EL constante intento de entrada de inmigrantes ocultos en vehículos es la mejor demostración de que para atajar este despreciable tráfico de seres humanos no basta con la acción de policías, guardias civiles y jueces. El riesgo para estos delincuentes es menor que el beneficio y las penas no superan los cuatro años de prisión cuando el acusado reconoce el delito. Sin embargo, ningún condenado llega a permanecer tanto tiempo entre rejas gracias a los beneficios penitenciarios que acortan considerablemente su permanencia en la cárcel.
Quienes más arriesgan son los inmigrantes. Además de importantes sumas para poder participar en una de estas aventuras, ponen su vida en manos de despreciables individuos que no dudarán en dejarlos abandonados a su suerte si consideran que pueden ser descubiertos.
No hay ningún indicio de que este tráfico vaya descendiendo a pesar de las periódicas detenciones en la frontera y de las condenas que se imponen cada semana por esta clase de hechos. Más bien parece todo lo contrario. El ‘negocio’ no decae para los traficantes, que cuyas demostraciones de ingenio son cada vez mayores a la hora de buscar rincones donde ocultar a sus víctimas.
En vista de que la acción de los agentes y jueces no es suficiente, el problema queda en manos del legislador. Sólo unas leyes más duras podrían hacer dudar a estos individuos que se lucran con la necesidad y miseria ajena.
Hasta ahora no se ha conocido la muerte de ningún inmigrante atrapado en alguno de estos habitáculos. El último suceso del que ha informado la Comandancia de la Guardia Civil ha tenido como protagonista a un marroquí que estaba oculto bajo el capó de una furgoneta, junto a las fuentes de calor, pegado al sistema eléctrico y muy cerca de las correas de transmisión. Los traficantes tuvieron que retirar parte del motor y volver a instalarlo para que el inmigrante pudiera entrar en el agujero. Esta circunstancia hubiera hecho imposible su huida en caso de una situación de emergencia. Además, ese iba a ser su habitáculo durante las próximas horas porque la furgoneta se disponía a embarcar en uno de los barcos que cubre la ruta entre nuestra ciudad y Málaga.
En casos como éste, la condena habitual de cuatro años de prisión no parece suficiente. Es más que evidente que la vida del inmigrante ilegal ha corrido un serio peligro y que el conductor de la furgoneta ha despreciado este riesgo a cambio de una importante suma de dinero.
Afortunadamente, no ha habido que lamentar ninguna desgracia. En caso contrario, a estas horas el partido en el Gobierno ya habría ofrecido como respuesta la promesa del endurecimiento de las penas para los individuos que trafican con inmigrantes o el partido en la oposición habría salido rápidamente a la escena pública para exigir mano dura con estos delincuentes. Por desgracia para el primer inmigrante que tarde o temprano fallecerá en una de estas arriesgadas aventuras, ni los primeros ni los segundos tienen prisa por tomar medidas.
