Animalistas acusan a Medio Ambiente del deterioro de la colonia felina del Parque Lobera

Las organizaciones animalistas Adomel, Asociación Freyja y la Plataforma Ciudadana NK han acusado públicamente a la Consejería de Medio Ambiente de Melilla de ser responsable del estado insalubre que llevó a la desinfección de la colonia felina del Parque Lobera. En un comunicado conjunto, las entidades denuncian lo que consideran una gestión "negligente, opaca y sin planificación" por parte de la administración, cuyas decisiones, según afirman, han generado un "perjuicio ambiental y sanitario totalmente evitable".

Estas entidades responden directamente a las declaraciones realizadas por el consejero de Medio Ambiente, quien días atrás justificó la actuación municipal en la colonia señalando presuntas condiciones de insalubridad. Frente a esto, los colectivos animalistas sostienen que la situación es consecuencia directa de una intervención precipitada, llevada a cabo sin coordinación ni respeto por los protocolos legales que protegen a los animales comunitarios.

En ese sentido, recuerdan que durante años una única voluntaria registrada fue la encargada de mantener a los gatos del Parque Lobera en condiciones óptimas, garantizando su esterilización, vacunación y desparasitación. Este trabajo, afirman, se realizó de forma constante y con compromiso, en línea con lo que establece la Ley 7/2023 sobre protección de los animales. En su opinión, de haber detectado alguna irregularidad en la gestión, la administración tenía la obligación de comunicárselo a la responsable. “Nunca lo hizo”, aseguran.

Uno de los principales puntos de conflicto reside en la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de impedir el acceso de la voluntaria durante casi dos meses, lo que imposibilitó continuar con las tareas básicas de cuidado y control de la colonia. Para las organizaciones, este hecho es clave para entender el deterioro de la situación. “Es incoherente que ahora se utilicen fotografías para justificar la intervención, cuando fue la propia Consejería la que bloqueó a la persona que se encargaba del bienestar de los gatos”, sostienen.

Además, esos colectivos animalistas ponen en entredicho la eficacia de la intervención. Aunque la administración ha afirmado que todos los gatos han sido retirados, las organizaciones cuestionan esa versión y se preguntan cómo es posible que, pese a ello, en la zona continúen apareciendo pulgas. Esta circunstancia refuerza, a su juicio, la idea de que el problema no eran los animales, sino la ausencia de una estrategia de actuación clara y transparente por parte de los responsables públicos.

Las organizaciones firmantes recuerdan que la colonia del Parque Lobera estaba constituida por gatos identificados y controlados sanitariamente y que su existencia contribuía al equilibrio del entorno urbano. Por ello, consideran especialmente grave que se haya permitido su desaparición sin información clara sobre su destino. “Defender a estos animales es también defender una ciudad más justa y más humana”, sostienen.

Asimismo, denuncian que se ha querido trasladar a la gestora de la colonia la culpa de un problema que es responsabilidad directa de la administración. A su juicio, este tipo de actuaciones no solo vulneran la ley, sino que también criminalizan injustamente a quienes cuidan de los animales comunitarios.

Por todo ello, exigen una rectificación pública por parte de la Consejería, que reconozca la labor desinteresada de la gestora y aporte datos verificables sobre el estado actual y el paradero de los gatos retirados. También solicitan acceso a la documentación técnica que avale la intervención y garantías de que se ha respetado la legislación vigente.

“Cuidar no es un delito. Señalar a quien cuida es una injusticia”, concluyen en su comunicado, en el que insisten en que esta actuación se encuentra judicializada y piden que no se utilicen declaraciones públicas para influir en un proceso legal en curso.

Cabe recordar que, tal como publicó El Faro de Melilla el pasado 6 de noviembre, la colonia fue desinfectada tras denuncias ciudadanas por insalubridad. Sin embargo, este nuevo cruce de acusaciones reabre el debate sobre el papel de las administraciones en la gestión ética y responsable del bienestar animal en la ciudad.