Aprobada la licitación para construir la residencia universitaria con una inversión de casi 13 millones

La Asamblea de Melilla celebró en la mañana de este jueves una sesión plenaria marcada por el debate en torno al contrato administrativo mixto de concesión de obras para la construcción y explotación de una residencia universitaria en la ciudad. La iniciativa, impulsada por el Gobierno local, salió finalmente adelante con 14 votos a favor y 9 en contra, tras un intenso intercambio de argumentos entre los grupos de la oposición y el consejero de Fomento, Miguel Marín.

El pleno comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de una víctima de violencia de género, una mujer de 58 años asesinada en Burgos el pasado 10 de marzo. También se guardó otro minuto de silencio al cumplirse un año del que fue recordado como “el peor acto terrorista que ha sufrido España”, en referencia al atentado que dejó 193 víctimas mortales y cerca de 2.000 heridos.

Tras estos momentos de recuerdo institucional, la sesión abordó el primer punto del orden del día: la licitación de la concesión para la construcción, explotación y mantenimiento de una residencia universitaria, que se ubicará en el espacio del antiguo cuartel de la Policía Local, junto con la ejecución de un aparcamiento público en la zona de General Astilleros.

CpM critica el coste para la ciudad

El primero en intervenir fue el diputado de Coalición por Melilla (CpM), Rachid Bussian, quien recordó que el expediente ha sido debatido en varias ocasiones tanto en pleno como en comisión. Sin embargo, aseguró que su grupo sigue detectando “importantes lagunas” en el proyecto.

Bussian reprochó al Gobierno que inicialmente se presentara la iniciativa como una operación sin coste para la ciudad.

“Quiero recordarle, señor Marín, que se dijo desde esa misma bancada que este proyecto no le iba a costar a la ciudad ni un solo euro. Es más, el artículo dijo ni un solo euro”.

El diputado de CpM aseguró que, con la aprobación del contrato, la ciudad tendrá que asumir gastos que rondan los tres millones de euros, especialmente por actuaciones vinculadas al aparcamiento y a la demolición de las antiguas instalaciones.

“Pues bien, señor Marín. En cambio, a día de hoy, con la aprobación de este tipo de contratos, ya le va a costar a la ciudad, por ahora, casi tres millones de euros”.

Bussian también cuestionó la duración de la concesión, que según explicó supondrá ceder terrenos públicos durante décadas a una empresa privada.

“Ya no solo le vamos a conceder al futuro beneficiario unos terrenos para explotar y ganar bastante dinero durante casi más de 50 años, sino que además le vamos a pagar, si me permite la expresión, parte de la fiesta”.

Asimismo, criticó que el expediente haya llegado al pleno con observaciones técnicas pendientes.

“Un expediente que, además, viene arrastrando todo tipo de salvedades, correcciones y evasiones por parte de la Función Interventora y que no se han corregido en su totalidad”.

El PSOE denuncia que el proyecto supone “un negocio privado a 40 años”

Desde el Grupo Socialista, el diputado Riduan Moh reiteró la oposición de su formación al proyecto desde su inicio. Según explicó, su grupo considera que la iniciativa no garantiza el carácter público de los terrenos ni el beneficio directo para la ciudad.

“Hemos votado en contra de todo el proceso desde el principio, vamos a seguir votando en contra”.

El parlamentario socialista defendió que su partido sí respalda el desarrollo universitario de la ciudad, pero no bajo el modelo planteado.

“Nosotros lo que queremos es más universitarios, más apoyo universitario, pero lo que no queremos es un negocio privado a 40 años”.

Moh cuestionó además que el suelo destinado al proyecto esté reservado en el planeamiento urbano para equipamientos públicos.

“Primero el suelo, que en el PGOU tiene que estar reservado para equipamientos públicos, es decir, cuestiones para servicios de la ciudadanía. Pero lo que aquí se trae es que una empresa construya una residencia y explote durante cuatro décadas un terreno público para ganar dinero”.

El diputado también ironizó sobre la clasificación del proyecto como uso docente.

“Lo más gracioso es que ustedes, para que encajen esto, han calificado el proyecto de uso docente. ¿Van a hacer exámenes en la residencia? No. En la residencia van a dormir, van a vivir y van a pagar”.

Otro de los puntos criticados fue el estudio económico del proyecto, que a su juicio no contempla variables como la inflación o el valor final del edificio.

“Nos dicen que durante 40 años el negocio va a funcionar prácticamente igual. O sea que en 40 años no va a cambiar el precio de absolutamente nada”.

También cuestionó la ubicación elegida para la futura residencia universitaria, que considera alejada del campus.

“Estamos viendo los problemas de conectividad urbana que hay en Melilla y ustedes van a ubicar las futuras residencias de estudiantes en la otra punta de la ciudad”.

