Annus horribilis

Define el diccionario de la Real Academia Española un “annus horribilis” como un año de gran infortunio.

El pasado miércoles, día 31 de julio, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa para hacer, teóricamente, un balance semestral del último período de la legislatura, que, en realidad, cubría el período anual, recién cumplido, desde las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio del pasado año, ya que su investidura y posterior inicio de legislatura se demoró hasta el pasado mes de noviembre. Según la opinión de Pedro Sánchez, España marcha estupendamente y no hay motivos más que para el optimismo y para mirar hacia el futuro con esperanza. En resumen, un balance triunfalista con anuncios propagandísticos, como ya es desgraciadamente habitual en este tipo de ruedas de prensa a fin de eludir los temas más espinosos y que realmente más preocupan a los españoles.

En esta ocasión, le correspondió el turno a un pacto sobre pensiones que, previsiblemente, posibilitará la compatibilización de la vida laboral activa más allá de la edad de jubilación sin renunciar a la percepción de la pensión. También tuvo espacio un nuevo anuncio de construcción de vivienda pública para lo que prevé reunirse con los presidentes autonómicos en septiembre.

Nada sobre el anunciado pacto entre el PSC y ERC para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana, ni sobre los ya innumerables desencuentros con el poder judicial que viene protagonizando a raíz de la instrucción del procedimiento judicial en el que su esposa figura como investigada, que han culminado con una querella contra el juez de instrucción por presunta prevaricación por, ni más ni menos que, presuntamente, actuar con falta de respeto a una alta institución del Estado como es la Presidencia del Gobierno. Cada vez adquiere más argumentos a su favor, el artículo de Javier Caraballo publicado el pasado 2 de julio en El Confidencial, bajo el título de “un país al servicio de una persona”.

Todo gira en torno a él y a cómo se relacionan con él el resto de los actores de la realidad social en España.

De hecho, esta legislatura, la XV, comenzó con una falta de asimilación, por parte del Partido Socialista, de los resultados electorales y una obstinación evidente del presidente del Gobierno por mantenerse en su posición a cualquier coste para los españoles. El coste (elevado) ha sido el sometimiento de la actividad del gobierno a los dictados de las minorías independentistas que hicieron posible, con su voto, su investidura como Presidente. El precio, la anulación de la igualdad entre los españoles mediante la aprobación de una aberrante Ley de Amnistía que no ha terminado su recorrido de implantación, por estar sometida a recursos variados en diversas instancias y ahora una aparente ruptura de la solidaridad interregional propiciada, hasta ahora, por la vigente Ley de Financiación Autonómica que no parece, a priori, compatible con la “singularidad fiscal” ofrecida a ERC a cambio de sus votos favorables.

Es la primera ocasión en la que la Presidencia del Gobierno ha recaído sobre quien perdiera las elecciones porque también es la primera vez que el candidato perdedor se ha propuesto mantenerse en el poder a cualquier precio, aún al de poner la estabilidad nacional a los pies de aquellos a quienes les preocupa poco o más bien prefieren destruirla, como ha afirmado, sin tapujos, en repetidas ocasiones, el presidente de uno de sus apoyos de investidura, EH Bildu, Arnaldo Otegui.

Pero todo es igual. Con culpabilizar al Partido Popular de absolutamente todo lo que no va bien o de no someterse a los incuestionables criterios de la acumulación de las minorías, asunto resuelto.

El mismo día de la rueda de prensa en Moncloa, durante el Pleno del Senado en el que se debatía la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una senadora socialista afeaba a VOX su planteamiento sobre el papel de la oposición, que, a decir de la portavoz de VOX, debía consistir en resistencia, enfrentamiento, obstrucción, disensión, desacuerdo, contraste y lucha. La senadora del PSOE contraponía que debería ser proposición, negociación y búsqueda de acuerdos. La portavoz del PSOE aprovechaba este debate para, por enésima vez, responsabilizar al PP de entenderse en ciertas administraciones y en determinadas materias con los representantes de VOX. Es decir que la proposición, la negociación y la búsqueda de acuerdos sólo son válidos, según esta senadora, muy aplaudida por su bancada, para lo que los socialistas consideren aceptable y con aquellos a los que los socialistas concedan el título de demócratas homologables. A los que no, en similitud con el planteamiento de VOX, resistencia, enfrentamiento, obstrucción, disensión, desacuerdo, contraste y lucha, por mucho respaldo que tengan de los electores. Técnica retórica con fines electoralistas al servicio de un relato monolítico asumido como la verdad revelada contra la que no cabe posicionarse.

El año que finaliza, desde las pasadas elecciones generales, en realidad, sólo ha visto la sanción de dos leyes propuestas por el Gobierno: la de amnistía y la de paridad, presentada para sortear, mediante una enmienda intrusa, la capacidad del Senado para vetar la senda de déficit, que como se ha dicho muchas veces, no imposibilita la presentación de presupuestos, sino que los enmarca dentro de unos límites que el Senado considera aceptables. En tiempo de descuento, precisamente este miércoles, en pleno extraordinario, se ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, como parte de la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Ciertamente, una auténtica pérdida de tiempo, con la atención de la opinión pública española centrada en los casos que afectan al entorno más inmediato de la Presidencia del Gobierno (esposa y hermano del presidente), al Gobierno (Koldo, Ábalos, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Transporte) o al Partido Socialista (revisión de las condenas de los ERE,s., caso Tito Berni).

Un año que no puede ser calificado más que como “annus horribilis”.