Álvaro Salvador Prieto, nuevo juez decano: “Nuestra Constitución es extraordinaria y no ha llegado todavía a la edad adulta"

En pocos días, el Boletín Oficial del Estado publicará la elección de Álvaro Salvador Prieto como nuevo juez decano de Melilla. Salvador Prieto es el actual titular del juzgado de Menores y asume “con muchas ganas e ilusión” este reto.

Un reto, en el cual tendrá que lidiar con algunas carencias como unas dependencias judiciales que se están quedando pequeñas: “necesitamos unas instalaciones mayores, más espacio y un lavado de cara de las dependencias porque, efectivamente, éste no es un edificio pensado para albergar una oficina judicial. Precisamos refuerzos en el juzgado de lo Social por un aumento brutal de la litigiosidad, pero también precisamos ampliar el juzgado de Instrucción nº 2 porque lleva asuntos que le consumen mucho tiempo y hacen que la carga sea más difícil de soportar”.

Por otra parte, Salvador Prieto señala que “necesitamos refuerzos, en muchas ocasiones, de funcionarios, principalmente, en lo relativo a los casos de violencia contra la mujer. Estos refuerzos aliviarían, por un lado, la carga de trabajo que tiene el juzgado de Instrucción nº 4, y, por otro lado, conllevaría una respuesta más especializada”.

En la actualidad, Melilla no dispone de un juzgado específico de Violencia de Género por lo que “es un juzgado mixto el que tramita procedimientos penales y civiles, y también se encarga de todos los casos relativos a la violencia contra la mujer”.

Como titular del juzgado de Menores queremos saber si Melilla, en comparación con otras ciudades españolas, registra más o menos casos: “ahora mismo tenemos un volumen de casos que se sitúa en la media, pero hemos tenido momentos en los cuales superábamos hasta en un 500% la media de algunas ciudades, una cifra que se sitúa en la pandemia, ya que teníamos una bolsa de chicos y chicas que se quedaron en Melilla, entre comillas encerrados, de menores tutelados. Y claro, no se trata de que sea un colectivo más delincuencial sino porque si metes a mil pitufos en un espacio dónde caben diez pues la convivencia es difícil”.

Respecto a los casos con menores, Salvador reconoce que “tenemos un problema de violencia intrafamiliar no es que sea alarmante, pero sí destacable”.

Sobre las cuestiones relativas a la violencia de género, el próximo juez decano subraya que “el tema de las estadísticas es una cuestión relativa, dependiendo con qué ciudad la compares. Melilla registra bastantes casos, pero claro en las estadísticas las comparativas dependen de con quién te compares porque nuestra ciudad tiene una particularidad y es que es un territorio de 12 kilómetros cuadrados con una densidad de población muy alta. Esta casuística no se puede obviar a la hora de valorar los datos. No creo que el problema de la violencia de género sea más relevante aquí que en otros lugares”.

Un debate más social que, tal vez jurídico, es la visión que la sociedad melillense y española, en general, tiene sobre la justicia: “la justicia lo que hace, en el fondo, es resolver conflictos. En ese conflicto hay dos partes y casi siempre pierde una y esa parte no se va contenta, pero la percepción que se tiene sobre la justicia es muy subjetiva. Creo que, en general, la visión de la ciudadanía melillenses es buena”.

El problema se genera cuándo vemos en la prensa los conflictos en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, o la elección de miembros por parte de partidos políticos. Una estructura que revierte en desconfianza por parte de la ciudadanía.

“Esas percepciones se construyen artificialmente. En general, los jueces y magistrados españoles son personas muy independientes y muy profesionales, y también los funcionarios”. Respecto a la elección de los miembros del CGPJ, Salvador es tajante: “los jueces no están sometidos a ningún tipo de injerencia política. Claro que los políticos pueden estar interesados en lo que ellos consideren que les pueda beneficiar, pero no hay injerencias en el trabajo ordinario del día a día de los órganos jurisdiccionales, ni en los jueces, ni en los magistrados, ni en las magistradas, ni en los fiscales. Además, España no sufre un problema de politización de la justicia sino de judicialización de la política que no es lo mismo".

Siguiendo en esta línea, Salvador Prieto incide en que "a los políticos, como a cualquier otro ciudadano, les encantaría poder llegar a un juez y decirle qué tiene que hacer si detrás hay un interés en el procedimiento, pero los políticos no se dedican a llamarnos por teléfono para decirnos cómo hacer nuestro trabajo. La presión depende de cómo la perciba cada uno y de que cada uno se deje presionar. La judicialización de la política es que hay determinadas cuestiones que deberían dirimirse en otros ámbitos, y no se resuelven en esos espacios”.

En línea con la independencia del Consejo General del Poder Judicial, Salvador Prieto reitera que “llevo 24 años en la carrera judicial y he visto a hombres y mujeres que han estado allí supuestamente de uno u otro signo, y no se han dejado llevar por ningún signo. El sistema actual fue avalado por el Tribunal Constitucional, pero creo que los miembros de procedencia judicial deberían ser votados por nosotros. Esto sería lo más deseable, y sí, posiblemente, lavaría esa imagen que existe”.

En este sentido, Álvaro Salvador quiere dejar claro que “el Consejo General del Poder Judicial no tiene una capacidad presupuestaria propia. Los jueces seguimos dependiendo del Ministerio de Justicia. Quizás haya que ir más allá del ruido”.

La Constitución de la República Italiana data de 1947, la francesa, de 1958 y la portuguesa de 1976; ¿está nuestra CE obsoleta? El próximo juez decano es rotundo al respecto: “nuestra Constitución es extraordinaria y no ha llegado todavía ni a la edad adulta. Una cuestión distinta es que haya puntos precisos que pueden, o deberían ser objeto de modificación, pero sinceramente, como ciudadano, veo que con el clima actual no es factible una reforma del núcleo duro de nuestra Carta Magna”.

Álvaro Salvador Prieto sustituye en el cargo a Fernando Portillo, presidente nacional de la asociación de jueces Foro Judicial Independiente, después de haber desempeñado la responsabilidad como juez decano durante los últimos ocho años.

Portillo se mantendrá en funciones y preparando el relevo hasta que el resultado de las elecciones sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).