El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este pasado domingo en una entrevista en El Periódico de Cataluña que las aduanas comerciales de Melilla y Ceuta con Marruecos “están abiertas y funcionan con normalidad”, una afirmación destinada a mostrar avances en las relaciones bilaterales entre España y el reino alauí. La declaración, sin embargo, contrasta con las críticas que formulan los empresarios melillenses, que aseguran que la realidad sobre el terreno dista mucho de esa normalidad proclamada desde Madrid.
En la citada entrevista, Albares subrayó que “las aduanas están abiertas y funcionan con normalidad en Melilla y Ceuta”, insistiendo en que incluso en Ceuta se ha creado por primera vez en la historia una infraestructura aduanera operativa. El jefe de la diplomacia española enmarcó esta operatividad en una fase de relaciones “en su mejor momento”, destacando la cooperación “modélica” en materia policial y judicial con Rabat y el contexto de cooperación migratoria que ambos países mantienen.
Albares defendió la apertura de estas infraestructuras como parte de una agenda más amplia de fortalecimiento diplomático entre España y Marruecos, citando el impacto positivo de la colaboración en distintos ámbitos y subrayando la importancia de la estabilidad en la relación bilateral para el conjunto del país.
Frente a esa visión oficial, Enrique Alcoba, presidente de la CEME-CEOE y como principal portavoz del tejido empresarial melillense, ha expresado en distintas intervenciones públicas un diagnóstico opuesto al del ministro. Para el presidente de la patronal, la aduana no funciona como se afirma desde el Ejecutivo central porque, en la práctica, el tránsito comercial continúa siendo muy limitado.
Alcoba siempre ha criticado que se hable de normalidad cuando, según sostiene, no existe una actividad fluida y continuada que permita a las empresas planificar operaciones con garantías. A su juicio, no basta con que exista formalmente una aduana si no se traduce en un intercambio real de mercancías en condiciones estables.
El dirigente empresarial insiste en que la situación genera incertidumbre entre los operadores económicos de la ciudad. Según ha manifestado, la falta de claridad sobre qué productos pueden cruzar, en qué condiciones y con qué periodicidad impide consolidar relaciones comerciales y recuperar la actividad perdida tras años de cierre y restricciones.
Una visión distinta
Desde la patronal se cuestiona incluso que pueda hablarse de una aduana plenamente operativa en los términos en los que lo plantea el Gobierno. Alcoba sostiene que la reapertura no equivale a una normalización completa del comercio transfronterizo y que la actividad registrada hasta ahora no alcanza el nivel que el tejido empresarial considera necesario para hablar de funcionamiento efectivo.
En este contexto, desde hace más de un año viene reclamando una aduana abierta a todos los sectores y con reglas claras, así como reciprocidad en el intercambio de mercancías. Para la CEME-CEOE, la recuperación económica de Melilla está estrechamente vinculada a que el paso fronterizo permita un flujo comercial estable y previsible.
La diferencia entre las declaraciones de Albares y la posición de la patronal melillense refleja dos enfoques distintos sobre el estado actual de la aduana. Mientras el ministro subraya el hecho de que la infraestructura esté abierta y en funcionamiento dentro del marco de la buena relación bilateral con Marruecos, los empresarios ponen el foco en el volumen real de operaciones y en la seguridad jurídica para desarrollar su actividad.
Albares presenta la situación como un avance consolidado en el proceso de normalización tras años de tensiones diplomáticas. Alcoba, por su parte, insiste en que la normalidad debe medirse por los resultados económicos tangibles y por la capacidad de las empresas para trabajar sin obstáculos ni incertidumbres.
La controversia evidencia que, más allá de la dimensión política y diplomática, la cuestión de la aduana tiene un impacto directo en la economía local. El debate sobre su funcionamiento continúa abierto, con el Gobierno defendiendo la operatividad del paso y la patronal reclamando medidas que, a su entender, permitan hablar de una auténtica normalización comercial.