Anulada parcialmente la oposición de bomberos de Melilla de 2017

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla, Francisco Ledesma, ha estimado parcialmente el recurso presentado por cinco opositores a bomberos en el año 2017 contra la resolución del tribunal, que los consideró no aptos, y ha anulado aquellas oposiciones después de seis años de litigio al considerar que hubo un trato de favor de la presidenta del Tribunal a una de las opositoras en la prueba psicotécnica y de personalidad. La joven superó las oposiciones y actualmente es la única mujer en el cuerpo de bomberos de la ciudad. Es por ello que cinco de los opositores que participaron en dicha prueba y que habían sido declarados no aptos, iniciaron un doble camino judicial. Por un lado, ejercieron una acción penal por presunto delito de prevaricación que, pese a las "evidencias de manipulación" del proceso selectivo, fue sobreseído por el Juzgado de Instrucción de Melilla, al no apreciar indicios de criminalidad. Sin embargo, los opositores no se conformaron con esa resolución y recurrieron de forma paralela al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla. Este pasado miércoles, éste les ha dado la razón. Según refiere el letrado de acusación Antonio Suárez-Valdés, abogado de los cinco opositores recurrentes, de todas las arbitrariedades que ha podido detectar en materia de procesos selectivos en la Ciudad Autónoma y "que no son pocas", este caso es "sin duda el más evidente y grosero de trato de favor hacia  una candidata" que ha podido constatar. Suárez-Valdés ha manifestado que se pudo acreditar en el proceso judicial que el tribunal de selección alteró sus propios criterios de calificación expresos, con la finalidad de permitir que una opositora superase una prueba que tenía suspensa, extremo éste que no hizo con el resto de los opositores excluidos del proceso por el mismo motivo. Se daba la casualidad de que las tías de esa opositora tenían una amistad íntima con la presidenta del Tribunal, la cual llamó a las psicólogas asesoras del tribunal para que alteraran los criterios de corrección sin aprobación previa del resto de los miembros del tribunal, según consta en el expediente judicial. Esto provocó incluso que en dicho órgano de selección se produjeran dimisiones, al no querer formar parte algunos de sus miembros de dicho cambalache. Según el letrado, el juez en su "cuidada sentencia" desmonta toda esta "operativa fraudulenta", ordenando repetir la prueba psicotécnica y de personalidad a los aspirantes que habían sido injustamente declarados no aptos en la misma, pero al tiempo despoja de su plaza de funcionaria a la opositora favorecida por las irregularidades producidas, la cual tendrá igualmente que repetir la prueba. "Una gran victoria del estado de derecho y del control jurisdiccional de la actividad administrativa", ha dicho Suárez-Valdés.