Vox respalda el proyecto

Por su parte, el diputado del grupo Vox, José Miguel Tasende, señaló que el crecimiento del número de estudiantes procedentes de fuera de Melilla justifica la construcción de nuevas plazas residenciales.

Según explicó, un informe de viabilidad elaborado por la Universidad de Granada recoge que en los últimos cinco años ha aumentado un 17% el número de estudiantes no melillenses.

“Habida cuenta de la residencia actual, que cuenta con solo 93 plazas y que la nueva dará un total de 225 plazas, suman entre las dos 318 que tampoco parece excesivo”.

Tasende subrayó que la obra debe ejecutarse “a riesgo y ventura del concesionario”, por lo que pidió que se garantice que la ciudad no tenga que asumir costes durante la construcción.

“Queremos que no haya en medio de la obra que aportar dinero de la ciudad porque, insisto, la obra debe hacerse a riesgo y ventura del concesionario”.

También planteó dudas sobre la gestión futura de las plazas, especialmente en los meses de verano.

“La pregunta es si habrá un control de cómo se dan esas plazas para que la oferta a los estudiantes prevalezca sobre la del público en general”.

Somos Melilla propone rehabilitar el hospital comarcal

El diputado de Somos Melilla, Amín Azmani, criticó igualmente la evolución del proyecto desde su planteamiento inicial, cuando se anunció como una inversión totalmente privada.

“Luego que no nos iba a costar ni un euro, porque la inversión iba a ser privada por valor de 13 millones de euros”.

Azmani aseguró que el proyecto ha ido cambiando con el tiempo y que ahora se plantea una inversión municipal cercana a los tres millones de euros.

Además, defendió una alternativa basada en la colaboración entre administraciones públicas.

“Había una alternativa sin necesidad de que hubiese una intervención privada y era una colaboración interinstitucional entre el Estado y la ciudad autónoma”.

En ese sentido, propuso la rehabilitación del antiguo hospital comarcal como residencia universitaria.

“Rehabilitar el hospital comarcal dotaría a esta ciudad de más de 300 plazas en el caso de que quisiéramos dedicarnos únicamente a residencias de estudiantes”.

También criticó que se impulsen nuevas infraestructuras cuando algunas existentes aún no han sido finalizadas.

“La residencia actual de estudiantes. Ustedes se comprometieron a que en marzo o abril se procedería a la finalización de las obras e inauguración de esa infraestructura. Mentira. En el mejor de los casos nos iremos al verano”.

La ciudad no pagará la residencia

El consejero de Fomento, Miguel Marín, respondió a las críticas insistiendo en que el proyecto no supondrá ningún gasto para las arcas públicas en lo relativo a la residencia universitaria.

“Coste de vivienda, cero euros, óiganlo bien, cero euros”.

Marín recalcó que la inversión estimada de casi 13 millones de euros será asumida por la empresa adjudicataria.

“La ciudad pone cero euros. De esos cerca de 13 millones de euros que cuesta hacer la residencia universitaria y dotarla del equipamiento inmobiliario correspondiente, la ciudad no pone ni un solo euro”.

El consejero explicó que la concesión tendrá una duración de 40 años, de los cuales dos se destinarán a la construcción y 38 a la explotación.

El edificio contará con 7.000 metros cuadrados construidos, además de espacios anexos, y ofrecerá 225 plazas distribuidas en habitaciones individuales, dobles y triples.

También detalló las instalaciones previstas, entre ellas zonas de estudio, biblioteca, gimnasio, lavandería y conexión a internet de alta velocidad.

Marín defendió que el proyecto contribuirá al desarrollo universitario de la ciudad y generará empleo.

“Se trata de un proyecto dinamizador de la economía y el empleo de la ciudad”.

Además, justificó la construcción del aparcamiento público asociado a la obra.

“Queremos aprovechar esta construcción para que la ciudad se quede con un parking público para el conjunto de los ciudadanos de nuestra ciudad”.

El consejero aseguró que el proyecto permitirá aumentar la capacidad de alojamiento para estudiantes que llegan desde la península.

“Si vienen personas de fuera de Melilla a estudiar, jóvenes de la península, usted puede explicar a los melillenses dónde los quiere alojar”.

Finalmente, reiteró que la residencia universitaria es una infraestructura necesaria para consolidar el crecimiento del campus universitario en la ciudad.

“Aquí sometemos a debate y aprobación un gran proyecto para Melilla, un proyecto necesario para seguir avanzando en el desarrollo universitario en nuestra ciudad”.

Tras el debate, la propuesta fue sometida a votación y aprobada con el respaldo de 14 diputados frente a 9 votos en contra, lo que permitirá iniciar el proceso de licitación del contrato para la construcción y explotación de la futura residencia universitaria.