Amnistía Internacional (AI) sostiene que las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas desplegadas para impedir el salto a la valla de Melilla el 24 de junio en el que murieron, según esta organización, al menos 37 subsaharianos, cometieron crímenes contra el derecho internacional como la omisión del auxilio médico a los heridos, torturas o expulsiones colectivas.
Es la principal conclusión que la entidad plasma en un informe presentando este martes en Madrid en una rueda de prensa en la que el director de AI en España, Esteban Beltrán, ha dicho que el Gobierno español "parece que ha tratado de encubrir los hechos": no ha iniciado una investigación de oficio, colabora "a regañadientes" con la Fiscalía, "ha exonerado" a las fuerzas de seguridad y ha mentido.
Cuando están cerca de cumplirse seis meses de la tragedia, el documento, elaborado con declaraciones de testigos y supervivientes, así como imágenes y otros indicios examinados desde ese día y hasta octubre, denuncia un "uso generalizado de fuerza ilegítima por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas" incluso después de que los migrantes estuvieran bajo control policial.
Concluye que tanto los agentes marroquíes como españoles usaron porras, pelotas de goma y de forma reiterada gas lacrimógeno, además de propinar golpes y patadas a personas que ya estaban inmovilizadas "en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar".
Prioridad, el traslado de cadáveres
Junto a esta fuerza "ilegítima" denuncia que ni la policía marroquí ni la española garantizaron la atención médica de emergencia a los heridos, que quedaron "a pleno sol durante ocho horas sin que se les prestaran primeros auxilios básicos".
Marruecos "priorizó" el traslado de cadáveres y su personal médico no ayudó a los heridos hasta casi dos horas después de reprimir el salto, en tanto que la policía española no permitió el acceso de la Cruz Roja ni durante el intento de entrar ni después.
"Las autoridades españolas no ayudaron en modo alguno a las personas heridas que quedaron en el suelo en territorio español una vez concluida la operación policial, por lo que violaron sus derechos de múltiples formas, incluido su derecho a atención médica rápida y adecuada y a no sufrir tortura y otros malos tratos", insiste AI.
Una omisión de ayuda que no solo manifestó "crueldad" sino el incumplimiento por España y Marruecos de su "obligación de proteger el derecho a la vida" de estas personas y que junto a la violencia empleada "contribuyó a sus muertes y lesiones, si es que directamente no las causó".
Al menos 77 desaparecidos
Amnistía pone el foco también en las denuncias de familiares y amigos de 77 personas de las que no sabe nada desde el 24 de junio sin que las autoridades marroquíes hayan investigado e, incluso, hayan negado a la ONG buscar a estos migrantes o examinar cadáveres. Admite que la Asociación marroquí de Derechos Humanos visitó la morgue de Nador el 25 de junio, pero no pudo examinar los cuerpos ni acudir al cementerio.
Según el informe, las autoridades de ambos países mostraron "un desprecio absoluto" al derecho internacional al practicar "expulsiones colectivas" de al menos 470 personas. En este sentido, destacan que uno de los entrevistados relató que los agentes españoles obligaron a personas heridas a cruzar de nuevo la frontera "aunque estaban sangrando o con heridas abiertas".
Un sudanés de 17 años aseguró que la policía marroquí lo llevó a prisión la noche del 24 de junio antes de que se lo llevaran por la fuerza en autobús y otros jóvenes contaron que fueron dispersados por todo Marruecos, algunos a más de 1.000 kilómetros de Nador.
No rinden cuentas
Seis meses después, resulta "evidente" para Amnistía que la transparencia y la rendición de cuentas están "radicalmente ausentes": ni un solo funcionario, marroquí o español, ha comparecido ante la justicia por las violaciones de derechos humanos que provocaron "la muerte, la desaparición y las lesiones causadas a tantas personas".
Reprocha que en el momento de redactar este informe, ningún país ha hecho públicas las conclusiones de sus pesquisas para esclarecer los hechos ni las medidas que se adoptarán para impedir que vuelvan a ocurrir, y les reclama "investigaciones independientes e imparciales" para poner a disposición de la justicia a los funcionarios responsables de uso ilegítimo de la fuerza.
