El 24 de junio de 2022 cientos de migrantes, en su gran mayoría refugiados, intentaron cruzar la valla de Melilla. Ese día se produjo la mayor tragedia en una frontera terrestre de Europa. El Gobierno marroquí habla de 23 muertos. Amnistía Internacional (AI), de 37 y 77 desaparecidos. Virginia Álvarez es responsable de Política Interior y experta en Refugio y Migración en AI. Con El Faro habla sobre esos hechos ocurridos hace ocho meses en el paso fronterizo de Barrio Chino. Ante la avalancha de inmigrantes que querían atravesar la valla y la tragedia que se produjo nadie puede cerrar los ojos. Efectivamente y por esto es por lo que desde Amnistía Internacional quiero alzar mi voz para manifestar la tremenda violación de los derechos humanos que se perpetró ese día. La sociedad no debe olvidar y debe hacerse cargo de la magnitud de los hechos. Las autoridades españolas no están analizando con detalle lo que ocurrió, hacen la vista gorda y no se enfrentan con las familias de los muertos y desaparecidos. Las autoridades españolas no se responsabilizan de lo acaecido. Otra tragedia en la que mueren personas que quieren pisar territorio europeo. Y no será la última... Es similar a la de Tarajal, los acontecimientos de febrero de 2014, donde murieron 15 personas ahogadas mientras trataban de eludir a nado el dique que separa Marruecos de la ciudad autónoma de Ceuta para entrar en España como inmigrantes irregulares. La Guardia Civil, una vez más, es objeto de controversia así como Mariano Rajoy, como presidente, y Jorge Fernández Díaz, como ministro de Interior. A Amnistía Internacional le da igual el partido que en ese momento gobierne, lo que denuncia es la violación de derechos fundamentales, como es el derecho a la vida y a no tener que jugársela para obtener asilo. Esa mañana miles de personas caminaban montaña abajo hacia la frontera. Las fuerzas de seguridad marroquí no evitaron que el grupo se aproximara a la valla. El grupo avanzaba y cargaron por detrás cuando se aproximaron a la valla. No ha habido hasta el momento una investigación que permita llegar a una conclusión de lo que verdaderamente ocurrió ese 24 de junio de 2022. Lo que no cabe duda es de que hubo un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza. El Estado español, por el contrario, no da las explicaciones pertinentes y quiere cerrar capítulo. Esta tragedia no debe quedar impune pues los acuerdos firmados en esta materia se quedan en papel mojado. Con motivo de la Reunión de Alto Nivel entre Marruecos y España, Amnistía Internacional exigió a ambos países que se comprometan a investigar lo ocurrido hasta el final. Hay que abandonar la política de ignorancia. Las autoridades españolas mantienen que no hubo ninguna muerte en territorio español y que actuaron respetando la legalidad. Esa tesis no coincide con testimonios de migrantes que sobrevivieron a la tragedia. Esta es la postura de las autoridades españolas ante un hecho vergonzoso para un país que tiene contraídas unas obligaciones internacionales. Lo ha denunciado además un Comité de las Naciones Unidas y España no tiene ningún interés en cumplir esas obligaciones. Las personas que llegan de Sudán y piden asilo político en nuestro país han de arriesgar sus vidas para ello. Es inhumano que una persona tenga que jugarse la vida para pedir asilo político en otro país. El derecho a la vida es lo primero y no se respeta. El derecho a la vida está por encima de otros derechos como el derecho a la seguridad. Estamos ante un hecho similar al del Tarajal. Una clara omisión del deber de socorro que parece una broma macabra. Los militares marroquíes no bloquearon a la masa de personas y accedieron a la valla sin problemas... Es obvio que el operativo policial no fue el idóneo. Y nadie ha respondido. Yo me pregunto si la Guardia Civil es ciega y sorda puesto que los gritos de dolor, desesperación y muerte que se produjeron en esos pocos metros cuadrados (donde se lanzó el gas lacrimógeno) serían tremendos. Desde Amnistía Internacional consideramos, además, que las autoridades españolas no ofrecieron ayudas y no dieron la asistencia sanitaria pertinente a personas que se estaban ahogando en un espacio cerrado o que morían por asfixia porque la estaban aplastando. En definitiva, no se quiere asumir que hubo una violación de los derechos humanos. El ministro del Interior no da explicaciones exhaustivas y desde su gobierno no se asumen las responsabilidades, así como no se analizan las causas ni las consecuencias de la tragedia. Toda explicación que se da de lo acaecido es muy ambigua y siempre, a su conveniencia. Devoluciones en caliente, retorno forzoso de personas sin dar opción de pedir asilo Hay que revisar las políticas de integración. Las personas que viven en guerra o en lugares donde se violan los derechos humanos pueden pedir asilo político en otros países. Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con su obligación de permitir pedir asilo en los puestos fronterizos de las ciudades autónomas. Pedimos que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana elimine las devoluciones sumarias y contrarias al derecho internacional. Desde Amnistía Internacional exigimos una investigación exhaustiva e inmediata sobre las devoluciones en caliente que se han producido contrarias al derecho internacional, así como el deplorable uso de la fuerza que los agentes están empleando contra estas personas que huyen de sus países. Vi el documental de la BBC y no coincide lo que visualicé con las explicaciones del ministro de Interior. El mundo mira con pavor las imágenes que llegan de la guerra de Ucrania y la UE se lleva las manos a la cabeza y activa la Directiva de Protección Temporal (DPT) que provocará la protección inmediata en los países de la UE a personas de nacionalidad ucraniana que huyen de la guerra. Pero no se ve de igual modo lo que ocurre en nuestras propias fronteras donde se castiga a personas migrantes con brutalidad. Un uso indebido de la fuerza con intención de hacer daño. Es ésta la imagen que queremos proyectar pues también los que vienen de Sudán proceden de zonas de posibles conflictos y persecuciones. Estos hechos desgraciadamente acaecidos en junio del año pasado no pueden quedar impunes. Se produjeron expulsiones sumarias y no se prestó ayuda humanitaria. El fiscal general del Estado ha de aclarar cuanto antes lo ocurrido. Nuestra ONG considera que estas muertes son achacables a la brutal acción policial. Las fuerzas de seguridad tanto marroquíes como españolas cometieron crímenes de derecho internacional contra personas negras.