El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este lunes en las Cortes Generales el Informe Anual de la actividad de la institución en 2022. Según el propio Gabilondo: "los ciudadanos han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones deben reforzar la sanidad y los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario".
El titular de la institución también ha señalado que "los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por determinadas circunstancias, tienen dificultad para acceder a la comunicación virtual u online".
En ese mismo sentido, ha recordado que han sido cuantiosas las quejas recibidas por la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Por tanto, también ha insistido en que "la ciudadanía expresa su preocupación no solo por problemas concretos sino por las dificultades (demoras, dilaciones, retrasos…), que tiene para acceder a las distintas administraciones para intentar resolverlos”.
En 2022, el Defensor del Pueblo tramitó 31.452 expedientes, 2.051 más que en 2021. También recibió 31.077 quejas (2.062 más que en 2021), inició 250 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, y recepcionó 125 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Estos expedientes dieron lugar, a la tramitación de 2.498 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones (estatales, autonómicas y locales), de las cuales 739 fueron recomendaciones, 1.392 fueron sugerencias, 365 fueron recordatorios de deberes legales y 2 fueron advertencias.
“Hemos tratado que fuera más ágil, breve, asequible y que retrate con claridad las principales preocupaciones ciudadanas", apunta el Defensor del Pueblo.
Los asuntos que los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo como más preocupantes en 2022 tuvieron que ver con la seguridad social y el empleo, con la Administración de Justicia, con la función y empleo públicos, con asuntos de Interior, educación, migraciones, los servicios públicos, el asilo, la sanidad y la actividad económica.
Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (7.780), Andalucía (3.394), Comunitat Valenciana (3.154) y Cataluña (2.975). Se repite la situación de 2021 cuando estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición en el ranking.
El Informe se cierra con apuntes acerca del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y sobre la encomienda del Congreso de los Diputados a la institución, en marzo de 2022, para que creara una comisión independiente que elaborara un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.
Este es el primer informe que presenta Ángel Gabilondo sobre la actividad de un año al frente de la institución.
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