El que hasta ahora ha sido diputado de Vox, Juan Carlos Escoz, y el que tomará posesión en este cargo en breve, Javier Da Costa Solís, están citados a declarar ante un juez. Se inician las diligencias previas tras la denuncia de que fue también diputado de Vox en la ciudad y que ahora es diputado no adscrito de la Asamblea, Jesús Delgado Aboy, por un presunto delito de descubrimiento de secretos.
El auto en el que se recoge esta cuestión, al que ha tenido acceso El Faro, describe que se incoan diligencias previas y se van a practicar aquellas que sean esenciales encaminadas a determinar si se cometió o no este delito leve, como se define en este escrito del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2.
Por ello, se ha citado en octubre a tres personas, el que dejará de ser diputado, Juan Carlos Escoz de Gracia, y a su padre, con el nombre Juan Carlos Escoz García, y al futuro miembro del pleno de esta formación, Javier Da Costa Solís. Los tres acudirán al juzgado a para ofrecer su declaración como investigados y habrá media hora de diferencia entre sus citas para ofrecer sus testimonios.
También está citado el mismo día, aunque más tarde, como testigo el abogado Felipe Castillo, que durante un tiempo fue letrado de Vox. El auto está fechado el 31 de agosto, pero se notificó el 2 de septiembre.
Fue a finales de enero cuando Vox comunicó que se inhabilitaba a Jesús Delgado Aboy, que era diputado en la Asamblea y presidente de la formación en Melilla por “pérdida de confianza”. Antes se habían publicado en la prensa nacional audios y declaraciones de Delgado Aboy no muy favorables a la formación a la que pertenecía.
Sin embargo, el exmiembro de Vox informó días antes de ese anuncio de su partido político que había sufrido “grabaciones ilegales” más propias de “una película de espionaje”. De hecho, fue cuando anunció que iba a poner una querella contra dos personas, aunque podría ampliarla a más, por hacer esas grabaciones.
El 22 de enero de este año, Delgado Aboy aseguraba que las grabaciones que se filtraron a la prensa nacional días antes fueron grabadas de forma “ilegal” y que estaban “claramente manipuladas”. Afirmó que se habían hecho grabaciones incluso con un ordenador en una reunión de afiliados como si fuera “una película de espionaje”. También comentó que él había propuesto a la directiva nacional de Vox dimitir para que se abriera una investigación interna, porque no podía echar a la gente del partido que consideraba “traidores”. Asimismo, ese día informó de que había presentado una querella criminal contra dos de las personas implicadas, aunque creía que había más implicados.
Este diputado de la Asamblea, que ahora es no adscrito al dejar la formación por la que entró, explicó que “dentro del propio partido ha habido unos individuos que se han dedicado a hacer grabaciones de manera ilegal”. Dijo que éstas son manipuladas de forma “clara y burda” y se llevaron a cabo, algunas de ellas, dentro su domicilio. De ahí que indicó que las personas que hicieron esas grabaciones son muy cercanas a su familia.
El expresidente de Vox Melilla reiteró que en casa se dicen cosas que no tienen por qué salir a la luz, pero insistió en que se habían manipulado las grabaciones pues leía un mensaje de otros. Por todo ello, Delgado Aboy subrayó que esto era “ilegal e ilícito”.
Pero argumentó que no podía denunciar a personas que habían hecho las grabaciones al estar en la cúpula de su partido y en la gestora y de ahí que la propuesta a la dirección nacional de Vox fuera su dimisión como presidente y forzar una investigación. “Es la única manera de pulir y de limpiar responsabilidades”, aseveró.
Delgado Aboy remarcó que las querellas contra las personas que participaron en esto se habían presentado y era por un presunto delito “atentado contra la intimidad, manipulación de datos que no son correctos, ley de protección de datos”, entre otros. Insistió es que son delitos “graves”.
Delgado Aboy argumentó entonces que enviar estos audios “manipulados” a los medios nacionales fue algo “malintencionado y hecho con mala fe”. De hecho, dijo que cuando se cometen este tipo de delitos es porque hay una serie de intereses. En este caso, según el dirigente de Vox, son “de tipo económico, de liderazgo y subir puestos en el partido”.
En su momento, Delgado Aboy no quiso decir a qué personas había denunciado. Tan solo apuntó a que estaba claro quien había hecho esas grabaciones.
Además de grabar en la casa del diputado de Melilla, se hizo también en el despacho del asesor jurídico, Felipe Castillo, y en una reunión de afiliados a través de un portátil. “Ha sido de película de espionaje”, dijo.
También comentó que dos de las personas que creía implicadas estaban dentro de un comité de garantías desde cuatro meses antes. Es más, informó de que se había enviado un gran número de documentos a la dirección nacional sobre algunas de estas personas y, añadió que si se hubiera actuado, no habría pasado esto de las grabaciones. Subrayó que si él hubiera podido echar a estas personas, lo habría hecho hace cuatro meses, pero los estatutos lo impiden.
“Son personas que intentan comerciar con muchas cosas, como los audios, dejan bastante que decir del perfil de los mismos”, remarcó el diputado.
Una semana más tarde de esta rueda de prensa que ofreció Delgado Aboy, Vox comunicaba su inhabilitación por “intentar dañar la imagen de Vox”.
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