Jóvenes adultos de hasta 27 años han llegado a ingresar en el centro de La Purísima asegurando ser menores de edad. Así lo afirmó ayer el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, que llegó a indicar que estas personas “están asesoradas por algunas ONG” que les aconsejan que digan que aún no han cumplido los 18 años a la Policía para que sean llevados a estas instalaciones de acogida de la Ciudad. El consejero indicó que cuando un joven asegura ser menor ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y está indocumentado, estos tienen la obligación de llevarlo al centro, donde permanece hasta que se comprueba su verdadera edad.
ONG que asesoran
Ventura lamentó la supuesta actitud de las organizaciones que, según él asesoran a estos mayores y dijo que resulta preocupante que personas de más de 25 años estén conviviendo con menores de edad en el centro.
El consejero de Bienestar Social apuntó que le preocupa “la seguridad” de los niños que residen en el centro y explicó que hasta que no se realizan las pruebas de edad y se confirma que estas personas tienen más de 18 años, tienen que permanecer en las instalaciones.
Niños de la calle
El máximo responsable del área de Bienestar Social consideró que esta forma de proceder demuestra que muchas de las organizaciones que trabajan con los jóvenes que viven en la calle no se preocupan del bienestar de los niños, sino que actúan según sus propios intereses.
Ventura aseveró que si estas ONG estuvieran realmente preocupadas por mejorar la situación de los menores trabajarían mano a mano con la consejería aportando soluciones al problema, como hacen algunas organizaciones.
El consejero recalcó que desde su área siempre se cumple con lo que marca la legislación a la hora de trabajar con los menores, pero dijo que es complicada la gestión con los niños que viven en la calle y que no quieren ser tutelados por la Ciudad. Se calcula que entre 50 y 100 jóvenes están en la vía pública con el objetivo de colarse como polizones en uno de los barcos que van a la península.
El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, anunció ayer que sacarán el contrato de los educadores de calle como un procedimiento de “emergencia social” para aligerar los plazos. Ventura indicó que mediante un informe demostrarán la necesidad de contar con este servicio y confía en que así la tramitación del contrato se haga en unos tres meses, en lugar de los más de seis meses que serían necesarios en un procedimiento normal. El consejero recalcó que hace falta que estos educadores estén en la calle cuanto antes para trabajar con los niños y también para actuar como mediadores entre estos menores y el resto de ciudadanos. Asimismo, el responsable de Bienestar Social recordó que antes de que este contrato esté listo, se incorporarán a este trabajo un primer grupo de educadores que estarán durante un mes y medio trabajando, a través de un contrato menor que requiere una tramitación más sencilla. Ventura dijo que ayer mismo invitaron a varias empresas a participar en este proceso de adjudicación y que antes del día 10 de este mes los educadores estarán realizando su labor con los menores. Confía en que este nuevo programa de intervención sirva para mejorar la situación actual.
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