí, al igual que se fraccionó la enseñanza profesional en dos ramas (agrícola y técnica) y se reestructuró la enseñanza artística. Aunque cada una de estas medidas estaban encaminadas a alcanzar objetivos a medio plazo, no quedaban al margen la ausencia de presupuesto, como de educadores y escuelas que irremediablemente dificultaron su aplicación.

En 1946 con la premisa de sofocar al movimiento nacionalista se infundió la adopción de otras iniciativas. Así, la Alta Comisaría legisló la exigencia de la enseñanza religiosa para los niños musulmanes, fundó el Ministerio de Instrucción Pública, restauró la enseñanza primaria y el bachillerato e introdujo centros escolares.

Diez años más tarde, o séase, en 1956, la población musulmana escolarizada únicamente alcanzaba el porcentaje paupérrimo del 13%, mientras que la española lo estaba íntegramente.

Con respecto a la política sanitaria el frente estuvo prácticamente abierto en las innumerables luchas y campañas contra las afecciones epidémicas, además de persistir en el montaje de infraestructuras sanitarias y la regulación de algunos cuerpos y servicios. Finalmente, la beneficencia se convirtió en otro de los campos al que las autoridades tuvieron que prestar más miramiento por las estrecheces socioeconómicas.

Recuérdese, que en 1941, un aluvión de hambruna producida por el empobrecimiento de las cosechas, más la subida desorbitada de los precios en los productos, entre algunos de los motivos, causó centenares de extintos. Si bien, los refuerzos adquiridos atenuaron en parte los efectos desencadenantes de la crisis epidemiológica, terciados la década, la zona fue azotada por una calamitosa sequía que volvió a determinar la subida de los costes, traslados de población, miles de muertes y otras epidemias que suscitaron gran insatisfacción social.

En su conjunto, la administración española hubo de reaccionar apresuradamente y no le quedó otra que aprobar medidas asistenciales e iniciar obras públicas para facilitar puestos de trabajo. Poco a poco, los episodios más calamitosos de la sequía cesaron, pero la pobreza se mantuvo. Entre las últimas disposiciones tomadas cabrían subrayar, la plasmación del Ministerio de Acción social en 1954, pero los éxitos obtenidos pueden contemplarse inútiles por los irrisorios recursos que se activaron, refundido al fiasco de las políticas económicas y la corrupción presente.

En consecuencia, con sus claros y oscuros, a raíz del Convenio hispano-francés de fecha 27/XI/1912, España asumió el encargo de embarcarse en numerosas reformas orientadas a auspiciar la modernización y el desarrollo de dos demarcaciones del Sur y Norte de Marruecos. Compromiso que se alargó hasta el año 1956 en que el país alauí accedió a la Independencia. Transcurrido este tiempo desde el punto y final del Protectorado, el debate continúa estando vivo sobre sus permisibles resultados.

Si las primeras apreciaciones se vertieron entre aplausos y exaltaciones desmedidas o críticas contradictorias, no son pocas las investigaciones divulgadas que ponen de manifiesto que la realidad que allí se forjó era mucho más enrevesada en su complejidad. El régimen desempeñado de protectorado entronizado fue una forma amortiguada de dominación colonial que debía fraguarse en el convencionalismo de administración indirecta, pero, que realmente acarreó la pérdida de la soberanía marroquí.

Y en el horizonte, España habría de impulsar las reformas imprescindibles para que Marruecos alcanzase de una vez por todas, un grado de desarrollo que al menos le otorgase desarrollarse por sí mismo, pero la amplia mayoría de las innovaciones fueron constituidas según los criterios e intereses de los actores protectores, que a todas luces confirmaron sus propósitos, al resistirse férreamente a finiquitar este sistema cuando aumentaron las reivindicaciones del Sultán, las porciones nacionalistas y una parte integrante de la sociedad marroquí.