Tras conocer la propuesta de estabilización para acabar con la temporalidad en el ámbito de la educación pública que ha presentado el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEyFP) en una nueva Mesa, el Sindicato Independiente de Profesionales de la Enseñanza Pública (ANPE) ha trasladado su "escepticismo" en torno a la misma, ya que tiene "una serie incógnitas procedimentales y jurídicas".
Así, no sin alertar una vez más sobre la necesidad de contar con todas las garantías y los avales jurídicos requeridos, y de dar respuesta a la situación de inestabilidad en la que se encuentra el personal docente interino, el sindicato ha mostrado "su perplejidad ante el nulo avance en el desarrollo del nuevo diseño de la profesión docente".
Ante la pasividad mostrada por el MEyFP, ANPE ha considerado además "imprescindible" el desarrollo de la Disposición Adicional Séptima de la nueva ley educativa española, conocida como LOMLOE, para "consensuar un nuevo diseño de la profesión docente que contemple un nuevo sistema de ingreso más objetivo y adaptado a la actual realidad educativa y social".
Según ANPE, el sistema de concurso de méritos propuesto plantea muchas interrogantes que, "de no ser corregidas y aclaradas", provocará que "el proceso de estabilización que se pretende no sólo no se logre", sino que desemboque en "una importante decepción para el profesorado interino respecto a las expectativas inicialmente generadas" por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y que, en un futuro muy cercano, genere "una gran controversia jurídica que abarque desde una posible anulación judicial de los procedimientos que se realicen, hasta la pérdida del puesto de trabajo por parte de los participantes".
Sobre estos últimos, la formación sindical ha destacado que "llevan muchos años ocupando determinadas plazas y desempeñando su trabajo como interinos 'por obligación', ante la escasa o nula oferta de plazas de su especialidad convocadas por las distintas Administraciones Educativas".
Asimismo, el sindicato ha expuesto su discrepancia con la forma en la que se han calculado en las distintas autonomías las plazas susceptibles de ser ofertadas en este concurso de méritos, ya que se han aplicado "criterios muy desiguales", "lo que nos lleva a pensar que, o bien no cumplieron anteriormente con los procesos de estabilización al aprobar sus respectivas ofertas de empleo público, o bien no lo han cumplido ahora".
Esta situación, desde la óptica de ANPE, además de acrecentar las desigualdades entre los distintos territorios, cobra "mayor relevancia" porque se trata de un sistema de concurso de méritos "donde habrá aspirantes de todo el Estado participando en todas las plazas que deseen", al margen de que la autonomía "de origen", "haya convocado o no plazas de su cuerpo y/o especialidad".
Por tanto, desde ANPE han recordado que la Ley 20/2021 quiere llevarse a cabo en el sector docente sin apenas tener en cuenta las características específicas del mismo, por lo que el sindicato siempre ha abogado "por amplias ofertas de empleo público", que acaben con "las limitaciones impuestas por la tasa de reposición" y que posibiliten "una reducción de la tasa de interinidad futura por debajo del 8%".
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