Amnistía Internacional acusa a las autoridades españolas de no investigar "la masacre" del 24J en la valla de Melilla

Amnistía Internacional afirma que en 2022 en España se ha agravado "el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas" y un ejemplo de ello es que las autoridades no han investigado la vulneración de derechos sufridos por los mayores en las residencias ni la "masacre" ocurrida en junio en la valla de Melilla.

En el informe anual de Amnistía Internacional 2022 y en el apartado referido a España, la ONG también denuncia los "abusos que ampara la ley Mordaza, que han dejado a la ciudadanía desprotegida frente al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad".

Para Aministía, el rechazo a la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Mordaza, ha supuesto una "oportunidad perdida de última hora en materia de libertad de expresión, reunión y manifestación, así como en inmigración ya que la ley sigue avalando las devoluciones ilegales en frontera".

Respecto a las residencias, Amnistía se refiere a cómo tres años después del inicio de la pandemia las autoridades españolas han incumplido su obligación de investigar de forma "exhaustiva y adecuada" el abandono que sufrieron muchos mayores que vivían en residencias, mientras que en la frontera de Melilla se ha constatado un agravamiento de la violación de derechos.

Además, dice la ONG, se han utilizado programas de espionaje "que han violado el derecho a la privacidad de periodistas, autoridades y sociedad civil".

El informe subraya que en 2022 en España se ha evidenciado una insuficiente protección de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las autoridades en un contexto de incertidumbre económica, aunque reconoce ciertos "esfuerzos" por parte del Gobierno.

En estos "esfuerzos", el informe cita la ayuda de 200 euros para hogares con rentas inferiores a 14.000 euros, las rebajas fiscales a las facturas de la luz y el gas hasta finales de 2022 y el límite del 2% a la subida de los alquileres.

No obstante, Amnistía constata que la desprotección del derecho a la salud y a la vivienda ha continuado.

En este apartado, la ONG se fija en la Atención Primaria y la urgencia de reforzar este nivel asistencial.

Afirma Amnistía que pese a que esta necesidad está patente en los discursos de las autoridades, "la realidad es muy diferente" y la atención sanitaria ha entrado en "bucle" con una inversión por parte de las comunidades autónomas muy lejos del 25% de inversión total sanitaria recomendada por la OMS.

Si bien el informe aprecia "mejoras" en la agenda legislativa española de 2022 en lo que respecta a derechos humanos, especialmente en materia de igualdad, Amnistía ve necesaria "una mayor voluntad política y un mayor grado de compromiso de los partidos con los derechos humanos".

En el informe Amnistía valora la ley del sí es sí como "un gran paso para la prevención, atención y protección de las mujeres, niñas y víctimas de violencia sexual" y aprecia en la ley Trans "mejoras en aspectos críticos" para el disfrute de los derechos de las personas LGTBI.

También observa mejoras en el acceso al aborto y el anteproyecto de ley aprobado supone, dice, "un reconocimiento más amplio del derechos a la reproducción y la maternidad libremente decidida".

Sobre la ley de Secretos Oficiales, Amnistía sostiene que un enfoque más restrictivo de lo que es clasificable como secreto de Estado estaría "más en línea con los estándares del derecho internacional en materia de transparencia y derechos humanos".

Y respecto a la Vivienda, Amnistía Internacional valora que España cuente, por primera vez en democracia, "con una ley que considera el derecho a la vivienda como un derecho humano tal y como respalda la Constitución y el derecho internacional".