Amnistía Internacional (AI) ha vuelto a exigir este miércoles una investigación exhaustiva de la tragedia registrada en la valla fronteriza de Melilla el 24 de junio, sumándose a la denuncia de expertos de Naciones Unidas que esta semana han criticado la "alarmante" falta de rendición de cuentas tanto por parte de España como de Marruecos.
En un comunicado, AI subraya la necesidad de que se asuman responsabilidades y recoge la denuncia de la relatora especial de la ONU contra el racismo que en su última día de mandato, el lunes, emitió un duro comunicado para denunciar la "violencia mortal" en la frontera para impedir la entrada de inmigrantes no blancos.
"La falta de una rendición de cuentas significativa por las muertes y lesiones del 24 de junio hace difícil concluir lo contrario", señalaron los expertos de la ONU.
AI, que se remite también al documental realizado por la BBC en el que se sostiene que la policía española vio y no impidió que decenas de migrantes africanos murieran en su frontera con Marruecos, insiste en que "el derecho internacional de los derechos humanos exige una investigación exhaustiva, la reparación de las víctimas y sus familias, así como la garantía de no repetición".
Esta organización ya pidió hace meses esa investigación, justo cuando estaba por celebrarse el Debate del Estado de la Nación, lo que le permitió pedir tanto al Gobierno como al Congreso que se comprometieran a esclarecer los hechos ocurridos en la valla, junto a Barrio Chino durante las intervenciones parlamentarias. "Esa fecha ha pasado a la historia como la mayor tragedia humanitaria de la democracia en la frontera sur por lo que el Gobierno y el Congreso deben aprobar medidas para evitar que hechos así vuelvan a suceder", decía entonces AI en un comunicado público el pasado mes de julio.
En él, además, Amnistía Internacional aseguraba haber encontrado indicios de hasta ocho violaciones de derechos humanos protagonizadas por fuerzas de seguridad españolas o por las fuerzas marroquíes, "entre ellas las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como devoluciones en caliente y contrarias al derecho internacional, que ampara la actual ley de seguridad ciudadana".
