Alonso Díaz defiende los servicios públicos como mejor garantía democrática

Pide también más inversión en Educación, Sanidad y Dependencia. El secretario general de la UGT puso el acento ayer en la necesidad de contar con unos buenos servicios públicos como mejor garantía de una “buena democracia”. “Hablar de servicios públicos –señaló- es hablar de Democracia. No puede haber una buena democracia con malos empleos y malos servicios públicos”, subrayó el ugetista a modo de conclusión de la Jornada sobre Protección de los Servicios Públicos y su refuerzo en tiempos de crisis económica que la UGT ha celebrado recientemente en Madrid.
Según relató Díaz, la Jornada ha sido “beligerante a favor de los servicios públicos en general, y de la Sanidad y la Educación, en particular”.
En tal sentido, señaló que “hay que defender también las pensiones, la prestación por desempleo y la atención a la dependencia, porque tenemos servicios públicos eficaces, aunque se pretenda decir que están sobredimensionados por encima de nuestras posibilidades y necesidades”.
El Secretario General de UGT-Melilla insistió en que tenemos un sistema público sanitario “eficiente, barato y con unos profesionales que se los rifan en otros países”, pero demandó niveles de inversión en la Sanidad Pública semejantes a los de otros países de Europa, con un punto más de inversión en el mismo ámbito.
En cuanto a la Educación, denunció que “hay un reconocimiento explícito en las leyes para mejorar su financiación”, pero que “se está acometiendo el camino contrario”.
Además, afirmó que en Dependencia “hay una insuficiencia en la aplicación de la ley porque, en el conjunto del Estado, el 30% de las personas que tienen derecho a esta prestación no la reciben, y porque también hay una desviación en el modelo de asistencia de la misma, al traducir en prestaciones económicas el 52% de las que se han concedido, cuando el espíritu de la ley era que la prestación fuese, en su mayoría, en servicios”.
Asimismo, aprovechó Díaz para defender al empleado público, del que “se dice que trabaja poco y que cobra mucho, cuando la mayoría percibe unos 1.000 euros y el porcentaje de empleados públicos en relación con la población española es inferior al de otros países europeos”.
El Secretario General de UGT-Melilla insistió por último en la necesidad de una “reforma fiscal integral”, que permita “compatibilizar la reducción del déficit con inversiones en servicios públicos” y que compense también “el riesgo de la reforma constitucional, incorporando un suelo mínimo de gasto social que nos equipare a los promedios de la UE”.El secretario general de la UGT puso el acento ayer en la necesidad de contar con unos buenos servicios públicos como mejor garantía de una “buena democracia”. “Hablar de servicios públicos –señaló- es hablar de Democracia. No puede haber una buena democracia con malos empleos y malos servicios públicos”, subrayó el ugetista a modo de conclusión de la Jornada sobre Protección de los Servicios Públicos y su refuerzo en tiempos de crisis económica que la UGT ha celebrado recientemente en Madrid.
Según relató Díaz, la Jornada ha sido “beligerante a favor de los servicios públicos en general, y de la Sanidad y la Educación, en particular”.
En tal sentido, señaló que “hay que defender también las pensiones, la prestación por desempleo y la atención a la dependencia, porque tenemos servicios públicos eficaces, aunque se pretenda decir que están sobredimensionados por encima de nuestras posibilidades y necesidades”.
El Secretario General de UGT-Melilla insistió en que tenemos un sistema público sanitario “eficiente, barato y con unos profesionales que se los rifan en otros países”, pero demandó niveles de inversión en la Sanidad Pública semejantes a los de otros países de Europa, con un punto más de inversión en el mismo ámbito.
En cuanto a la Educación, denunció que “hay un reconocimiento explícito en las leyes para mejorar su financiación”, pero que “se está acometiendo el camino contrario”.
Además, afirmó que en Dependencia “hay una insuficiencia en la aplicación de la ley porque, en el conjunto del Estado, el 30% de las personas que tienen derecho a esta prestación no la reciben, y porque también hay una desviación en el modelo de asistencia de la misma, al traducir en prestaciones económicas el 52% de las que se han concedido, cuando el espíritu de la ley era que la prestación fuese, en su mayoría, en servicios”.
Asimismo, aprovechó Díaz para defender al empleado público, del que “se dice que trabaja poco y que cobra mucho, cuando la mayoría percibe unos 1.000 euros y el porcentaje de empleados públicos en relación con la población española es inferior al de otros países europeos”.
El Secretario General de UGT-Melilla insistió por último en la necesidad de una “reforma fiscal integral”, que permita “compatibilizar la reducción del déficit con inversiones en servicios públicos” y que compense también “el riesgo de la reforma constitucional, incorporando un suelo mínimo de gasto social que nos equipare a los promedios de la UE”.