Alertan sobre el estado de salud de presos rifeños tras 26 días huelga de hambre

• Familiares de los detenidos piden a las autoridades la anulación de los cargos contra estos activistas

Familiares de los detenidos rifeños alertaron el pasado viernes en Rabat sobre el estado de salud de 35 miembros de su familia que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Casablanca desde hace 26 días.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), familiares de los detenidos y sus abogados pidieron la anulación de los cargos contra los activistas presos y responsabilizaron a las autoridades del deteriorado estado de salud de los que están en huelga de hambre.

“Se ha deteriorado el estado de salud de los detenidos que están en huelga de hambre y es preocupante; los abogados de defensa pedimos a la sociedad civil y a todas las instituciones competentes que tomen medidas para garantizar la protección del derecho de vida de los presos”, dijo el abogado Benhamani Said.

Durante el encuentro, varios familiares ofrecieron testimonios sobre el estado de los 35 detenidos que se encuentran en huelga de hambre, tres de los cuales tuvieron que ser hospitalizados.

Hayat Bulahjal, hermana del activista detenido Badredin Bulahjal, deploró “el grave estado de salud” de su hermano, quien ya ha sido ingresado en el hospital en dos ocasiones.

“Mi hermano se ha desmayado cuando fuimos a visitarle, ha perdido diez kilos últimamente y sufre dolores en el estómago y en el aparato urinario”, lamentó.
Según el abogado Benhamani, hay más de 300 activistas rifeños que están juzgados o aún por juzgar, de los cuales 54 están en Casablanca y el resto, en Alhucemas.

Las protestas de la región del Rif estallaron en octubre de 2016 tras la muerte de un vendedor de pescado aplastado dentro de un camión de basura, lo que llevó desde entonces a un goteo de arrestos.

Los activistas rifeños exigen, además de la liberación de los detenidos, la construcción de una universidad y un hospital oncológico en la provincia marroquí de Alhucemas, así como puestos de trabajo y la “desmilitarización” de la zona.