Tras la celebración de una asamblea, los miembros de la AMPA del Centro de Educación Especial Reina Sofía ha decidido tomar acciones legales contra la Dirección Provincial de Educación de Melilla por la gestión del servicio de transporte adaptado. Está previsto que se inicie el servicio el próximo lunes, sin necesidad de hacer ningún tipo de pruebas del trayecto y funcionamiento del autobús, recientemente adaptado, con los niños de movilidad reducida en su interior.
La reunión que pedían los padres junto a la Dirección Provincial y las empresas de transporte que se encargarán del servicio no se ha celebrado esta semana, por lo que el presidente de la asociación escolar, Joan Casares, decidió forzar una reunión con el director provincial, Juan Ángel Berbel, realizando una visita a su despacho, para saber si esa prueba se iba a realizar, y si podían facilitar a los padres el pliego de condiciones técnicas de la licitación del servicio.
El vehículo es un autobús de unos 13 metros, tres más que un autobús de la COA normal; y según el presidente de la AMPA el vehículo tendría dificultades de acceso a ciertos barrios a la hora de recoger a los niños a la puerta de su casa. Pero al parecer, Berbel le dijo que el pliego técnico que se ha firmado con las empresas para dicha licitación fue para realizar el servicio parada por parada y no puerta por puerta, como dice Casares que está reflejado en el pliego de condiciones técnicas de los servicios de transporte escolar adaptado que contempla el Ministerio de Educación. El documento de licitación lo han encontrado an la página web de la plataforma de contratación estatal.
Desde la AMPA creen que ese cambio en la licitación es un abuso por parte de la Administración para cubrirse las espaldas legalmente. Además, tampoco ven bien que sus hijos, niños de movilidad reducida, en silla de ruedas o no, tengan que ir con sus dificultades solos hasta una parada y también estar a la intemperie con condiciones meteorológicas adversas con mucho viento o lluvia. Casares además, dijo que muchos de estos niños tienen problemas de salud y no pueden pasar mucho tiempo al aire libre.
Además, tras la visita a las instalaciones de la COA, una de las empresas que se encargan del servicio, para ver el vehículo, a pesar de haberse adaptado, muchos padres encuentran que sus hijos van a tener dificultades, o no van a poder, subirse al autobús. Sobre todo esos niños con movilidad reducida pero no van en silla de ruedas.
Asimismo, para el transporte escolar adaptado se requiere también la presencia a bordo del vehículo de “una persona mayor de edad, distinta del conductor, que correrá a cargo de la empresa adjudicataria, con la cualificación laboral necesaria para la adecuada atención del alumnado de necesidades educativas especiales, que conozca el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, encargada del cuidado de los menores durante el transporte”.
Cuando los padres volvieron a visitar las instalaciones de la COA para ver el autobús ya adaptado, los responsables dijeron que por el momento no han contado con la presencia de dicha persona cualificada en los cuidados especiales de los niños.
Los padres de la AMPA van a buscar a un servicio de abogados para demandar a la Dirección Provincial y al Ministerio porque “han hecho un uso de las leyes a su favor” cambiado unas bases de licitación”. “Aunque sea legal y cumpla con los requisitos técnicos, realmente no cumple con nuestras necesidades”, expresó Casares.
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