Alexander Elu, de Save The Children: "La tasa de pobreza infantil en Melilla resulta inaceptable"

Melilla se sitúa a la cabeza del país en tasa de pobreza entre 2015-2021. ¿Cómo afectaría este dato a los niños de familias más desfavorecidas?

La tasa de pobreza infantil de Melilla resulta inaceptable al tratarse de una de las más elevadas en un país que está a la cabeza de ese ranking en la Unión Europea, tan solo superado por Rumanía.

Debemos entender la pobreza infantil como una vulneración de los derechos de la infancia a unos niveles de bienestar dignos, a disfrutar de bienes materiales y servicios que son fundamentales para su desarrollo y, sin los cuales, se les está condenando a un futuro de precariedad y pobreza. Por este motivo, la pobreza es especialmente grave y cruel con la infancia, ya que puede marcar con carácter permanente a los niños y niñas que se encuentran en esta situación y no tienen todavía –por edad- las herramientas necesarias para sobrellevarla.

La pobreza es un concepto que engloba distintas dimensiones. ¿Podría explicarlo?

Una dimensión clave es la falta de ingresos, pero vivir en un hogar pobre tiene que ver con no poder acceder a una alimentación de calidad y saludable con la frecuencia mínima, no poder acceder a servicios sanitarios no gratuitos (salud mental, salud bucodental), vivir en una casa que no puede mantener una temperatura adecuada en invierno o en verano, o no poder hacer frente a gastos extraordinarios tan necesarios como unas gafas.

¿Cuáles son los derechos que tiene un niño en cualquier país del mundo?

El marco de derecho internacional sobre los derechos de la infancia en cualquier lugar del mundo está determinado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, firmada el 20 de noviembre de 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990. La CDN plasma los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la infancia, atendiendo a la protección específica que merecen niños, niñas y adolescentes por su minoría de edad.

Este marco debe asegurar su aplicación en el tiempo. Por ello, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas realiza exámenes periódicos a los países que han ratificado la CDN para comprobar su correcta aplicación. Precisamente España se enfrenta actualmente a este examen, que culminará a finales de 2024.

El coste de la crianza es un obstáculo para las familias...

Las familias con hijos e hijas se enfrentan a costes muy elevados para hacer frente a la crianza, 672 euros al mes por cada hijo o hija. Esta cifra coloca a muchas familias en dificultades para sufragar la crianza y, en muchos casos, las aboca a la pobreza. De esta forma, un 26,6% de las familias con niños y niñas están en situación de pobreza mientras que están en esa situación tan solo el 16,6% de las familias sin hijos e hijas.

Esta situación pone el foco en la falta de apoyo público a familias e infancia en España, que dedica solamente el 1,6% del PIB a ese objetivo. En la UE, el porcentaje medio se eleva al 2,5%.

¿Cuáles son las políticas públicas que se deberían aplicar para revertir esta situación?

Fundamentalmente, hay dos vías. La primera tiene que ver con un apoyo universal y más generoso a la crianza, en línea con las prestaciones que existen en el resto de países europeos.

Apoyar la crianza es invertir en la infancia y, por extensión, en el futuro del conjunto de la sociedad garantizando prosperidad y la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social y servicios públicos. También significa prevenir pobreza infantil.

¿Cuáles son los retos que tiene España en este ámbito?

Más allá de la prevención, España tiene el reto de resolver las tasas intolerables de pobreza infantil a las que se enfrente desde hace años. Y para ello, junto a las prestaciones de crianza, hacen falta apoyos adicionales y compatibles enfocados en las familias en situación de mayor vulnerabilidad. La introducción del Ingreso Mínimo Vital y sus complementos de crianza ha sido una buena noticia, a pesar de las dificultades de su despliegue.

No obstante, hacen falta esfuerzos adicionales a los que podrían contribuir las rentas mínimas, desplazadas por el IMV, y cuyos recursos deberían encaminarse hacia las familias en situación de pobreza más extremas o con mayores dificultades, como son aquellas con menores de edad.

Las familias con dificultad tendrían que tener asegurado el acceso a los servicios públicos.

Junto al apoyo monetario, hay que asegurar el acceso de las familias con mayores dificultades a servicios públicos de calidad que son fundamentales para el pleno desarrollo de sus hijos e hijas. Alimentación, comedor escolar, sanidad, educación, vivienda o suministro energético deben ofrecerse en condiciones de gratuidad o, cuanto menos asequibles para los niveles de ingreso más bajos, estableciendo las fórmulas necesarias para ello.

Es muy importante que estas políticas públicas incluyan como principio rector el acompañamiento en la realización de derechos de familias e infancia.

Efectivamente. Muchas veces, la existencia de prestaciones o servicios no es suficiente para que sus potenciales beneficiarios los disfruten, lo que disminuye en gran medida el impacto de estas medidas.

El (auto)reconocimiento como sujetos de derecho, el conocimiento acerca de los servicios y prestaciones disponibles y la superación de los obstáculos para acceder a ellos son condición necesaria para que la infancia y sus familias puedan beneficiarse de una mayor protección social.